lunes, noviembre 30, 2020
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Fosdeh sugiere auditoría internacional ante presunta corrupción en fondos destinados a combatir el coronavirus

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh) pidió hoy asistencia internacional para auditar los recursos proporcionados al Ejecutivo nacionalista de Juan Orlando Hernández para combatir la pandemia del coronavirus.

El organismo, mediante un pronunciamiento, señaló que los acreedores del Estado hondureño, así como gobiernos y otros entes para evitar que haya corrupción e impunidad que está afectando de manera despiadada a la sociedad.

Asimismo, alertaron de las irregularidades en Inversión Estratégica de Honduras (Investh) donde no hay transparencia y es una fuente de corrupción, al trasluz de la compra de los hospitales móviles a la empresa turca Elmed Medical Systems. 

Lea el pronunciamiento: 

Tras casi cuatro meses de confinamiento, más de 30 mil casos confirmados de contagio, centenares de fallecidos y una crisis sanitaria, económica, social y de gestión pública sin precedentes por de la pandemia Covid-19, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) se solidariza con cada familia hondureña que sufre sus consecuencias y hace un llamamiento urgente a gobiernos, organismos internacionales y bilaterales de cooperación y financiamiento para evitar que el alto grado de corrupción e impunidad existente aumente el sufrimiento de la mayoría de la sociedad.

En particular exigimos de cualquier fuente financiera o de cooperación cuyos recursos hayan capitalizado el fondo multimillonario asignado por el Congreso Nacional a Inversión Estratégica Honduras (INVEST-H) para que investigue y audite, con rigor e imparcialidad, los procesos de adquisición de obras, bienes y servicios destinados presuntamente a enfrentar la emergencia
sanitaria, en particular la compra de siete hospitales móviles.

De igual manera el FOSDEH demanda esclarecer el uso bajo condiciones de “excepcionalidad” de millones y millones de lempiras destinados para financiar insumos hospitalarios, productos de bioseguridad y programas asistencialistas para los sectores más pobres, creados supuestamente para minimizar el impacto económico y social de las medidas sanitarias ejecutadas por el gobierno central y municipalidades.

La inexistencia de transparencia, rendición de cuentas y control por parte de los organismos competentes del Estado explica que la sociedad ni siquiera conoce la procedencia de más de 47 millones de dólares autorizados a INVEST-H para sus operaciones; pese al reclamo público nadie revela cuanto proviene de fondos nacionales y cuanto de externos.

Lo que sí está claro, producto del trabajo responsable y eficiente de organizaciones de sociedad civil, como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) es que sus hallazgos ¨ponen en evidencia la falta de planificación en la gestión y administración de fondos por parte de Invest-H. En su último octavo informe expresa lo siguiente: «Según la documentación analizada, el monto total pagado por la transacción para las adquisiciones de los siete (7) hospitales móviles con sus respectivas plantas de tratamiento de desechos hospitalarios por parte de Invest-H, suma un total de USD 47,462,500.00, aplicando nuestra metodología para establecer el porcentaje del valor real de mercado el cual corresponde a un 31%, según la factura del fabricante y también proveedor VERTISA, el costoreal de los módulos hospitalarios es de USD 14,925,314.47. Por lo que la diferencia resultante entre ambos montos representa un perjuicio para las finanzas del Estado de Honduras por concepto de ganancia por intermediación cobrada…. asciende a un total de USD 32,537,185.53 lo que representa un 69% del valor total desembolsado por Invest-H».

Además el Colegio Médico de Honduras (CMH) ratifica la necesidad de “integración de mesa de alta gerencia técnica científica” y que “no ha habido un buen manejo de crisis ocasionada por el COVID y los recursos aprobados por el Congreso Nacional no ha sido bien utilizados, ¿Dónde está el dinero….Sin vida no hay economía, hemos manifestado el colapso del sistema de salud, no es posible que se sigan atendiendo personas en carpas como sucede en la zona sur del país…Esos mismos que saquearon el IHSS, los que se robaron el 49% del presupuesto de salud , hicieron un código que les permitirá vivir como si no han cometido ningún delito cometido”.

