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Histórica condena contra represores de dictadura argentina

BUENOS AIRES, ARGENTINA 

(Vía Prensa Latina) En sentencia histórica, 28 represores de la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983) fueron condenados ayer en Córdoba a cadenas perpetuas, comenzando por Luciano Benjamín Menéndez, responsable de 282 desapariciones.

El exjefe del Tercer Cuerpo de Ejército, hoy de 89 años de edad, recibe así la pena 14 por su participación directa en secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones de cuerpos perpetrados en el campo de concentración “La Perla-La Ribera”.

Tras conocerse la condena a Menéndez, la primera dictada en la tarde por el Tribunal Fe­deral Oral No. 1, la gente que se congregó frente al Palacio de Justicia de Córdoba celebró la noticia.

Hubo abrazos, lágrimas, emociones por lar­go tiempo contenidas, describieron testigos a Prensa Latina vía telefónica.

La megacausa incluyó 22 expedientes por delitos de lesa humanidad cometidos entre marzo de 1975 y 1979 en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de Cór­doba conocidos como “La Perla” (el mayor del interior de Argentina durante la última dictadura), “Malagueño o Perla chica”, “Campo La Ri­bera” y “D2”.

Además de los raptos, tormentos y ejecuciones de más de 700 víctimas, 311 de ellas aún desaparecidas, se destaca el hecho de que por primera vez se juzga en Córdoba la apropiación de bebés.

Se trata del secuestro y posterior desaparición de Silvina Mónica Parodi de Orozco, embarazada de seis meses y medio, y su marido, Daniel Francisco Orozco, así como la sustracción del bebé de Silvina nacido en cautiverio.

El niño aún es buscado por su abuela, la presidenta de la filial cordobesa de Abuelas de Pla­za de Mayo, Sonia Torres, la madre de Sil­vina Pa­rodi.

También recibieron perpetua los principales acusados: Ernesto Barreiro (su primera condena), Arnoldo ‘Chubi’ José López y Héctor Pedro Vergez.

La pena a reclusión perpetua corrió a su vez para Carlos Alberto Yanicelli (exjefe de D2), Jorge González Navarro, Jorge Eduardo Gorleri, Jorge Acosta, Héctor Hugo Chilo, Luis Martela, Luis Gustavo Diedrichs, Carlos Villanueva, Alberto Luis Choux y Orestes Padován.

Igualmente, fueron sentenciados de por vida José Hugo Herrera, Juan Eusebio Vega, Ricardo Lardone, Eduardo Grandi, Emilio Mo­rard, Héc­tor Romero, Yamil Jabour, Juan Eduardo Mo­lina, Alberto Lucero, Miguel Ángel Gómez, Marcelo Luna, Calixto Flores, Her­minio Antón y Carlos Alberto Díaz.

La única mujer en el banquillo de los acusados, Mirta Antón, fue también condenada a prisión perpetua.

La investigación comenzó en diciembre del 2012 con más de 40 imputados y, cuatro años después, por acumulación de causas, llegó a sumar 52, la mayor cantidad en un juicio de estas características.

Durante las vistas cerca de 600 personas dieron testimonio en más de mil horas de audiencias. También hubo nueve condenas de dos a 14 años de cárcel y seis absoluciones.

De las 720 víctimas que abarcó la causa, 198 eran gremialistas. Entre las víctimas hubo integrantes de los sindicatos Luz y Fuerza, Me­cá­nicos y Afines del Transporte Automotor, del Caucho, Perkins, Unión de Educadores, de Lecheros y obreros automotrices.

Entre los desaparecidos hubo también trabajadores judiciales, de prensa, empleados pú­blicos, obreros y empleados municipales, de frigoríficos, de la salud, metalúrgicos y de la mesa de resistencia de gremios en lucha organizada en 1975 cuando los sindicatos oficiales fueron intervenidos.

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