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Extitular de Seguridad de México rechaza declararse culpable de narcotráfico en EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO

(Sputnik) El exsecretario federal de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, se negó a declararse culpable en una audiencia en Nueva York (EEUU, noreste) para colaborar con la justicia de EEUU, donde está detenido desde diciembre, acusado de vínculos con el narcotráfico.

«Siempre podemos discutir la disposición de negociar, pero en este punto no hay una declaración de culpabilidad», dijo el abogado del exfucionario, César de Castro.

Tres cargos que pesan sobre el exfuncionario están relacionados con narcotráfico y otro es por mentir a las autoridades estadounidenses al solicitar su naturalización en EEUU, sin embrago aún no piensa negociar con los fiscales.

En la misma corte donde fue procesado el narcotraficante mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán, la defensa dijo que García Luna ha estado en condición de aislamiento desde el 10 de diciembre pasado, en la cárcel de alta seguridad de Manhattan, Nueva York.

La defensa indicó que «ahora es que va a comenzar a tener acceso a su familia».

El exjefe de seguridad de la administración del expresidente Felipe Calderón (2008-2012) aceptó la designación de su caso como «complejo», con lo cual su defensa y la fiscalía tendrán más tiempo para preparar sus argumentos y evidencias.

El juez Bryant Cogen otorgó 30 días a los fiscales para suministrar las pruebas que han sido anunciadas como «voluminosas, electrónicas y migratorias».

La defensa descarta la posibilidad de un acuerdo de culpabilidad con el Gobierno de EEUU y decidió avanzar a un juicio a presentar y exigir pruebas.

La próxima audiencia se celebrará el 2 de abril para definir si logra derecho a fianza.

El funcionario fue detenido el 9 de diciembre en el sureño estado de Texas, EEUU, acusado de corrupción y vínculos con el Cartel de Sinaloa, fundado por «El Chapo» Guzmán, quien purga una condena de cadena perpetua en ese país.

La acusación indica que García Luna recibió maletas con tres y cinco millones de dólares como sobornos, y que fue investigado desde que se instaló en Florida, EEUU, en 2012.

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