Fideicomiso administrado por exobispo Pineda le dejó jugosos intereses que no declaró

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

(Segunda parte) El dinero que recibió el exobispo auxiliar capitalino Juan José Pineda de la Tasa de Seguridad tuvieron un paradero que ni el gobierno, ni la cúpula religiosa han dado una explicación coherente acerca de los más de 30 millones de lempiras que recibió del tesoro público y que deberían estar asignados al renglón de protección ciudadana.

Los documentos del fideicomiso 219 administrado en 2013 por el Banco de América Central (BAC) a favor de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, detallan que los 15 millones 835 mil 190 lempiras generaron fabulosas ganancias 343 mil 368 lempiras con seis centavos, a una tasa de interés del 11 por ciento anual, por lo que Pineda tuvo acceso a los fondos transferidos por el gobierno de Porfirio Lobo.

ConfidencialHN halló en el certificado de depósito 400558991 -por un total de 8.5 millones- que del 23 de septiembre al 23 de octubre de 2013 se reportaron beneficios de 77 mil 916 lempiras; del 23 de octubre al 23 de noviembre se registró una ganancia de 78 mil 630 lempiras y del 23 de noviembre al 23 de diciembre del referido año hubo 79 mil 351 lempiras a favor del arzobispado. En estos tramos, BAC confirió a la oficina religiosa 235 mil 899 lempiras.

En tanto, en el certificado 400549911, valorado en cinco millones 835 mil 190 lempiras 190 lempiras, dejó intereses por 107 mil 468, los cuales fueron girados al beneficiario de ambos certificados; el destino del dinero depositado por el Comité Técnico del Fideicomiso del Tasón mediante un decreto ejecutivo autorizado por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, presidido en su momento por el expresidente Lobo.

De igual manera, se dejó en la libreta del fideicomiso un millón de lempiras para la “compra de dólares y ser transferidos a la cuenta de ahorro 914334101 a nombre de la arquidiócesis de Tegucigalpa aperturada en BAC Honduras”. En el traslado de fondos y entrega de rendimientos a la sede para la cual sirvió Pineda, se detalla que el 30 de septiembre de 2013 un total de 47 mil 865 dólares.

En ese lapso, se efectuaron traslados de dinero a la cuenta de ahorro en lempiras -a nombre de la arquidiócesis- por un total de 735 mil 899 lempiras, distribuidos en dos depósitos, de acuerdo al documento que tiene en sus manos este periódico.

Pineda, conocido por ser una persona proclive al mutismo, no ha hecho una rendición efectiva de cuentas sobre los beneficios que recibió por la transferencia monetaria que le efectuó el Comité Técnico del Tasón de Seguridad durante su gestión como obispo auxiliar capitalino. Por ser un receptor de recursos públicos, el religioso -y el arzobispado- están obligados a explicar de manera pormenorizada el destino de cada lempira, según establece la Ley de transparencia y acceso a la información pública.

De hecho, por ser una institución obligada, la iglesia debió informar qué segmento poblacional sería beneficiado con el proyecto y cómo se administraron los más de 30 millones de lempiras. Una fuente anónima, conocedora del tema, explicó que el mismo debería ser analizado por un equipo interdisciplinario para que diera datos de forma confiable sobre los resultados del proyecto administrado de manera personal por Pineda y en caso de que existieran sobrantes fueran devueltos a la Secretaría de Finanzas para términos de transparencia.

Para que Pineda no fuera sujeto a persecución penal en el futuro, está obligado a entregar facturas, recibos, comprobantes de pago y otros que sean auditados. Además, el Comité Técnico tendría que exigirle las resoluciones internas sobre movimientos de capital, órdenes de compra, contratos de servicios profesionales, pago de seguro a empleados e informes de contaduría. Al cierre de esta segunda entrega, el reconocido religioso no ha hecho la liquidación.

Los resultados de ese proyecto terminan siendo cuestionables, ya que a la fecha no hay un finiquito extendido a favor de la iglesia católica que permita zanjar cualquier controversia surgida en torno a la entrega directa y mediante fideicomiso del dinero entregado, por lo que el dinero fue invisibilizado.

Un informe de carácter confidencial señala al exobispo de haber incurrido en irregularidades, por lo que podría ser requerido por la justicia por lavado de dinero, malversación de caudales, fraude y uso de documentos falsos que podrían llevarlo a prisión, de acuerdo con la legislación penal vigente.

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