HomeNacionalFuncionario de la ONU expondrá en Ginebra la perversión del sistema judicial a manos de Argueta

Funcionario de la ONU expondrá en Ginebra la perversión del sistema judicial a manos de Argueta

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El relator de la independencia judicial Diego García Sayán expondrá en junio de este año ante el Consejo de DDHH de la ONU sobre las falencias que halló en su visita a Honduras en agosto de 2019 respecto al papel del Poder Judicial.

El alto funcionario tiene previsto entregar un amplio informe en Ginebra, en la que dejará en evidencia cómo la gestión del titular de la Corte Suprema de Justicia Rolando Argueta pervirtió el sistema de aplicación de la ley a favor de la corrupción e impunidad.

Entre las conclusiones se sugiere que el Estado hondureño deberá implementar medidas que vayan orientadas a garantizar la independencia de los jueces y magistrados.

Respecto a este tema, García Sayán presentó varias conclusiones de su gira por Honduras, en la que se destacan sus hallazgos sobre el aparato legal y cómo Argueta distorsionó el papel de la Corte Suprema.

Lea el informe:

El principio de independencia del poder judicial se deriva de los elementos esenciales del Estado de Derecho, en particular del principio de separación de poderes. De acuerdo con este principio, el ejecutivo, el legislativo y el judicial constituyen tres ramas separadas e independientes del Estado. La Constitución, las leyes y las políticas de un país deben garantizar que el sistema de justicia sea verdaderamente independiente de los demás poderes del Estado de manera que la población tenga la certeza de que cuenta con un sistema de justicia que actúa y resuelve exclusivamente en base a la Constitución y la ley.

De la misma forma, los Principios Básicos relativos a la independencia de la Judicatura, adoptados por las Naciones Unidas en 1985, establecen que todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura (principio 1), y que los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, “sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo” (principio 2).

Estas son mis observaciones y recomendaciones preliminares sobre la independencia del poder judicial en Honduras.

Abarcan sólo una fracción de todos los temas y cuestiones que he identificado durante las actividades que llevé a cabo. Animo a las personas a que continúen acercándose a mí con sus preocupaciones a medida que redacte el informe en las próximas semanas y meses. Seguiré desarrollando esta evaluación en mi informe oficial, que presentaré al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2020.

Mi evaluación inicial se desarrolla alrededor de tres temas principales: separación de poderes, impacto de la corrupción y el crimen organizado sobre la independencia judicial e inseguridad ciudadana, incluyendo las afectaciones a los operadores de justicia. 

Para comprender la situación actual en Honduras, debemos tener en cuenta no sólo las leyes, políticas y regulaciones relacionados específicamente con la administración de justicia y el libre ejercicio de la profesión de abogado, sino también los aspectos institucionales más amplios y las políticas públicas que puedan afectar a la independencia del poder judicial y la separación de poderes.

Hoy en día, la independencia del sistema judicial y conceptos democráticos cruciales, como la separación de poderes, siguen siendo un gran reto y desafío en Honduras.

El sistema de administración de justicia, así como la clase politica y otras instituciones del Estado, están siendo fuertemente cuestionados por la ciudadanía. Problemas como la mora judicial, la corrupción, la impunidad, violaciones a los derechos humanos, la  inseguridad ciudadana y la violencia son algunos de los factores que han puesto en entredicho a los operadores de justicia y al sistema político mismo.

Según los últimos datos del Latinobarómetro de las Américas 2018, solo el 25% de la ciudadanía dice apoyar al sistema judicial. El nivel de confianza en otras instituciones del Estado también aparece muy baja: gobierno: 25%; Congreso Nacional: 21%; Fuerzas Armadas: 35%; Policía Nacional: 33%. De acuerdo con este estudio, los partidos políticos solo tendrían el 13% de confianza ciudadana.

En un contexto como éste, el sistema de administración de justicia ocupa un espacio singularmente importante. Tiene que ver con un aspecto esencial del Estado de Derecho que es el de procesar la conflictividad y la inseguridad por medios institucionales y previsibles que supongan no sólo respeto a estándares democráticos sino, a la vez, eficacia en los resultados.

La clase politica y las instituciones del Estado solo se pueden legitimar a través de una profunda reforma y fortalecimiento democrático del sistema judicial que mire no solo a mejorar su eficiencia y transparencia, sino también a depurar la administración de la justicia de todas las interferencias y poderes que, en este momento, generan dudas legitimas sobre su independencia y imparcialidad.

Separación de poderes e independencial judicial

Un poder judicial independiente e imparcial desempeña un papel esencial en la protección y promoción de los derechos humanos y en la defensa del Estado de Derecho. El sistema judicial es también un elemento esencial de control y equilibrio con y entre los demás poderes del Estado, asegurando que las leyes adoptadas por el poder legislativo y los actos del poder ejecutivo se ajusten a las normas internacionales de derechos humanos y al Estado de Derecho.

La independencia de la judicatura es un principio esencial en un Estado democrático. Ello tiene que ver con un abanico de componentes entre los que se incluyen aspectos que van desde el diseño institucional hasta su independencia efectiva tanto frente a otros poderes públicos como frente a espacios fácticos de poder, tanto legales como ilegales.

