sábado, noviembre 28, 2020
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Esposa de interventor de Investh tiene jugosos contratos con el Estado

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El hecho de intervenir Inversión Estratégica de Honduras (Investh) no fue resultado propiamente dicho de los actos de corrupción surgidos en la administración de Marco Bográn; ya formaba parte de la estocada final que asestó el régimen nacionalista de Juan Orlando Hernández para vender una cortina de humo a la población mientras prosigue el saqueo de capitales.

Resulta que uno de los interventores de Investh es el coronel José Ernesto Leva Bulnes, el exgerente del Instituto de Previsión Militar (IPM), cuya esposa Nora Waleska Escoto Álvarez es proveedora del Estado a través de la empresa mercantil Productos Médicos Especializados SA (Promesa), según se pudo constatar en el folio 2122371, instrumento público 750, emitido el 23 de septiembre de 2014, autorizado por Julio César Lagos Reyes y cuya aportación fue de dos mil lempiras.

Radio Globo y ConfidencialHN lograron confirmar que Promesa opera bajo el código del Registro Tributario Nacional 05019002069041, y su sede física está ubicada en la 10 y 11 calle, entre la tercera y cuarta avenida de San Pedro Sula y que durante los últimos seis años vendió alrededor de 15 millones 700 mil lempiras en productos médicos al Estado.

Asimismo, Promesa obtuvo el beneplácito de la Administración Aduanera de Honduras para hacer distribución de material médico y cuya exclusividad finaliza el próximo 6 de septiembre, según se pudo constatar en la circular DARA-DTA-032-2019 del 17 de enero de 2019.

Los datos que tienen en su poder ambos medios indican que, en efecto, Escoto Álvarez ha sido beneficiaria con varios contratos del Estado, incluso, ha incurrido en conflicto de intereses ya que su esposo ha sido militar de carrera; se pudo encontrar que la también dermatóloga suele ser favorecida con contratos para proporcionar fármacos al Hospital Militar por un monto de dos millones 345 mil 308 lempiras.

Los contratos C2019-90-1-471-1, C2019-90-1-3240-1, C2017-90-1-2647-1,  C2019-60-18-634-1 y C2020-60-18-309-1 indican que hubo venta de equipo médico quirúrgico con fondos propios del Hospital Militar, según la última actualización que se pudo establecer.

Asimismo, Promesa también vendió productos médicos a la Secretaría de Salud e Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) bajo la categoría de bienes y servicios, según los 19 contratos que tuvo a la vista los periodistas de Radio Globo ConfidencialHN. 

Esta empresa ha tenido una intensa participación tanto en licitaciones privadas como las de carácter público, de donde ha obtenido cuantiosas ganancias que, si bien están dentro del marco legal, pero están empañadas por los conflictos de intereses que ha surgido por sus nexos maritales que mantiene con el interventor jefe de Investh.

 Cabe recordar que al momento que se extendieron estos contratos a favor de Promesa, Leva Bulnes -con fuertes contactos dentro de la administración nacionalista- dirigía el Instituto de Previsión Militar (IPM), lo que pudo incidir en que su esposa tuviera acceso a generosos contratos, lo que violenta las disposiciones contempladas en el artículo 33 de la Ley de contratación del Estado y los artículos 17 y 18 del Código de ética del servidor público.

CONTRATOS AMARRADOS Y EN FAMILIA. Los contratos que emitió el exdirector de Investh, Marco Bográn, no fueron necesariamente para atender de manera correcta la actual emergencia por el nuevo coronavirus, sino para echar una mano a un selecto grupo de personas que tendrán acceso a generosas sumas de dinero.

Uno de los grandes beneficiarios fue Jorge Alberto Crespo, gerente general de Servicios de Mantenimiento y Construcción SA de CV (Sermaco), a quien se le otorgó el Contrato de Obra para la Construcción del Plantel y apoyo en la Instalación del Hospital de Aislamiento Móvil de 91 Camas en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, para la Atención de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por el Covid19, de conformidad a lo establecido en el Decreto Ejecutivo Número PCM 005-2020, de fecha 10 de febrero de 2020 y el Decreto Legislativo No. 31-2020 de fecha 13 de marzo del 2020.

De hecho, a Crespo se le otorgó un total de 10 millones de lempiras mediante estimaciones de pagos mensuales por insumos de mano de obra, materiales y equipos efectivamente ejecutadas, previa presentación de un informe de soporte elaborado por la firma consultora (supervisor), que describirá los recursos ejecutados en la construcción del plantel y apoyo en instalación del hospital móvil.

También viene a colación que otros de los beneficiarios son los esposos Luis René Eveline y Jance Carolina Funes, propietarios de la empresa Ecomac en la instalación del hospital móvil en Tegucigalpa que funcionará como anexo del Instituto Nacional Cardiopulmonar. Un cruce de información ubica tanto a Crespo y Eveline Hernández en la sociedad mercantil Agregados del Sur SA de CV, registrada en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés bajo el número de matrícula 0000040729 – 00000, cuyo instrumento público 73 fue autorizado por el notario Rodolfo Crespo Bendaña el 29 de marzo de 2004, según la escritura que tiene en sus manos Radio Globo y ConfidencialHN.

