Gobierno argentino critica a la Corte Suprema que podría posponer juicio contra Kirchner

BUENOS AIRES, ARGENTINA

(Spútnik) El Gobierno argentino criticó el oficio de la Corte Suprema que podría retrasar el comienzo del primer juicio oral que iba a afrontar la expresidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) el 21 de mayo por irregularidades en la obra pública concedida durante su gestión en la provincia de Santa Cruz (sur).

«La Oficina Anticorrupción [OA] reclamó que se inicie el juicio contra Cristina Kirchner por la obra pública», comunicó la jefa de este organismo, Laura Alonso, en su cuenta de Twitter.

La jefa de la OA remarcó que todo el expediente está digitalizado, y que «hay más de 75.000 millones de pesos [1.630 millones de dólares] embargados para recuperar».

«El juicio debe iniciarse para saber la verdad y recuperar lo robado», sostuvo Alonso.

En un oficio emitido el 14 de mayo, la Corte Suprema pidió «con carácter de urgente» al Tribunal Oral Federal 2 que llevará adelante el juicio que remita el caso para estudiar las intervenciones del máximo tribunal penal del país, la Cámara de Casación, que rechazó varios pedidos de la defensa de la exmandataria.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton decidieron darle curso a los planteamientos que formuló el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, y pidieron el cuerpo del expediente, una medida que podría retrasar el comienzo del juicio, previsto para el próximo martes 21 de mayo.

El único ministro (juez) que no avaló este pedido fue el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz.

La defensa de la exmandataria había reclamado durante la instrucción de la causa que se realizase una auditoría pública de todas las obras públicas emprendidas en Santa Cruz bajo sospecha, una solicitud que no había sido concedida.

En el caso se investigan los proyectos impulsados durante la administración de Fernández de Kirchner en esa provincia, buena parte de los cuales fueron destinados al empresario de la construcción Lázaro Báez, detenido desde 2016.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, manifestó su extrañeza de que «la Corte tome una decisión así, a una semana» del comienzo del debate oral, y consideró que la decisión del máximo tribunal del país «tiene un condimento político muy fuerte».

«La Oficina Anticorrupción se ha presentado y ha pedido al Tribunal Oral que realice el juicio, porque va a llevar muchos meses y mientras la Corte puede resolver lo que quiere», sugirió en Radio Mitre.

La diputada oficialista Elisa Carrió, referente dentro de la coalición gobernante Cambiemos, advirtió por su parte que su partido, la Coalición Cívica, «no forma ni formará parte de ningún pacto de impunidad».

El fiscal que intervendría en el juicio contra la expresidenta, Diego Luciani, pidió por su parte que el juicio por la obra pública comience el martes próximo, como estaba previsto.

El primer juicio que debía afrontar la expresidenta en un año electoral tiene también procesado al exministro de Planificación Julio De Vido, entre otros acusados.

La exjefa de Estado no ha aclarado todavía si se presentará a las elecciones presidenciales que se celebrarán el 27 de octubre.

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