miércoles, diciembre 2, 2020
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Empresarios y agentes estatales hondureños orquestaron asesinato de Berta Cáceres

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

(Spútnik) El asesinato de la dirigente ambientalista hondureña Berta Cáceres en marzo de 2016 fue un plan orquestado por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), agentes del Estado y sicarios, dijeron investigadores independientes en un informe.

El crimen ejecutado el 2 de marzo del año pasado, con un intento adicional de asesinato del activista mexicano Gustavo Castro Soto, que dormía en la casa de Cáceres en el sur de Honduras, «respondió, como mínimo, a un plan concebido, por altos directivos de DESA, al menos desde el mes de noviembre de 2015, habiéndose delegado en uno de los procesados la ejecución del operativo y la articulación con agentes estatales y no estatales para lograrlo», indica una de las 12 conclusiones del documento de 92 páginas.

El crimen fue consecuencia directa de la oposición organizada al Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, para defender el entorno de comunidades indígenas lencas que lideraba Cáceres, galardonada en 2015 con el Premio Medioambiental Goldman, máximo reconocimiento mundial para ecologistas, señala el reporte del independiente Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE).

«La prueba existente es concluyente respecto de la participación de numerosos agentes estatales, altos directivos y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores, así como en la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto», concluye el grupo internacional, entre las páginas 45 y 47.

Sin embargo, «el Ministerio Público no ha realizado imputaciones respecto de estas personas. Adicionalmente, existe prueba que demuestra la comisión de otros delitos que no han sido investigados», como el crimen perpetrado en la comunidad lenca de La Esperanza del departamento de Intibucá, occidente de Honduras.

El documento «Represa de violencia: El plan que asesinó a Berta Cáceres», fundadora en 1993 del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), es resultado del análisis de la información, registros de llamadas telefónicas y testimonios recogidos por el grupo independiente creado en noviembre de 2016, para desmontar «hipótesis que carecen de fundamento», construidas por agentes estatales hondureños a cargo de la investigación oficial.

Los familiares de Cáceres y su organización solicitaron una investigación independiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas y otras instancias nacionales e internacionales.

«Sin embargo, (ese reclamo) jamás tuvo eco al interior del Estado hondureño», lo que impidió la ayuda internacional oficial, dice el informe.

Ante esa negativa, la familia y el COPINH, acompañados por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, conformaron el GAIPE.

Este grupo está integrado por el jurista y profesor Dan Saxon, la académica y abogada de derechos humanos Roxanna Altholz, ambos de EEUU, el experto en reformas judiciales guatemalteco Miguel Ángel Urbina, y los colombianos Jorge Molano, abogado especializado en derechos humanos, y Liliana Uribe Tirado, doctorada en sociología.

Ese equipo realizó cuatro viajes a Honduras, entrevistó a más de 30 personas, estudió diversos informes de organismos internacionales de derechos humanos, y consultó 10 procesos penales por denuncias del COPINH y otras acciones legales.

Entre los temas analizados se destacan la inseguridad de las personas defensoras de derechos humanos, el otorgamiento de beneficios ilegales e ilegítimos a DESA y la estrategia implementada por la empresa para la construcción del Proyecto Agua Zarca.

El informe también analiza la colusión de la empresa con las fuerzas de seguridad del Estado, la estrategia gerencial para «controlar, neutralizar y atacar a Berta Cáceres, y la incidencia para propiciar la impunidad de personas afines» a los empresarios.

Las críticas a la investigación penal señalan «la falta de debida diligencia y secreto» del proceso.

Se objeta también que la política de explotación de recursos naturales en Honduras, que atenta contra los derechos del pueblo originario lenca, es «impulsada por el Gobierno en alianza con el sistema financiero y empresas nacionales e internacionales».

El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, incumplió un compromiso firmado en 2011 con las organizaciones en las que participaba Cáceres, de «no autorizar la construcción de represas en las comunidades lencas sin la realización de las consultas libres, previas e informadas», dice el informe.

El otorgamiento de las concesiones y otros beneficios para la explotación del Río Gualcarque «fue producto, según las palabras de los directivos de la empresa, de influencias y conexiones políticas de los directivos y accionistas de DESA».

La empresa «coordinó y subordinó a las fuerzas de seguridad del Estado» para realizar acciones de «control, neutralización y erradicación de cualquier oposición» a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca.

Desde 2012, las campañas contra las comunidades incluyeron «infiltración, seguimientos, amenazas, sicariato, sabotaje de equipo de comunicaciones, cooptación de operadores de justicia y fuerzas de seguridad, fortalecimiento de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado para ejecutar ataques sistemáticos en contra de quienes se oponían al proyecto», dice el informe del GAIPE.

Ocho personas están arrestadas y acusadas de autoría material del asesinato, tras serles decomisada por las autoridades el arma homicida.

Cáceres y Castro Soto preparaban una reunión del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, para proteger los ríos Blanco y Gualcarque, en una rica reserva de recursos naturales habitada por comunidades autóctonas hondureñas, blanco de un gran proyecto hidroeléctrico y minero.

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