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En algún momento el gobierno deberá rendir cuentas por tanto abuso: Raúl Pineda

TEGUCIGALPA, HONDURAS  

“La Constitución establece que nadie puede ser privado de su patrimonio sin una sentencia fundamentada en ley”, explico el analista político Raúl Pineda Alvarado mientras señalaba que por los atropellos que comete la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), se “vive al borde de la selva” y se pone en precario la seguridad jurídica en un Estado.

Al ser consultado sobre el actuar de los “incautadores”, Pineda explicó que para evitar los atropellos, solo se necesita que con una sentencia ejecutoriada, se realice una inscripción en el Registro de la Propiedad para prohibir las transferencias  del inmueble.

“Aquí se han dado casos vergonzosos, a la hora de realizar el aseguramiento hasta la ropa interior o joyas de las damas que viven en esas casas han sido objetos de pérdidas, entran sujetos sin identificarse sacan a todo mundo sin ningún tipo de lógica y humanidad”, declaró.

Para el analista, “la actitud arbitraria” que deprava al “operador de justicia”—al generar temor violentando los derechos humanos—, surge porque la ley aplicada es “una mala copia” a lo que se hizo en Colombia donde se vivía algo distinto a Honduras.

Enfatizó que nadie puede ser expulsado de su casa solo por “sospechas” o porque a un funcionario se le ocurre que alguien tiene bienes ligados con la comisión de un supuesto acto ilícito ya que un aseguramiento solo es una medida cautelar para dejar disponible algo tras la resolución de un juzgado de privación de dominio.

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