HomeInternacionalGobierno boliviano rechaza informe de CIDH por «sesgado» y favorable al «narcoterrorismo»

Gobierno boliviano rechaza informe de CIDH por «sesgado» y favorable al «narcoterrorismo»

LA PAZ, BOLIVIA

(Sputnik) El gobierno de facto de Bolivia calificó como «sesgado» y pro «narcoterrorismo» a un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que denunció que las fuerzas de seguridad cometieron «masacres» al reprimir protestas contra el golpe de Estado en noviembre.

«Recibimos con mucho dolor el informe de la CIDH (…), nos parece un informe totalmente sesgado, un informe que no refleja la realidad, informe que está favoreciendo solamente al narcoterrorismo, no está favoreciendo al pueblo de Bolivia», dijo el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

El hombre fuerte del gobierno de Jeanine Áñez hizo la declaración en una conferencia de prensa que había convocado para denunciar la falta de gobierno en la región productora de coca de Chapare (centro), controlada por sindicatos de cocaleros que expulsaron a la policía durante los recientes conflictos políticos.

«La CIDH ha hecho un trabajo sesgado, es vergonzoso el trabajo que ha hecho la CIDH; es increíble cómo se maneja cierta gente, es vergonzoso, no es un buen trabajo, lo vamos a revertir y mostrar las pruebas de lo que sucedió», protestó Murillo.

El informe de la CIDH, basado en observaciones de una comisión enviada al país a fines de noviembre, subió a por lo menos 36 la cifra de muertos y a más de 800 la de heridos en el conflicto político que vivió Bolivia en los dos meses pasados, durante el cual el presidente indígena Evo Morales fue derrocado y sustituido por Áñez.

Murillo no mencionó estas cifras, aunque el gobierno de facto mantenía hasta la semana pasada un balance oficial de 29 muertos y 30 heridos, en ningún caso por impactos de armas de fuego militares como denunciaron activistas de derechos humanos y dirigentes de las protestas contra Áñez.

De las muertes, más de la mitad derivaron de la represión de efectivos militares y policiales a una marcha de cocaleros en Sacaba (centro) y un bloqueo vecinal a una planta de almacenamiento de combustibles en Senkata, El Alto.

Según el ministro Murillo, la CIDH no preguntó a los manifestantes «por qué han marchado, quién los ha llevado, quién les ha pagado, de dónde venía la plata», ni se habría interesado en la situación de los habitantes de ciudades afectados por bloqueos de carreteras y ataques vandálicos.

Sobre la situación en Chapare, de donde había partido la marcha de cocaleros reprimida en Sacaba, cerca de la ciudad de Cochabamba, el titular de Gobierno advirtió que esa región, el principal bastión político de Morales, podría quedar excluida de las elecciones de 2020 si persiste el rechazo a la policía.

Los sindicatos cocaleros expulsaron a la policía de Chapare y mantienen el control de la zona, en protesta por los motines policiales que contribuyeron a la caída de Morales.

El pasado fin de semana, la dirigente cocalera Segundina Orellana dijo que los habitantes de Chapare «ya no confían» en la policía y advirtió que «si (los agentes del orden) quieren volver, primero deben pedir perdón de rodillas», según reportó el diario La Razón.

Morales es desde hace más de dos décadas el presidente de las seis federaciones de cocaleros de Chapare.

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