HomeNacionalExtorsión y reeleccionismo: ¿fracasó Juan Orlando Hernández en el combate a la extrema violencia y criminalidad?

Extorsión y reeleccionismo: ¿fracasó Juan Orlando Hernández en el combate a la extrema violencia y criminalidad?

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El gobierno de Honduras fracasó en políticas de seguridad al no poder combatir la extorsión que llegó al estudiantado de la Universidad del Valle de Sula (UNAH-VS) y ha provocado el  cierre de operaciones de varias empresas de transporte de alumnos.

Al respecto, el analista Ramón Barrios, dijo a periodistas que el crimen organizado ha tocado las puertas de las organizaciones estudiantiles; el hecho que el crimen vaya por el dinero de los educandos y reafirma la ineptitud del régimen orlandista por detener el peligroso flagelo que ha dejado grandes bajas en otros rubros.

Esos extremos, explica Barrios, representa un peligro no sólo a los conductores, si no para más de 14 mil estudiantes que asisten a diario a la universidad del Valle de Sula.

El hecho que operadores privados de transporte hayan determinado no seguir ofreciendo más el servicio por la amenaza real de las bandas criminales y maras, reafirma el poder coercitivo de estas agrupaciones que se han convertido en un Estado paralelo: todo lo saben y todo lo consiguen, aunque sea a punta de sangre y fuego, para seguir llenando sus bolsillos.

Asimismo, vuelve a confirmar que el gobierno jamás pudo crear una unidad antiextorsión efectiva, que frenara de tajo la codicia del crimen y diera más confianza a la población que nadie puede extorsionarla.

Sobre el real peligro que corren los estudiantes, barrios explicó que lo vivido por los estudiantes de la universidad pública de San Pedro Sula “es la punta del iceberg respecto a la imposibilidad del gobierno de poder controlar la delincuencia y criminalidad organizada que se convirtió en poder en un país con débil institucionalidad”.

Estimaciones del gremio empresarial confirman que han cerrado en Honduras más de 45 mil negocios por no poder seguir pagando la extorsión, mientras el régimen sigue buscando que su prensa tradicional siga publicando que está enviando al penal de ultra alta seguridad de “el Pozo” a jefes de maras y bandas criminales señalados de extorsionar a la población.

Esas cifras distan de las estimaciones hechas por ConfidencialHN, con base a informes oficiales e independientes, revelan que de 2012 a la fecha unas 72 mil empresas cerraron en el país por el cobro del “impuesto de guerra”, provocando pérdidas que, en la mínima escala, superan los 360 millones de lempiras y podrían llegar hasta los cuatro mil 320 millones de lempiras.

Ese cierre de empresas, provocó el despido, según cifras oficiales y estimaciones preliminares, de unas 216 mil personas, provocando pérdidas por hasta mil 620 millones de lempiras en concepto de sueldos y salarios, basado en el salario mínimo que supera los siete mil 600 lempiras mensuales.

De hecho, todos los medios, desde los radiales, hasta los digitales, se han enfocado en el confinamiento de los denominados “torones” (cabecillas) de agrupaciones especializadas en extorsión y no han generado la crítica del porqué prosigue el lucrativo negocio de la extorsión.

La mayoría de los negocios, son micro, pequeña y medianas empresas quienes cierran operaciones sin dar explicación; aunque la tesis es que no tienen capacidad de seguir pagando fuertes sumas de dinero para evitar que el crimen los mate.

Además, el poder de las maras y pandillas ha obligado a familias enteras a marcharse de los barrios y colonias de las principales ciudades, incluso las más consideradas tranquilas, por temor al cumplimiento de amenazas del crimen que, al final, suelen ser justificados por las fuerzas de seguridad.

“Fue por el impuesto de guerra”, ha sido la postura hasta predecible por los portavoces de las unidades anticrimen.

Altos mandos de las instituciones encargadas en combatir siguen asegurando en una sola voz que el 80 por ciento de los crímenes cometidos en el país, son ordenados desde el interior de las cárceles; por lo que avalaron completamente las reformas penitenciaras solicitadas por el titular del ejecutivo Juan Orlando Hernández.

Aunque los líderes son enviados a la cárcel y confinamiento solitario, la pujante industria no se detiene y son los cuadros de relevo que siguen con el negocio que está dejando multimillonarias ganancias.

“La extorsión genera mensualmente a las bandas criminales  cientos de millones de Lempiras y ese dinero se tiene que canalizar por la banca privada y la compra de propiedades, sin embargo el gobierno se hace el desentendido o el que no sabe nada”, indicó el también integrante de la Asociación de Jueces por la Democracia.

