Exobispo capitalino jamás justificó en qué gastó 30 millones que le dio el Tasón

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

(Primera parte) Los privilegios que tuvo el exobispo auxiliar capitalino Juan José Pineda le permitieron acceder a fuertes sumas de dinero del Fondo de Seguridad Poblacional, más conocido como Tasón que los destinó a supuestas obras que jamás fueron auditados y cuyos resultados nadie conoce.

De hecho, el religioso pidió en 2012 alrededor de 60 millones 645 mil 280 lempiras, que debían ser pagados en dos tramos; el Comité Técnico del Fideicomiso del Tasón le autorizó 30 millones 835 mil 190 lempiras, el cual fue depositado en una cuenta del Banco de América Central (BAC), pero fueron liquidados con excesivas reservas.

Este periódico pudo encontrar información sobre la entrega del dinero y su administración a través del fideicomiso en BAC, a través de las cuentas 9143341102 (en lempiras) y 9143341101 (en dólares), que comenzó a tener vigencia desde septiembre de 2013 cuando fueron depositados 10 millones de lempiras; el 22 de octubre de ese año fueron transferidos cinco millones 835 mil 190 lempiras a través de un certificado de depósito.

El gobierno, a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, ordenó al Tasón que los otros 15 millones fueran entregados directamente a la Arquidiócesis de Tegucigalpa como “unidad ejecutora”, por lo que Pineda tuvo en sus manos durante ese periodo más de 30 millones que al cierre de esta primera entrega no han sido justificados.

Y es que la poderosa instancia gubernamental, de la que depende el Fondo de Seguridad, argumentó en su decreto que era para “apoyar” alrededor de 20 proyectos “con el fin de dar mantenimiento a obras de educación, salud, protección social, comunicación y dotar de materiales didácticos médicos para el beneficio de los más pobres” y cuyo alcance sería a “siete millones de personas”. El decreto contempla que la suma de dinero otorgada al religioso sería en concepto de inversión, “a petición de la Secretaría de Seguridad”.

La orden fue dada por el entonces presidente Porfirio Lobo, el titular del Poder Judicial, Jorge Rivera Avilés, el fiscal general Luis Rubí, el secretario de Defensa Marlon Pascua y también fue firmado por el entonces secretario ejecutivo Julián Pacheco, actual titular de Seguridad; no obstante, no fue rubricado por su antecesor Pompeyo Bonilla ni por el actual gobernante Juan Orlando Hernández, de acuerdo al decreto que tiene en sus manos ConfidencialHN. Sin embargo, en la justificación del plan, jamás se explicó cómo sería la ejecución presupuestaria, quiénes serían los beneficiarios, las zonas geográficas a atender y los indicadores de resultados que estas pudieran tener, según las normas de formulación y ejecución de proyectos.

Es más, tuvo que explicar de manera pormenorizada en qué basaba su petición de dinero, los motivos, propósitos y qué logros alcanzaría con el mismo. Una fuente muy confiable y que pidió el anonimato reveló que su compañero de sotana apenas entregó un álbum fotográfico al organismo, como suerte de justificación para evadir cualquier duda o interrogante del destino que tuvieron los fondos que se le confirieron.  Las consultas efectuadas en esta investigación concluyen que el exobispo usó sus contactos a escala gubernamental para no verse asediado por auditores que le exigieran documentación soporte de las obras que hubiese efectuado.

Conocedores del tema explicaron a este periódico que el proyecto debió tener más datos que dieran validez a la transferencia monetaria y con sus respectivos controles para evitar malos entendidos; uno de los indicadores de los proyectos que realizó el religioso es que no son visibles. Al cierre de esta edición, no hay referencias de que el dinero haya sido destinado a escuelas, colegios y universidades católicas, proyectos de movilidad humana y recepción de migrantes retornados a través de las hemanas scalibrinianas o los que suele realizar la pastoral social Cáritas.

Resulta que la iglesia católica, no tiene por costumbre realizar rendición de cuentas, como ordena la Ley de transparencia y acceso a la información pública, ya que es una “institución obligada” por lo que debería tener actualizados sus registros de recepción de dinero. Ni el arzobispado, ni ninguna otra entidad tiene un portal u oficial de información que dé explicaciones sobre el paradero de los más de 30 millones que transfirió el Comité a Pineda.

