HomeEditorialOpinionHonduras sigue siendo el lugar más peligroso para defender el medio ambiente

Honduras sigue siendo el lugar más peligroso para defender el medio ambiente

(Por Joaquín Mejía) En su informe anterior, Global Witness corroboró que “no hay ningún lugar en el que sea más probable morir asesinado por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente que en Honduras”.

En el informe más reciente que acaba de publicar la semana pasada, Global Witness vuelve a señalar a Honduras como el país más peligroso para defender la tierra y los bienes naturales, ya que las “empresas mineras, madereras, hidroeléctricas y agrícolas pisotean a las personas y al medio ambiente en su búsqueda de ganancias”.

En todo el mundo fueron asesinadas al menos 200 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente solo en el 2016 y esta tendencia no solo está creciendo sino que también se está expandiendo, y es posible que el número de asesinatos sea más alto porque muchos de ellos no son reportados y aún menos investigados.

Aunque en nuestro continente la violenta lucha por la riqueza natural del Amazonas hace que Brasil sea el país más mortal del mundo según el simple número total de asesinatos, Honduras sigue siendo el más peligroso, considerando el número de asesinatos per cápita.

En este sentido, las 127 personas defensoras asesinadas desde 2007 y las 14 asesinadas solo en 2016 reafirman lo anterior y hacen de nuestro país el más peligroso del mundo en la última década para ser una persona defensora.

De este nuevo informe se pueden extraer tres importantes conclusiones. En primer lugar, las represas hidroeléctricas, las empresas mineras y madereras, y los agronegocios son las industrias más vinculadas a los asesinatos de las personas defensoras del medio ambiente.

En segundo lugar, la falta de cumplimiento del Estado de su obligación de consultar previamente a las comunidades es lo que genera graves conflictos con un alto costo para los derechos humanos que se concreta en intimidaciones, desplazamientos, asesinatos y criminalización de los actos de oposición comunitaria.

En tercer lugar, la fortaleza y convicción de las comunidades y personas defensoras de los bienes naturales que pese a los riesgos que enfrentan diariamente continúan su resistencia pacífica frente a los proyectos de muerte.

Como lo señala Ana Miriam Romero, lideresa de la comunidad de Santa Elena que se ha opuesto a la represa Los Encinos, “[d]ebemos mantener la lucha, no podemos estar asustados por todos los asesinatos que han ocurrido. No debemos perder nuestro espíritu, el futuro de nuestros hijos depende de ello”.

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