Resulta que Bográn, aprovechando la emergencia echó de lado sus escrúpulos y aquellas disposiciones legales para dar contratos a aquellos que están bien conectados con el poder político y económico para evitar cualquier fuga de información; sin embargo, luego que se divulgara que Ecomac sería la responsable del emsamblaje de los módulos importados de Turquía, sus ejecutivos admitieron la negociación al sostener que están «culminando con el proceso anterior, Ecomac podría ser contratada directamente por la fábrica, trámite que está aún en proceso de formalización de contrato», aunque optaron por ocultar que fueron previamente contratados por el intermediario guatemalteco Axel López para participar en la referida obra de infraestructura, a pesar de no tener experiencia probada en el armado de hospitales móviles.

SERMACO, EL GRAN GANADOR. Al respecto, se pudo localizar un documento de contrataciones directas efectuadas por Investh que indica que Sermaco se agenció de 23 millones de lempiras por la construcción del plantel e instalación del hospital móvil, tanto en San Pedro Sula a razón de 10 millones, en Danlí por ocho millones y Santa Rosa de Copán por un total de cinco millones de lempiras. Sobre la distribución de dinero para edificar los planteles, Investh erogó hasta 57 milllones 900 mil lempiras en varias constructoras,  no obstante, Sermaco se llevó el 39,72 por ciento de la suma de dinero que fue desembolsado por Bográn.

Al cierre de esta investigación, no hay avances en torno a las obras de infraestructura en Danlí, Juticalpa, Choluteca y Santa Rosa de Copán, aunque las compañías Constructora Serrano Colindres y Asociados (Cosco), Servicios Técnicos de Construcción y Consultoría (Setcco),  Gabinete Técnico (Gatesa),  Consultores Asociados de Honduras (Conash), Asociación de Consultores en Ingeniería (ACI), Ingenieros Consultores (Inconsul) y Consultores en Ingeniería (Cinsa) habrían recibido el dinero producto de los contratos emitidos por la antigua dirección de Investh, según Expediente Público.

El hecho de que Bográn echara mano de estas empresas, no terminó siendo necesariamente por su capacidad en la gestión de la ejecución de obras de infraestructura. Se crearon sociedades mercantiles entre dos y más para generar una suerte de oligopolio para acaparar los contratos disponibles, dejando fuera del camino a otras constructoras, en detrimento de los intereses del tesoro público.

Entre las empresas que terminaron asociándose para conformar oligopolios son Consultores en Ingeniería (Cinsa), Técnica de Ingeniería (Tecnisa), Consultores Asociados de Honduras,  (Conash), Ingenieros Consultores, (Inconsul) y Servicios Técnicos de Construcción y Consultoría, (Setcco), quienes crearon el consorcio denominado Cinsa-Tecnisa-Conash-Asp cuyo instrumento de escritura es 0000224 del 26 de abril de 2013 y creado por el notario Óscar Daniel Hernández Barahona e inscrito en el número de presentación 0000062844.

NEXOS CON EL PODER. Uno de los socios de Cinsa es el tío de Bográn, identificado como Napoleón Bográn Idiáquez, a quien se le pagó un millón 201 mil 386 lempiras para supervisar la construcción de uno de los hospitales móviles en un predio de Santa Rosa de Copán.

En esta relación de hechos se evidencia cómo se terminaron beneficiando a oligopolios y familias, lo que generaron fuertes conflictos de intereses; viene a colación el papel de Eveline Hernández en su relación con el actual Ejecutivo nacionalista, quien en su momento fue presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, mientras que su esposa Jance Funes ha sido rectora de una universidad privada; ambos son reconocidos en los ambientes políticos como cuadros útiles del Partido Nacional, que les ha permitido tener acceso a cargos en la administración pública.

En el caso de la dama, en su momento aspiró a una diputación por Francisco Morazán por una de las corrientes del oficialismo, pero no pudo lograr el beneplácito popular. También fungió en su momento como representante de las universidades privadas el fallido diálogo político que promovió la ONU a través de Igor Garafulic, para dar por superada la crisis poselectoral de 2017.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Cuentas, José Juan Pineda, no ha podido hasta el momento desmarcarse de sus nexos con Bográn, pues su hijo José Alejandro Pineda Moncada estuvo casado Cinthya Bográn, hermana menor del exfuncionario quien a su vez es el sobrino del excanciller Arturo Corrales Álvarez; en un afán por mantenerse «imparcial» envió el martes anterior un primer informe al Ministerio Público, sobre la responsabilidad penal en la compra del equipo médico por Investh, sin apuntar contra su expariente político.

Pineda dijo en su momento que “no voy a dar respuestas a preguntas falsas, si tienen las pruebas preséntelas antes los órganos, pero las preguntas falsas y de redes no las voy a contestar porque sé que existen muchas personas que se oponen al trabajo que esta haciendo el Tribunal de Cuentas».

En tanto, el magistrado del TSC Roy Pineda, reprochó la decisión tomada por su colega, por mandar de manera unilateral el informe sin haberse recusado del proceso.

«Inaceptable la actuación del Magistrado Presidente del TSC al enviar el informe al Ministerio Público, sin antes resolver en el Pleno su excusa y recusación del Consejo Nacional Anticorrupción y la Asociación para una Sociedad más Justa en el caso de Investh Sin olvidar la sinergia entre el TSC y el MP para responder la demanda social», escribió el alto funcionario en su cuenta de Twitter.

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