HomeNacionalFormalizan acusación penal contra exregidores que violaron la ley respecto al embalse Agua Zarca

Formalizan acusación penal contra exregidores que violaron la ley respecto al embalse Agua Zarca

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El Ministerio Público de Honduras, a través de la unidad de etnias y patrimonio cultural, convenció a una corte de apelaciones que ratifique la formalización de la causa contra varios exmiembros de la corporación municipal de San Francisco de Ojuera, en el occidental departamento de Santa Bárbara, sindicado por haber otorgado de forma irregular el permiso de construcción del embalse de Agua Zarca. 

Según el organismo acusador, trata de Edwin Fúnez Romero (regidor primero), Olver Robert Mejía Cabrera (regidor segundo), Nelly Zenobia Sánchez (regidora tercera), Florentino Pineda Cabrera (regidor cuarto), Marlon Otoniel Méndez Cabrera (regidor quinto) y Wilfredo Mejía Leiva (regidor sexto), todos procesados por abuso de autoridad.

«El veredicto sobre los funcionarios municipales se da, luego de investigaciones a partir de una denuncia interpuesta por la líder ambientalista Berta Cáceres, quien denunció el otorgamiento de forma irregular e inconsulta el permiso municipal de construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, sobre el río Gualcarque, territorio de la comunidad indígena lenca», precisó el ente.

De acuerdo a las investigaciones practicadas en forma conjunta con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), los imputados están involucrados en nueva causa relacionada a los procesos que se siguieron al margen de la ley para facilitar a la compañía Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA).

Asimismo, la puesta en operaciones de la represa en una clara violación a los derechos territoriales y sobre los recursos naturales ancestralmente protegidos por estas comunidades originarias, en una serie de casos que también involucran a los ex subsecretarios de Recursos Naturales y Ambiente, Marco Jonathan Laínez Ordóñez y Roberto Darío Cardona Valle.

Resulta que tras su autorización, el permiso fue transferido a la alcaldía santabarbarense, pero los funcionarios municipales no entablaron consultas con los pobladores de las zonas donde debió hacerse la represa, por lo que se violó el artículo 169 de la OIT.

«Todo ello, no fue objeto del proceso de consulta libre, previa e informado y no se contó con el consentimiento de las comunidades indígenas Lencas afectadas, destacando en este caso concreto, que la arbitraria autorización dada por la corporación municipal de San Francisco de Ojuera, departamento de Santa Bárbara, DESA la obtuvo con el propósito de cumplir una mera formalidad de la Serna», reza el comunicado.

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