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En nombre de la pobreza diputados del Congreso 2006-2010 recibieron 2 mil 500 millones

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Los 128 parlamentarios del Congreso 2006-2010 recibieron por el denominado Fondo social de planificación departamental unos dos mil 558 millones 204 mil 016 lempiras, siendo aprobado por el expresidente de la cámara, Roberto Micheletti y avalado por el entonces titular del Ejecutivo liberal Manuel Zelaya, cuyo uso no pudo ser auditado en su totalidad y se convirtió en corrupción.

La justificación para que los congresistas pudieran acceder a los recursos destinados, supuestamente, para ayudas en los 18 departamentos de Honduras fue para «ejecutar los proyectos que se encuentren enmarcados en el Plan de Ordenamiento Territorial de todos y cada uno de los mismos, incluyendo dentro la formulación de los propios planes así como programas y proyectos sociales de fortalecimiento institucional».

Y los proyectos, según la justificación, «deberán ajustarse a las prioridades y planes de financiamiento elegibles de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP)».

Los decretos 195-2006, 80-2006, 77-2007 y 27-2008 abrieron las arcas estatales para que los parlamentarios gastaran a manos llenas el dinero que se les asignó y no existió una justificación que indicara el gasto en que incurrieron, las obras que ejecutaron y la respectiva gestión por resultados que se aplicó en el mandato de Zelaya, pero que jamás llegó al Congreso dominado por el transportista que en junio de 2009 dio un cruento golpe de Estado y la coyuntura fue aprovechada para no rendir cuentas.

A partir de la creación del fondo departamental los partidos que resultaron beneficiados -según una estimación- fueron el Liberal ya se le asignó 466 millones 434 mil 795 lempiras con 28 centavos; el Partido Nacional se llevó la modesta cantidad de 76 millones 673 mil; la Democracia Cristiana se agenció de 14 millones; el socialdemócrata Pinu ocho millones y la Unificación Democrática accedió a 5.1 millones. En este renglón, hubo un gasto total de 570 millones 207 mil 795 lempiras con 28 centavos.

Otra estimación -según datos disponibles- demuestra que Francisco Morazán fue el departamento que recibió grandes «beneficios». En total, obtuvo por asistencia del Congreso 291 millones 661 mil 618 lempiras; Cortés se quedó con 51 millones 067 mil 500 lempiras y Yoro (de donde es originario Micheletti) con 92 millones 329 mil 499 lempiras, siendo una de las zonas que obtuvo mayores sumas de dinero pero sin muchos resultados, pues el desarrollo jamás llegó y la pobreza sigue reinando.

Otros departamentos como Santa Bárbara, Choluteca, Valle, Intibucá, Copán, Lempira y Atlántida obtuvieron sumas que oscilan entre los tres y 30 millones de lempiras; la zona de donde es originario el actual presidente Juan Orlando Hernández recibió unos 30 millones 692 mil lempiras y su respectivo uso jamás pudo ser verificado ya que el Congreso impuso tortuosos sistemas de acceso a la información y logró que la impunidad primara a fin de evitar futura persecución penal.

Este extremo demuestra, por buen sentido, que los partidos que lograr tener control del Legislativo son los mayores beneficiados; en los dos últimos gobiernos, el Partido Nacional ha nadado en dinero aportado al fondo.

Al respecto, la Fundación Democracia sin Fronteras (Fdsf) explicó en un informe divulgado en 2009 que «la normativa para la asignación, regulación, supervisión o auditoría de estos fondos es insuficiente, discrecional e inequitativa. Los entes contralores de estos fondos no han definido criterios ni mecanismos de control específicos y puntuales para abordar la revisión de la ejecución de estos fondos asignados por esta vía”.

«Existen altos niveles de discrecionalidad y de conflicto de intereses, ya que el Congreso Nacional es el que aprueba los montos, crea la normativa legal, emite la reglamentación, define la distribución, es el gestor de los proyectos, identifica a los beneficiarios, elige a los ejecutores y en algunos casos, también es el ejecutor», señaló el organismo que ha venido monitoreando la función legislativa.

Estos fondos fueron transferidos por la Secretaría de Finanzas, según el artículo 85 del decreto 195-2006; pero este organismo tampoco recibió una explicación de cómo se usó el dinero que recibió cada uno de los 128 diputados de aquella época. Varias oenegés como el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh) fueron víctimas de la conducta dictatorial de Micheletti, pues este amenazó con demandar «por haber revelado en su balance legislativo, que las bancadas del Congreso Nacional durante 2008 se repartieron unos 147 millones de lempiras».

Según el informe de Ciprodeh, «la bancada liberal recibió 50 millones de lempiras, 20 millones la bancada nacionalista, cuatro millones la Democracia Cristiana, dos millones el Pinu y un millón de lempiras la UD. Los diputados que más gestionaron subsidios fueron el liberal Marco Antonio Andino, el nacionalista Juan Orlando Hernández, el democristiano Ramón Velásquez Názar, el pinuista Toribio Aguilera y la udeísta Silvia Ayala».

El exjefe anticorrupción Juan Jiménez Mayor reveló en enero anterior -en en contexto del caso Red de diputados- que a través del trabajo de inteligencia pudieron ubicar varias oficinas privadas donde se elaboraban facturas y documentación soporte para justificar cuantiosos gastos que habrían hecho los legisladores que están siendo investigados por presunta corrupción.

“El dinero venía del Estado a través de la Secretaría de Finanzas. Se aprobaba un proyecto por el Ejecutivo para una oenegé y descubrimos una red de colaboradores que ayudaban a los diputados para poder venderles los proyectos; pero no eran planes, sino ofrecimiento de dinero para poder hacer la ‘gestión’ correspondiente”, explicó el extitular de la MACCIH.

Las Organizaciones no Gubernamentales, añadió, no pueden “usar políticamente” los recursos estatales y los diputados “tampoco pueden hacerlo. ¿Qué hacen? El dinero proviene de Finanzas, pasa a la oenegé –previo al proyecto– y esta debería usar los fondos y ejecutar los proyectos, pero desvían los recursos pagando a los diputados, en muchos casos, a través de cheques a su nombre”.

Jiménez aseguró que pudieron identificar una “ruta establecida del dinero”, por lo que aseguraron los documentos a fin de demostrar cómo se construían evidencias sólidas para determinar que los fondos eran correctamente utilizados.

Ni el expresidente Manuel Zelaya ni el dictador Roberto Micheletti han dado una explicación sobre cómo fueron utilizados los recursos procedentes del fondo departamental que fueron creados en ese mandato.

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