Tuesday, Jun 25, 2019
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Fideicomisos: la nueva forma de «hacer dinero» en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Mientras el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, promueve la transparencia en la administración pública, los fideicomisos se convirtieron en el mecanismo para el enriquecimiento ilícito y la corrupción.

Desde la aplicación de esta controvertida figura, se ha privilegiado a empresas fantasmas vinculadas a poderosos grupos económicos y políticos que son aliados del titular del Ejecutivo y que tienen acceso a casi todos los privilegios.

Especialistas consultados por ConfidencialHN han explicado que la utilización del fideicomiso fomenta la opacidad de la gestión administrativa, se ampara a la sombra del secreto bancario y, por ende, es difícil penetrar a la información de quién es beneficiado con mutimillonarios proyectos que dejan cuantiosas ganancias.

Por ejemplo, citan los especialistas, los proyectos que se entregan a los responsables de los fideicomisos suelen consistir en alquiler de bienes inmuebles y vehículos, por lo que incumplen con la Ley de Contratación del Estado respecto a las licitaciones y se hacen de manera directa; evitan los engorrosos trámites que exige la burocracia.

Los fideicomisos ascienden a más de 10 mil millones de lempiras, según datos del Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh) y se encuentran distribuidos en los programas presidenciales Vida Mejor,  Bono 10 mil y el cuestionado Fondo de Seguridad Poblacional o «Tasa de Seguridad» (administrado por un Comité Técnico) que recauda cada año unos dos mil millones que provienen de los contribuyentes.

En la mayoría de las ocasiones, señala el Fosdeh, no se cuenta con los recursos para financiar la pesada carga de estos programas promovidos desde el gobierno anterior y deben recurrir al sistema financiero para solicitar préstamos que son administrados vía fideicomiso. En este entramado, la entidad gana un 10 por ciento: cinco por ciento por la administración de los recursos y el otro cinco por ciento por la tasa de interés (valor del dinero) por el préstamo.

SECRETOS BIEN GUARDADOS. Hasta el momento, la población no puede saber cómo se utilizan estos recursos; la magistrada del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) Daisy de Anchecta, lamentó que el Comité del «tasón» le negara información sobre el alquiler de patrullas a la Policía Nacional por empresas arrendadoras de vehículos.

Añadió la funcionaria que le negaron la información por mandato expreso de la Ley de Secretos Oficiales de 2013, que manda a guardar hasta por 25 años cualquier dato que pueda comprometer la seguridad del Estado.

NADIE SABE Y TODOS CALLAN. El proyecto del Centro Cívico Gubernamental, cedido por el gobierno nacionalista -a través de Coalianza- al banco Lafise, es un claro ejemplo de los negocios secretos. Las normas se imponen, nadie sabe y todos callan sobre la forma de cómo se deben administrar los recursos.

En el caso de Lafise, no tiene voz  ni voto para decidir a quién se le otorga el proyecto de infraestructura, ni a quién se le va alquilar un edificio para que funcione un secretaría de Estado o una institución desconcentrada o descentralizada del Poder Ejecutivo. A fin de cuentas, es Casa Presidencial quien determina a quién se lo adjudica. Es la ley del silencio y basta ser cuadro de confianza del presidente Hernández o un furibundo activista azul.

Con relación al tema, al secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad (IP) y reconocido dirigente del Partido Nacional, José Noé Cortés, se le rentó el edificio donde opera una oficina tramitadora para el registro de placas vehiculares, se limitó a decir que lo hizo a través del fideicomiso ordenado por el gobierno, que establece que cualquier arrendamiento de oficina en Tegucigalpa o Comayagüela se hará mediante esta figura.

VUELVEN «LOS TETOS». ConfidencialHN ha obtenido información exclusiva sobre el edificio que rentó el  que ese edificio que rentó el IP pertenece a los «Tetos», vinculados al monumental latrocinio contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) a través de la empresa Comapañía de Servicios Múltiples (Cosem) dedicada a la digitalizacion de la información de los derechohabientes, quien el Ministerio Publico los ha privilegiado con la figura de «testigos protegidos» por la estrecha amistad con el presidente Juan Orlando Hernandez.

Fideicomiso_ilustracion

 

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