A la fecha, el Comité Técnico de la Tasa de Seguridad ha recolectado del dinero del público siete mil 471 millones de lempiras, justificando la compra de equipo y tecnología policial y militar para combatir el poder de la delincuencia y criminalidad organizada que, a pesar de los fuertes operativos en barrios y colonias de Honduras, la extorsión ha sabido mimetizarse y son otras las formas de conseguir dinero.

Antes que las nuevas fuerzas políticas ingresaran al Parlamento, el bipartidismo determinó que fuera el todopoderoso Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, presidido por Juan Orlando Hernández y es quien determina a qué fuerza puede dar o no dinero para que combata el crimen…los resultados distan del discurso que reproduce al unísono la prensa tradicional.

“La industria de la extorsión está cobrando el ‘impuesto de guerra’ a las pulperías, transporte en todos los niveles, pequeña y mediana empresa, e incluso a las grandes compañías. El gobierno no ha enfocado esfuerzos para atacar este flagelo y los cerebros van creando mecanismos para seguir aumentando sus fortunas, pero no se conoce quiénes son los dueños de las cuentas bancarias, cuyos fondos provienen de la extorsión”, cuestionó barrios.

Añadió el especialista que “no es tan cierto que el tema de la violencia y criminalidad se ha resuelto,  pues a diario el crimen manda un mensaje distinto al Estado y se debería hacer una revisión de lo que ha hecho y lo que debería hacer, sin embargo el presidente Juan Orlando Hernández no le interesa y más bien anda en campaña política abierta”.

La clase media ha sido la más afectada con la extorsión y el cierre de empresas, denunció en su momento el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Eduardo Facussé.

El empresario dijo estar preocupado por el cierre de negocios que no pueden pagar a las maras el denominado “impuesto de guerra”, ya que ha podido ver muchos locales que han cerrado operaciones o tienen en sus puertas los carteles de “se vende” o “se alquila”.

“Hay que ir por Tegucigalpa –añadió–  para ver un montón de casas que se venden, se alquilan y eso da a entender que la clase media tiene problemas porque ha perdido su empleo, cerró su negocio o micro y pequeña empresa y es muy preocupante”.

A pesar que es de la tercera edad, aseguró que “no recuerdo que hubiera pasado algo así, hasta cierto punto que hemos importado, el narcotráfico que ha estado viniendo y la delincuencia que viene de otros países, nos está complicando la vida en Honduras”.

Estos antecedentes no ha impedido que el presidente Hernández prosiga con su campaña reelecionista en una Honduras que se ha hecho mala fama internacional, al tener la primera y sexta ciudad más violenta del mundo (Tegucigalpa y San Pedro Sula) y la tasa más alta de muertos por cada 100 mil habitantes.

Por su parte, la criminóloga hondureña Arabeska Sánchez aseguró que los esfuerzos hechos por el Estado para frenar la criminalidad “no han sido suficientes” ya que prosiguen las masacres.

“Es una violencia muy calculada y estudiada por el crimen. Tienen logística para que hagan seguimiento y vigilancia y encuentran el momento preciso para poder ejecutar la masacre”, explicó Sánchez al trasluz de la última masacre que dejó cinco personas muertas.

Con la toma de decisiones hechas por el Estado, continuó, se han gastado miles de millones de lempiras para el combate a la violencia y criminalidad y “han optado por delegar ese trabajo a iglesias y sociedad civil y el gobierno sólo se dedica a la parte jurídica y no se mete de cabeza den el combate a la violencia”.

Aseguró que no se puede negar que las masacres se pueden acreditar al control de territorios y surge que “no hubo temas de prevención y hoy se pueden ver brotes de violencia que no fueron controlados”.

“No se ha judicializado el 50 por ciento de las masacres, ni aún con el traslado de reos a cárceles de alta seguridad, aunque se deben clasificar a la población porque hay gente que no ha cometido crímenes y se puede clasificar”, sentenció.

El reconocido capo de la droga en México, Ismael «el Mayo» Zambada, en una entrevista que concedió a 2010 al fallecido director de la revista Proceso, Julio Scherer, dio una explicación que se replica de manera casi fiel en Honduras: «Un día decido entregarme al gobierno para que me fusile. Mi caso debe ser ejemplar, un escarmiento para todos. Me fusilan y estalla la euforia. Pero al cabo de los días vamos sabiendo que nada cambió…El problema del narco envuelve a millones. ¿Cómo dominarlos? En cuanto a los capos, encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí».

A juicio de Zambada, el gobierno llegó tarde a esta lucha y no hay quien pueda resolver en días problemas generados por años. Infiltrado el gobierno desde abajo, el tiempo hizo su “trabajo” en el corazón del sistema y la corrupción se arraigó en el país. Al presidente, además, lo engañan sus colaboradores. Son embusteros y le informan de avances, que no se dan, en esta guerra perdida.

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