HomePolíticaHonduras: Cuestionan grave manipulación de Ley de ‘política limpia’

Honduras: Cuestionan grave manipulación de Ley de ‘política limpia’

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) lamentó que el Congreso Nacional de Honduras haya trastocado el espíritu de la Ley de financiamiento de campañas políticas y se hayan reducido a la mínima expresión la finalidad de controlar el ingreso de capitales a las campañas proselitistas.

Asimismo, cuestionó a la clase política porque «ha mostrado su gran capacidad de reducir al mínimo las reformas propuestas por la MACCIH, con el agravante de que, en esta oportunidad, se evidenciaron públicamente las diferencias existentes al interior de la Misión».

«La Ley de Política Limpia, a pesar de sus fuertes limitaciones, responde a la demanda de la ciudadanía de controlar el financiamiento de la política, poner freno a la corrupción en el sistema político y conocer quiénes financian los partidos y sus candidatos y candidatas. Esto no hubiera sido posible sin las Marchas de las Antorchas y la presencia de la MACCIH en el país. Aunque todavía hace falta mucho por avanzar en la transparencia financiera electoral», aseguró Cespad en un amplio informe.

La oenegé recordó que el proceso de aprobación de la denominada Ley de política limpia «fue lento, tortuoso y conflictivo». «En el Congreso Nacional la propuesta original de la MACCIH fue trastocada, modificada y reducida al mínimo en sus alcances».

Aunque la nueva norma presenta enormes deficiencias, aseguró Cespad, «ha implicado algunos avances en la normativa jurídica del país, relacionada con el financiamiento de las campañas electorales, entre ellos, la creación de un sistema de inteligencia financiera, constitución de la Unidad de Fiscalización, obligación del registro de los aportes financieros en cuentas bancarias (aportes públicos y privados), determinación de límites para los gastos de campañas y de las aportaciones privadas, ampliación del financiamiento público para actividades específicas, y, la definición de un sistema de controles y sanciones».

Las preocupaciones de la entidad radican en que la nueva ley no legisla sobre algunos aspectos que son estructurales para el combate de la corrupción política en el país y, al contrario, registra retrocesos en relación con normativa como la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, vigente desde
2004.

«En tal sentido, es preocupante que en las fuentes prohibidas para el financiamiento privado no se esté considerando a las empresas y ejecutivos con contratos de concesiones con el Estado. En especial cuando las evidencian indican que es a partir del financiamiento de este tipo de empresas que se articulación redes de corrupción pública-privada, las cuales se refuerzan y amplían cada cuatro años en los procesos electorales», alertó.

Las redes de corrupción, prosigue el informe, constituyen canales idóneos para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y del crimen organizado y a pesar de la aprobación de la Ley de política limpia, «continúa siendo un punto crítico en el sistema electoral hondureño el uso de los recursos públicos en política partidaria».

Los pretendidos avances de la ley recién aprobada «son contradictorios y, a la vez, repetitivos de la normativa vigente. No se han recogido las mejores prácticas de la región que establecen la prohibición del uso de fondos y propaganda estatal con fines proselitistas desde el día de
convocatoria a elecciones, hasta la realización de las votaciones».

Cespad lamentó que si bien ya está vigente la nueva herramienta legal «poco se ha avanzado en la democratización de los medios de comunicación en los procesos electorales. Continúa presente el alto costo financiero y la posibilidad de la negación de publicitar propaganda de fuerzas políticas con
la Ley de política limpia, una evidencia del boicot de la élite hondureña a reformas electorales sustantivas contrarias a las simpatías partidarias de los dueños de los medios».

«Al respecto, tampoco se han considerado las buenas prácticas de otros países latinoamericanos, que en el financiamiento público indirecto han encontrado una opción para que todos los partidos políticos puedan acceder a medios de comunicación pública y privada, facilitando una competencia electoral menos excluyente y desigual», detalla una parte de las conclusiones.

Otra de las conclusiones establece que si bien ya fueron electos los fiscalizadores de campañas políticas y que sienta las bases para la aplicación de la Ley propuesta en su momento por la Misión Anticorrupción de la OEA para Honduras (MACCIH) «su selección ha sido cuestionada porque evidenció el nulo efecto veedor de la sociedad civil organizada y la distorsión de los principios de meritocracia en su nombramiento».

«No obstante lo anterior, los comisionados tienen importantes retos por delante, en especial, evidenciar que no son un instrumento de los partidos políticos y que efectivamente pueden supervisar de manera independiente su financiamiento», concluye.

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