El nivel de ilegalidad y corrupción es tan ofensivo que el arribo de la mayoría de los hospitales móviles pagados sigue pendiente, así como es notorio el retraso en la construcción de las instalaciones adecuadas para los mismos. De hecho, los dos únicos equipos que llegaron al país el pasado 17 de julio no fueron desaduanados en su momento debido a que arribaron sin las facturas originales correspondientes.

La orden pública del presidente Juan Orlando Hernández de “saquen los hospitales y pónganlos al servicio de los enfermos…cúmplase” no hace más que abonar sombras a las compras de insumos y equipos hospitalarios realizadas durante la pandemia, muchas de las cuales están manchadas por dudas razonables en los precios de adquisición, calidad, facturaciones incompletas, favoritismos a empresas de maletín y proveedores fantasmales.

No se puede obviar que el alto riesgo de la población a ser víctima del virus, agravado por la falta de prevención y atención adecuada del sistema de salud, está estrechamente vinculado a los actos de corrupción que ya tenían colapsado el sistema antes de que la epidemia llegara al país. Baste recordar el inmisericorde saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) o el caso conocido como “Astropharma” en la venta de medicamentos a la Secretaría de Salud. Enfermarse en Honduras siempre ha significado exponerse a una lenta y dolorosa agonía por el latrocinio imperante.

En el caso actual de INVEST-H todas, o casi todas, las instituciones llamadas a esclarecer su responsabilidad en los hechos se llaman a silencio y se justifican diciendo que “no podemos ir más allá
de lo que la ley nos permite”. Se vuelve así evidente que hay autoridades que consideran que la “ley” y la pandemia les otorga poderes extraordinarios para abusar de los recursos públicos.
Resulta que mientras la inmensa mayoría de la sociedad -incluyendo los más pobres y vulnerables- cumplen con creces el sacrificio que les corresponde, muchos funcionarios sinvergüenzas se lucran de la tragedia, protegidos por mecanismos institucionales de impunidad y la complicidad del sistema de gobierno imperante.

Los organismos financieros internacionales, como el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo BID o el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que son los proveedores habituales de créditos, deben estar conscientes que también asumen cuotas de responsabilidad en no dar el seguimiento adecuado a los recursos que otorgan, como lo ejemplifica la estafa pública que representó el Bus de Transporte Rápido Trans-450 que nunca entró en operación en Tegucigalpa y que fue financiado con multimillonarios recursos autorizados por el BID y el BCIE.

Para el FOSDEH es inmoral revictimizar al pueblo hondureño con el pago de una onerosa deuda que no le ha traído mayores beneficios. Es tiempo ya de precisar la corresponsabilidad de todos los
involucrados, sin excepción alguna. Para ello también exigimos que se fortalezcan los mecanismos formales de las organizaciones ciudadanas, rurales y urbanas, para vigilar las compras gubernamentales, y ampliar su participación en una toma de decisiones transparente, honesta y verificable.

Manifestamos nuestra preocupación ya que desde hace varios años, buena parte de la comunidad de la cooperación internacional y sectores nacionales interesados han estado impulsando políticas de privatización de la salud; que nos tienen en esta penosa situación. Pareciera que la campaña por continuar privatizando la salud se ha convertivo en uno de los ejes de actividad de esos mismo
sectores, a pesar de los evidentes resultados desfavorables acumulados hasta la fecha.

Por último, deseamos destacar la enorme oportunidad que la actual crisis ofrece para renovar los mecanismos de auditoría social, de despolitización partidaria del Tribunal Superior de Cuentas, de establecer mecanismos fluidos de diálogo entre los OFIs y la ciudadanía y de aplicar todo el peso de la ley a esos criminales de lesa humanidad que son los ladrones del erario público.

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