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Buscan enjuiciar a operadores de justicia por abuso de autoridad

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El Ministerio Público de Honduras introdujo hoy varios antejuicios contra operadores de justicia por delitos de corrupción a través del operativo Dragón III. 

Los funcionarios judiciales Erika Yolanda Cálix Hernández, de Gracias; Nelson Omar Madrid Chinchilla, de San Pedro Sula; Keyla Yolany Fugón Ávila, de Yoro, fueron imputados por varios delitos de abuso de autoridad y prevaricato.

Se promovió antejuicio ante la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán en contra de Cálix Hernández, quien a sabiendas de la prohibición expresa del artículo 184 del Código Procesal Penal en lo referente a los delitos por los cuales no cabe otra medida cautelar más que la prisión preventiva, incurrió en el delito de abuso de autoridad, al otorgar medidas sustitutivas a favor de un imputado al que se seguía proceso penal por el delito de violación, en una flagrante violación al principio de legalidad y generando impunidad producto de un acto de corrupción.

Asimismo, se presentó antejuicio en la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, contra Madrid Chinchilla, por prevaricato, tras acreditarse que el togado de manera arbitraria y antojadiza, «inobservó disposiciones legales contenidas en el Código Procesal Civil y violando el principio de debido proceso, dictó irregularmente una sentencia definitiva en una demanda exonerando al representante legal de la Sociedad Cristiana Nueva Vida S. de R.L. a pagar a varios socios demandantes la cantidad  133 millones 713 mil 217 lempiras.

Cabe señalar, que el tipo penal de prevaricato consignado en el artículo 379 numeral 1 del Código Penal ordena la sanción del juez que con malicia o verdadera conciencia de injusticia dicte sentencia contraria a la ley en un juicio no criminal.

Fiscales de enjuiciamiento de operadores judiciales  impulsaron un nuevo antejuicio en la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, contra de la Fugón Ávila, por cuatro delitos de abuso de autoridad en concurso real, al hacer un uso abusivo del poder depositado en el ejercicio de su cargo y con cuatro resoluciones distintas favorece y al final ordena ilegalmente la excarcelación de un imputado que mantenía dos causas penales por agresiones a una dama, queriendo responsabilizar a autoridades penitenciarias de Santa Bárbara por actuaciones y resoluciones reprochables a su persona por proferir órdenes contrarias a la ley.

Finalmente, se interpuso ante la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, contra el juez Luis Enrique Maljik Flores, a quien se le presume responsable del delito de abuso de autoridad, al incorporar en un expediente judicial, en contubernio con una de las partes en un litigio, las declaraciones tributarias de cinco empresas, pese ha haber sido informado por parte de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) sobre la prohibición legal de divulgar la información a detalle de los contribuyentes, que se considera en reserva, secretividad y confidencialidad.

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