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En Perú, destituyen a fiscal por sospechas de corrupción, y ¿en Honduras cuándo

Por : Juan Alfaro Posadas 

Un prominente fiscal peruano que fue vinculado a una red de corrupción mientras era fiscal general en 2018, fue destituido este lunes y deberá enfrentar a la justicia, informaron las autoridades.
Pedro Chávarry, de 69 años, fue apartado de su cargo de “fiscal supremo” (integrante de la cúpula colegiada de la Fiscalía Nacional) por el órgano que supervisa la conducta de los magistrados peruanos.
“Por unanimidad la Junta Nacional de Justicia destituye a Pedro Chávarry”, pues “determinó que se había cometido falta ética grave durante su período como Fiscal de la Nación”, anunció el Ministerio Público en Twitter.
Chávarry había renunciado al cargo de fiscal general el 8 de enero de 2019 en medio de cuestionamientos, pero todavía se aferraba al puesto de “fiscal supremo”, que le daba inmunidad.
El jurista ya había quedado en entredicho días antes de asumir como fiscal general, el 20 de julio de 2018, por un escándalo de tráfico de influencias y venta de sentencias, pero se negó a dar un paso al costado.
Traemos a colación el caso de la destitución de un fiscal en Perú, por sospechas de corrupción, porque en nuestro país se ha reportado un rosario de actos reñidos con la ley, la ética, moral y buenas costumbres en los últimos doce años, sin que hasta el momento se haya podido “freír a un tan sólo pez gordo”.
En Honduras, el ciudadano que usurpa la Presidencia, Juan Orlando Hernández Alvarado (JOHA), ha cometido y sigue cometiendo actos de corrupción, sin que la fiscalía general pueda investigarlo. Este señor, navega con bandera de honestidad y de lucha en pro de los más necesitados, pero se ha enriquecido de la noche a la mañana y se le vincula con el narcotráfico internacional. De tal suerte, que la Fiscalía del Sur de Nueva York, lo califica como co conspirador (CC-4), en perjuicio de Estados Unidos.
A pesar de ello, se mantiene en la impunidad. Es un hombre intocable que usurpa la Presidencia, violentando la Constitución de la República y las leyes, bajo la protección directa de los militares, de la Embajada estadounidense en Tegucigalpa y de la oligarquía nacional, corrupta y sanguinaria.
Pero no sólo JOHA es corrupto, también lo son más de sesenta diputados al Congreso Nacional, como muy bien lo denunció en su momento la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih), bajo la dirección del peruano Juan Jiménez Mayor.
Nuestro país está podrido, pues emana pus de cualquier institución que pinchemos. El propio fiscal general, Oscar Fernando Chinchilla, que protege a JOHA, a congresistas, secretarios de Estado, jefes militares y policiales, lo mismo que a prominentes empresarios, se quedó en ese cargo, violentando la ley primaria de la nación y la propia norma del Ministerio Público.
Por algo, Transparencia Internacional (TI) ubicó a Honduras recientemente en la posición número 24 de percepción de corrupción en el mundo, de una lista de 180 países.
La propia Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York afirmó que Honduras es un narco Estado, donde sus instituciones han sido coptadas por el narcotráfico y el crimen organizado. En consecuencia, estamos muy lejos de revertir esa cruda y nefasta realidad. Una mafia se ha adueñado del país y lo mantiene secuestrado.
Solamente el pueblo unido y muy bien organizado podría dar al traste con toda la estructura de poder, para refundar la nación, haciendo acopio del artículo 3 de nuestra ley fundamental, que nos da el derecho a la insurrección y a no obedecer a un gobierno ilegal e inconstitucional, que se sostiene por las armas, atropellando el ordenamiento jurídico del país.
Perú, que es un país tercermundista de América Latina nos demuestra que está sumida en la corrupción, pero que sus instituciones públicas sí funcionan, haciéndole frente a ese flagelo, como ha quedado demostrado con la destitución y enjuiciamiento del fiscal Pedro Chávarry, aparte de los requerimientos que se le han hecho a ex presidentes como: Ollanta Humala, Alan García, Alejandro Toledo, Alberto Fujimori y a la ex aspirante presidencial, Keiko Fujimori, entre otros.
Aquí cerca, en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá se ha encarcelado y condenado a ex gobernantes, pero en nuestro país eso es un sueño; los grandes delincuentes siguen burlándose de la población. Abrigamos esperanzas porque el primero en ser enjuiciado, sea Juan Orlando Hernández Alvarado, aunque fuese en las cortes de la nación del norte, porque en nuestra Patria estamos en ayunas de que se le dé a cada ciudadano (a) lo que le corresponda o pertenezca: Que haya justicia..!

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