HomeNacionalFiscales y jueces reafirman infiltración de la delincuencia organizada en el sistema judicial

Fiscales y jueces reafirman infiltración de la delincuencia organizada en el sistema judicial

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Un grupo de fiscales del Ministerio Público y Poder Judicial denunciaron actos del corrupción dentro del ente acusador y la Corte Suprema de Justicia ya que, según ellos, se está beneficiando a estructuras criminales a través de personal colocado en dependencias claves.

El pronunciamiento de este grupo de operadores de justicia detalla que la delincuencia organizada permeó la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Medicina Forense, jueces y fiscales a quienes se les da prebendas.

Este grupo de agentes, según el documento, se han vuelto operadores de agrupaciones criminales, ya que han favorecido al «narcotráfico y actos de corrupción, filtrando información, eliminando medios de prueba, haciendo mal procedimiento» y que los superiores ya tienen conocimiento de esas irregularidades, pero prefieren hacer la vista gorda.

«En casos de criminalidad organizada, tales como dictar sobreseimientos provisionales, sentencias absolutorias, cierre de expedientes e investigaciones para favorecer a personas involucrada en lavado de dinero y narcotráfico«, aseguraron.

De acuerdo al testimonio de los denunciantes, que permanecen en anonimato por temor a ser castigados, hay varios jueces denominados de jurisdicción nacional como Wendy Escobar y Lizeth Vallecillo, quienes deberían ser investigadas por nexos con el narcotráfico y por dar sobreseimientos provisionales a imputados quienes se terminan dando a la fuga y es hasta imposible volverlos a localizar.

Apuntaron hacia el titular del Poder Judicial, Rolando Argueta, de beneficiar a sus amigos en cargos de jueces y de permitir la contratación de personal de cuestionada reputación y honorabilidad.

Según la carta, este juez «también cuestionado por otorgar sobreseimientos provisionales y desde que era juez penal fue cuestionado, en el caso del juez de jurisdicción nacional de San Pedro Sula, Carlos Irías, quien es originario de occidente y amigo íntimo del presidente de la Corte Suprema de Justicia Rolando Argueta, a tal grado que el personal auxiliar que tiene también es del occidente del país, por lo que existe fuga de información debido a la amistad con el presidente de la Corte el que también ha sido cuestionado en los últimos días por tener relaciones con el narcotráfico, toda la estructura criminal que ha sido mencionada son de occidente (sic.)».

También señalaron al cuestionado juez Claudio Aguilar, a quien sindican de «ser instrumento de la estructura criminal del poder para neutralizar estructuras contrarias a las del gobierno».

Los nombramientos -prosiguieron- en el sistema de impartición de justicia, «son de dedo» ya que no hay concursos y en el caso de San Pedro Sula se nombró a la coordinadora de jueces a la abogada Iveth (de apellido no determinado) quien es de Gracias, Lempira, y posteriormente magistrada en Tegucigalpa dejando en su cargo a la coordinadora «que es de occidente de nombre Alma, lo mismo se hizo con la juez de delitos tributarios, nombramiento de dedo y los jueces de extorsión lo mismo (ocurrió), los jueces deshonestos o que trabajan para la estructura criminal son premiados con sueldos selectivos, existen asociaciones tanto de jueces como fiscales los cuales no emiten un tipo de pronunciamiento porque son afines a las autoridades».

«En el caso del Ministerio Público, donde se han girado circulares de no generar denuncias por noticias de crímenes relacionados con actos de corrupción y narcotráfico, a tal grado que en los casos de corrupción no se presenta acusación a pesar de contar con los medios de prueba suficientes para acreditar la participación de funcionarios públicos que han cometido bochornosos actos de corrupción, es imposible presentar requerimiento fiscal si no viene con el visto bueno del director de fiscales, quien se presta para este tipo de corrupción colaborando mantener archivadas las investigaciones (sic.)», reza en uno de los apartados.

Los denunciantes sostienen en la misiva que desde la subdirección de fiscales hay fortísimas relaciones con abogados presuntamente vinculados al narcotráfico. También cargaron contra un funcionario que estuvo asignado a la fiscalía de La Ceiba ya que jamás libró requerimientos fiscales contra las personas acusadas de narcoactividad y actividades ilegales en la administración pública.

Asimismo, hace dos meses hubo una reunión de fiscales -presuntamente ordenadas por mandos superiores- a fin de bloquear las peticiones de extradición contra quienes han sido acusados de pertenecer a los cárteles de la droga. Sobre el tema, expusieron que los jefes de fiscalías fueron citados «…para pedirles que buscaran investigaciones de personas que podrían ser extraditados a EE.UU. por narcotráfico y presentarles requerimientos fiscales para que de esta manera no puedan ejecutarse estas extradiciones por tener un proceso abierto en el país».

Los fiscales inconformes criticaron la desidia de Óscar Chinchilla por no suspender a la jefa antinarcóticos Soraya Cálix por sus nexos con Mario José Cubeta Cálix Hernández para que fuera «investigada y descartar su relación con esta persona y con estructuras ligadas al narcotráfico, quien valiéndose de su poder remueve a los agentes que son honestos y los que no sirven para tapar actos de narcotráfico, a tal punto que los jefes de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado en todas las regionales son puestos por ella con el fin de ser instrumentos para ayudar a la narcoactividad y que dentro de la DLCN no se mueve un dedo sin el visto bueno de ella».

También se solidarizaron con la exjefa forense Julissa Villanueva por ser amenazada y hostigada laboralmente por querer hacer su trabajo apegado a lo legal. «Mucho del personal técnico se han prestado a cambiar dictámenes, evidencias y así favorecer a la misma estructura» que incluso conspiró contra Villanueva, quien terminó siendo despojada de sus funciones

Según el escrito «con el fin de favorecer al narcotráfico se ha girado una instrucción que sea el fiscal de turno que decida cuándo es para el tráfico o consumo de drogas que es decomisada a los detenidos como que si ellos tuvieran la experticia para determinar la cantidad y qué tipo de droga es».

En cuanto a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), hay fuertes críticas contra su director Ricardo Castro, por actos de corrupción, asesinatos, entre otros…»quien a sabiendas de estos actos hace caso omiso a los mismos con el fin de proteger al personal que forma parte de la estructura criminal».

Los fiscales que han optado por cumplir la legalidad, han sido hostigados «a tal punto que ellos piden sus traslados aún por los medios de comunicación al jefe de la UFECIC (Luis Santos), quien manifestó por los medios que él sólo podía presentar los casos donde el fiscal general da visto bueno, lo mismo pasa en las fiscalías de mayor impacto».

«En este orden de ideas podemos concluir que los fiscales y jueces que ejercen su función de manera honesta son removidos, hostigados laboralmente, marginados y los que pertenecen a esa estructura criminal ligada a maras, pandillas, narcotráfico de manera pública se observa el aumento patrimonial y la vida ostentosa que llevan ellos y sus familias como beneficiarios de aumentos selectivos o darles jefaturas, entre otros beneficios», aseguraron los denunciantes.

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