A pesar de que el actual gobierno denegó un segundo desembolso de 30 millones, el exobispo usó sus “buenos oficios” para convencer a colaboradores de Hernández para que le entregaran el dinero. No obstante, este periódico pudo conocer que hubo recelo de varios funcionarios para entregarle la otra parte, la cual terminó siendo denegada porque nunca se entregaron facturas, contratos, recibos y todos aquellos que pudieran explicar en qué se gastaron los recursos procedentes del público.

Algunos documentos constatan de que el otrora prelado no pudo detallar cómo usó cada lempira que le dio el Ejecutivo a través del Tasón y que le hizo fracasar en su segundo intento de acceder a beneficios para sus proyectos institucionales a fin de “formar valores” y otras que jamás fueron publicitadas, dado el hecho de que la iglesia católica cuenta con un poderoso aparato mediático que le realiza las coberturas sobre sus actividades rutinarias.  Esta entrega de dinero ocurrió -llanamente- porque los representantes del Comité y del Consejo de Defensa “confiaron” en la honestidad del otrora íntimo colaborador del cardenal Óscar Andrés Rodríguez y que los ámbitos a cubrir no implicarían una intensa auditoría.

Pineda actuó al margen de la Conferencia Episcopal de Honduras -máximo organismo de decisión de la iglesia-, pues ninguno de sus miembros tuvo conocimiento sobre el otorgamiento de dinero estatal, excepto Rodríguez, quien firmó el documento del fideicomiso para la administración de los 15.8 millones que el Comité trasladó a las cuentas operadas en lempiras y dólares. 

El proyecto que realizó Pineda en aquella ocasión, de acuerdo a los documentos publicados por ConfidencialHN se llama Prevención y formación – Continuación de proyectos institucionales en el que justifica “formar en valores” a la feligresía y una “comprensión de las leyes y la vida social”.

“Queremos dejar constancia, desde el inicio, que los fondos solicitados y presentados por este proyecto cubren, en la mayoría de los casos, solamente el 40 por ciento o menos del costo total de las obras que realizamos. Los proyectos presentados en este documento no suman ni siquiera el uno por ciento de los proyectos que nuestra institución lleva a cabo en el país”, explicó Pineda en su proyecto que fue presentado ante el Tasón.

El documento posee graves deficiencias, entre ellas, que no existe una referencia geográfica donde se ejecutarían las obras, sin que se determine quiénes serán los responsables o las entidades que administrarán el dinero en beneficio de los más necesitados. Tampoco hay una estructura organizacional, cada dato está difuso, sin precisar motivos ni características; no hay perfiles del personal a colaborar con la obra, los puestos y salarios a devengar durante la vigencia del proyecto.

Asimismo, no hay una definición clara de los recursos disponibles, estudios socioeconómicos por cada subproyecto, claves contables que permitan ubicar el destino de los fondos, inversiones, costes y los respectivos beneficiarios. En concreto, Pineda se limita a decir en un oficio girado a la directora del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), Soledad de Ramírez, que “siete millones de hondureños se beneficiarán directa e indirectamente”.

De hecho, en la nota enviada a Ramírez, el religioso le comentó que la petición de fondos se basa en los proyectos que realizan y que “se trata solamente de cerca del uno por ciento de los proyectos que tenemos en todo el país. Son muchos más, más de los que muchos se pueden imaginar, los proyectos de formación, prevención, etcétera”.

Los resultados de ese proyecto terminan siendo cuestionables, ya que a la fecha no hay un finiquito extendido a favor de la iglesia católica que permita zanjar cualquier controversia surgida en torno a la entrega directa y mediante fideicomiso del dinero entregado. En últimas líneas, el dinero fue invisibilizado y a la fecha de publicación de esta investigación, las autoridades eclesiásticas, en particular, Pineda, no ha podido justificar con documentos fehacientes dónde invirtió o gastó el dinero concedido por el Tasón. 

Un informe de carácter confidencial señala al exobispo de haber incurrido en irregularidades, por lo que podría ser requerido por la justicia por lavado de dinero, malversación de caudales, fraude y uso de documentos falsos, los cuales podrían llevarlo a prisión, de acuerdo con la legislación penal vigente.

En su momento, Pineda se defendió de los señalamientos al asegurar que no sabía de qué se lo acusaba. “No sé de qué se trata. Son cosas que trata la iglesia que siempre ha trabajado con los gobiernos y las cosas están en orden”.

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