Dentro de esto se incluyen asuntos como el procedimiento y las calificaciones para la selección y nombramiento de jueces o fiscales, las garantías en relación con su estabilidad en el cargo, las condiciones que rigen los ascensos, traslados, la suspensión y la cesación en sus funciones y la independencia efectiva del poder judicial respecto de la injerencia política por los poderes ejecutivo y legislativo y fuerzas de poder fáctico que existan en la sociedad.

Desde mi punto de vista, el marco normativo y institucional de Honduras presenta aspectos fundamentales coherentes con estos principios pero, a la vez, contradicciones y lagunas muy graves. Tal como se encuentra no es suficiente para garantizar la independencia de la justicia.  

La Constitución establece que la justicia se imparte “por magistrados y jueces independientes, únicamente sometidos a la Constitución y las leyes” (art. 303) . Si bien existen diversas normas legales que regulan distintos aspectos de la función judicial, estas carecen de la consistencia requerida y abren una serie de espacios imprecisos sobre aspectos tan relevantes como la carrera judicial y el correcto y normal funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.

La Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial fue declarada inconstitucional por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en marzo de 2016. Por efecto de esta decisión, la organización y el funcionamento de la justicia hondureña son hoy día reguladas por la obsoleta y derogada Ley de la Carrera Judicial de 1985, que dicha sentencia de la Corte volvió a poner en vigencia. Cabe señalar que esa ley había sido cuestionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia López Lone y otros por no garantizar los derechos de jueces y juezas en relación con varios aspectos de la carrera judicial y del régimen disciplinario.

El aspecto más preocupante de la declaratoria de inconstitucionalidad es que además de crear un grave vacío legal que luego de tres años sigue sin resolverse, junto con esta decisión se puso en vigencia un decreto transitorio del Poder Legislativo, que otorgó al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, de manera unipersonal, todas las potestades relativas a la dirección y organización administrativa y financiera del Poder Judicial. Una concentración de poder muy grande en una sóla persona y, a la vez, fusión en esa misma persona de funciones administrativas y jurisdiccionales que, por definición, son espacios diferentes.

Desde mi punto de vista, la Corte Suprema de Justicia debería centrar su labor en sus funciones jurisdiccionales, absteniéndose de concentrar los aspectos administrativos los que, por definición, requieren crecientemente especialización en una gerencia con poderes adecuados o en un nuevo Consejo de la Judicatura. En varias ocasiones, el Presidente de la Corte ha hecho alusión a una nueva Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial que la Corte estaría redactando por medio de dos comisiones establecidas por la Corte misma. Sin embargo, se desconoce el estado actual de este  borrador y su contenido.

Interferencias

Pasando a la analisis del marco institucional, las entrevistas que he tenido con varios actores estatales y de la sociedad civil comprueban la existencia de varios tipos de interferencia en la organización y el ejercicio del sistema judicial y, en particular, de las funciones de la Corte Suprema por parte del poder legislativo y ejecutivo que amenazan la independencia de esta Corte y del poder judicial en su totalidad.  

El ejemplo mas evidente de estas interferencias fue la destitución de tres magistrados y una magistrada en 2009 en razón de las expresiones y las acciones que habían realizado para condenar el golpe de Estado del 2009. En febrero de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que cuando la democracia está en peligro, los jueces tienen no solo el derecho, sino la obligación de ejercer su derecho a la libertad de expresión y de asociación en defensa de la independencia judicial y del Estado de Derecho.

En diciembre de 2012, el Congreso destituyó a cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, debido a un fallo en el que se declaraba inconstitucional la aplicación de pruebas de confianza a funcionarios(as) de la Policía Nacional de Honduras, lo cual era de interés por parte del Poder Ejecutivo, como parte del proceso de la denominada “depuración policial”.

La destitución de jueces y magistrados por parte de otros poderes del Estado constituye la más alta forma de interferencia con la independencia del poder judicial, y debe ser condenada sin excepción. Los jueces solo pueden ser destituidos por razones graves de mala conducta o incompetencia, y de conformidad con procedimientos equitativos que garanticen la objetividad y la imparcialidad establecidas en la Constitución y en la ley. Fuera de estos casos, la destitución de jueces por el poder político es incompatible con la independencia del poder judicial.

Al margen de este aspecto, también constituye un aspecto que debilita la institucionalidad del sistema judicial la inexistencia de métodos claros, transparentes y regulados con precisión en los procesos de selección y acceso a la función judicial. La opacidad en los procedimientos vigentes así como la falta de transparencia impide la profesionalización de la judicatura.

Una forma más sutil de interferencia es constituida por el procedimiento actual para la designación de altos funcionarios como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General y su Adjunto. Las informaciones que he recibido en relación con estos procesos y los resultados de las elecciones más recientes evidencian la necesidad de revisar profundamente los procesos de selección y el nombramiento de estas funciones de alto rango, para que se basen únicamente en criterios objetivos previamente establecidos por la ley, y que sean seleccionados únicamente sobre la base de sus méritos, teniendo en cuenta las calificaciones, aptitudes y capacidades de los candidatos, así como su integridad, independencia e imparcialidad.

Es relevante destacar como una excepción notable, en este aspecto, los procesos de selección de los juzgados y tribunales contra la corrupción y contra la extorsión realizados el 2016 así como en la selección de los fiscales que componen lo que actualmente es la Unidad Fiscal Contra la Impunidad y la Corrupción (UFECIC) generados dentro del marco de la cooperación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH). En este proceso de selección destacó que hubiera postulaciones, exámenes, participación de la sociedad civil y entrevistas públicas.

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