HomeNacional«Esta es la clara expresión de un sistema dictatorial que se consolida»: defensores de DDHH alertan sobre reducción de edad punible

«Esta es la clara expresión de un sistema dictatorial que se consolida»: defensores de DDHH alertan sobre reducción de edad punible

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La reducción de la edad punible es una imposición de la agenda del gobierno de Honduras para introducir miedo en la población sobre los crímenes y delitos cometidos por menores de edad a fin que la ciudadanía exija que se les castigue sin importar la violación de garantías constitucionales.

En conversación con el programa Interpretando la noticia de Radio Globo, los defensores de derechos humanos, Wilfredo Méndez y Laura Rey y el dirigente magisterial Elías Muñoz alertaron la escalada del régimen de Juan Hernández para proseguir con la violación de derechos humanos y recrudecer la represión sobre este segmento de la sociedad.

«Vemos que el gobieno sigue marcando agenda y eso es lo que nos molesta. ¿Qué hay detrás de todo esto? El gobierno no está preocupado por la seguridad, ni por la juventud; si estuvieran preocupados por la juventud dirían que acá hay un problema y qué hacer para que los jóvenes en las maras y pandillas», cuestionó.

Méndez ejemplificó el control de la violencia en Nicaragua, pues allá la institucionalidad se preocupa por el cuidado de la juventud, mientras que en Honduras «hay una consigna de militarizar todo y meter a la cárcel a todos sin hacer propuestas. Hay que hacer todoa una acción para prevenir la violencia».

«Hay una agenda para reducir la edad punible y echarle la culpa a los partidos de oposición porque no quisieron y por eso el fracaso de la seguridad. Cuando esucucho la reducción de la edad punible, me pongo a pensar que muy pronto juzgarán a los niños de ocho años», expresó.

En tanto, la representante de la red de protección de la niñez Coiproden, explicó que un menor de 12 años es sujeto al sistema penal, pues es sometido a todas las instancias judiciales y «lo que dice la ley y la Constitución es que deben ser juzgados de manera especial y con medidas de rehabilitación y no estamos hablando que los menores de 18 no están siendo juzgados, claro que son juzgados y hay más de 400 jóvenes en cuatro centros de detención en el país».

Lamentó el mal manejo de los centros carcelarios para menores y Coiproden ha efectuado denuncias locales e internacionales ante las condiciones que son privados de libertad quienes cometen delitos, «no son centros de donde los niños salen reeducados, más bien esas cárceles son escuelas del crimen y cuando salen libres, cometen más delitos.

«No hay una impunidad, los menores están siendo juzgados y lo que estamos viendo es que si hay una imputabilidad en los menores de 18 años, lo que busca el gobierno es juzgarlos como adultos y enviarlos a cárceles para mayores. ¿Qué pasará? Que habrá masivas violaciones a los derechos de los jóvenes y pasarán a compartir celdas con adultos», alertó.

Por su parte, Varela, quien es presidente de un colegio magisterial, señaló que el hecho de bajar la edad para juzgar a menores de edad -desde su experiencia como docente-, «es como decirle a un niño que no tendrá recreo a un niño, siente un golpe, y quedarse en un aula es una cárcel; para un niño que está desarrollando su mente y que todavía no tiene una concepción del mundo».

Todavía no logra comprender el tipo de gobierno que opera en Honduras ya que «a veces nos preguntamos cuál es el liderazgo moral que ellos tienen para ir a enjuiciar a un inocente, alguien que no tiene la capacidad para planificar un delito. Lo que quieren es meter a ‘el Pozo’ o a esas cárceles que están construyendo a los menores de edad y que nunca salgan o que sean liberados cuando sean adultos y qué formación tendrán ellos».

En ningún momento, aclaró Méndez, se pretende pasar por alto el tema de la violencia, «pero es incomprensible que este gobierno no pueda atender estos centros especiales para menores donde no hay más de 500 niños y que la atención que se ve ahí es imposible, cuando uno ingresa a esos lugares, puede darse cuenta que no hay mecanismos de rehabilitación para los menores de edad y el hecho de no tener todas las previsiones de las infracciones cometidas».

Aseguró que no son las autoridades las que controlan los centros de internamiento, sino los privados de libertad, y «todo el tema psicológico de cómo crecen los menores, esclavizados a las maras y bandas criminales que hay en los centros penales. Esclavizados por otras estructuras y pierden su personalidad, porque son mandados a matar o a cobrar renta».

El defensor de DDHH aseguró tener relatos de madres que deben enviar hasta dos mil lempiras y más a la cárcel para evitar que sus hijos sean asesinados. «Ese es el tipo de centro penitenciario que tenemos», afirmó.

 

 

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