Estrategia perversa

(Por Edmundo Orellana) Ganar tiempo para fortalecer la institucionalidad sobre la que se erige la dictadura es la estrategia del gobierno. Como carece de la legitimidad que solamente concede la voluntad popular, se apoya, como única opción, en la legalidad formal que le confiere esa institucionalidad que controla férreamente.

El reconocimiento del gobierno no fue un proceso pacífico. La comunidad internacional lo reconoció a cuenta gotas porque, además de que se violó groseramente la Constitución con la reelección, fue evidente el fraude electoral. Las comunicaciones oficiales que reconocían el gobierno recomendaban a las nuevas autoridades iniciar un diálogo con la oposición política, abrumadoramente mayoritaria en votos. Recomendación que, por inusual en estos casos y por los masivos cuestionamientos de los resultados electorales, habrá que interpretar como una invitación a legitimar el gobierno por esta vía.

Ese diálogo nunca estuvo en la agenda del gobernante, pese a las reiteradas referencias al mismo. Sin embargo, alimentó la idea de llevarlo a cabo para ganar tiempo y consolidarse, temiendo el caos que preludiaban las manifestaciones multitudinarias de protesta por el fraude electoral y la violencia que se extendía a todo el territorio nacional.

En todo caso, la agenda del diálogo es resolver los problemas provocados por el fraude electoral y la inconstitucional reelección, cuya responsabilidad recae exclusivamente en el gobernante. La oposición, de buena fe y considerando que es la única opción racional para superar la crisis política, participa, animada por el deseo de encontrar, efectivamente, derroteros para solucionar los problemas derivados de esa crisis.

En el tema de las violaciones a los derechos humanos por la represión postelectoral, la solución no será fácil porque consiste en identificar, entregar y juzgar a los responsables de esos delitos, es decir, a los uniformados, que ejecutaron, y a los civiles, que ordenaron.

Los problemas políticos, en cambio, se resuelven fácilmente. Acudiendo al expediente de decretar amnistía -como lo hicieron para lavar los pecadillos del golpe del 2009- solucionan la violación sistemática a la Constitución y a la legislación electoral. Para evitar que ocurran de nuevo y fortalecer el régimen democrático, habrá quien piense, sinceramente, que con reformar la Constitución y la legislación electoral será suficiente. Sin embargo, si se detienen a ahondar en el tema, descubrirán que la mayoría de las propuestas, hasta ahora formuladas, implican reformas constitucionales en los artículos denominados “pétreos”.

En otras palabras, que los acuerdos del diálogo que entrañen reformas de este tipo necesariamente deben someterse a plebiscito, único medio admisible para reformar esos artículos.

Estos procesos plebiscitarios son enmarañados porque los políticos, en su afán de burlarse de la voluntad popular, construyeron verdaderos laberintos para estas consultas. Deben, en consecuencia, superar todos los requisitos y procedimientos previstos para culminarlos. Estos procesos requerirán de meses para su culminación.

En este contexto, no debe ignorarse la inevitable participación del actual TSE en ese proceso plebiscitario. Ahora bien, ¿quién confiaría a este TSE la conducción de estas consultas populares? Estoy seguro de que ni el propio gobernante, porque ya no sabe si sus integrantes le profesan fidelidad o ya se fueron con los del otro lado del partido (todo indica que es un infierno el interior del PN). Avanzar por esta vía de la consulta popular exige, de previo, reformular las reglas e integración del TSE, lo que no bastaría, sin embargo, porque de seguir las actuales reglas del proceso electoral se continuaría propiciando el fraude. ¿Cuánto tiempo requiere esta reforma legislativa?

Luego de la consulta debe procederse a la reforma constitucional cuyo procedimiento de aprobación y ratificación es ineludible. El plebiscito no culminará este año, sin duda. Eso significa que, siendo optimista, la reforma constitucional se aprobará el próximo año (2019) y la ratificación será el siguiente (2020), apenas a meses de finalizar este gobierno.

Lo anterior se complica porque la mayoría, sino todas, las reformas se harán en el Legislativo y en este tiene una presencia significativa el gran ausente en el diálogo, Libre. Sin este, ¿cómo se aprobarán los plebiscitos? ¿Cómo se aprobarán estas reformas?

Por eso el gobierno apuesta a ganar tiempo retrasando el diálogo. Lo hizo con los preparativos y ahora se apresta a retrasarlo en los debates, seguramente. Los pronósticos, por consiguiente, no son alentadores.

Habrá consecuencias para todos. Para los que participan y para los que se niegan a participar. Consecuencias negativas se repartirán entre todos; más serán para el PN porque suya es la responsabilidad de la crisis y de los intentos de sabotear el diálogo, estrategia perversa que puede adivinarse en los remilgos últimos para retrasarlo.

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