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HRW reclama activación de Carta Democrática de la OEA ante crisis en El Salvador

SAN SALVADOR, EL SALVADOR

(Sputnik) La organización Human Rights Watch (HRW) sugirió la activación de la Carta Democrática de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para analizar la militarización del Parlamento de El Salvador como medida del presidente Nayib Bukele para presionar a los diputados de ese país.

«Esta exhibición de fuerza bruta justifica reunión urgente de la OEA, en función de la Carta Democrática. ¿Nayib Bukele ordenó ingreso de militares con armas largas a la sesión del Congreso para ‘persuadir’ a los congresistas de las virtudes de su gobierno?», publicó José Miguel Vivanco, director ejecutivo de HRW para las Américas, en su cuenta de la red social Twitter.

​Dicho documento es un instrumento que proclama como objetivo principal fortalecer y preservar la institucionalidad democrática, al establecer que la ruptura o alteración del orden constitucional de un país miembro impida la participación de su Gobierno en las diversas instancias de la OEA.

Antes de este pronunciamiento de Vivanco, el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) también demandó la activación de la Carta Democrática por considerar que las recientes acciones de Bukele rompían el orden constitucional.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, declaró en redes sociales que conversó con la canciller salvadoreña, Alexandra Hill, y esta le reafirmó el respeto del Gobierno de su país por la Constitución y la institucionalidad.

«Curioso concepto constitucional de Hill. Sin embargo, aquí no hay margen de error, Almagro: en El Salvador, Bukele decidió intimidar al Congreso, rodeándolo e invadiéndolo con militares. Eso atenta contra la democracia y debe ser condenado sin ambigüedad», enfatizó Vivanco.

La crisis en El Salvador comenzó el pasado jueves, cuando Bukele invocó el artículo 167 de la Constitución para convocar a través del Consejo de Ministros a una sesión extraordinaria de la Asamblea, para tratar la aprobación de un crédito internacional para financiar la tercera fase del plan Control Territorial.

La Asamblea aprobó un informe en el que demostraba la improcedencia de tal llamado, por considerarlo una violación de la separación de poderes del Estado, y Bukele afirmó que si los diputados no acudían incurrían en desacato y el pueblo podría ampararse en el artículo 87 para iniciar una insurrección ciudadana.

En ese contexto, la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil de El Salvador expresaron su apoyo a Bukele, lo cual activó las alarmas de la sociedad civil y de organismos como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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