Friday, Oct 18, 2019
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Iglesia hondureña oculta y protege a sacerdotes acusados por abusos sexuales

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

Es una investigación comenzada por la Santa Sede que busca aclarar la verdad sobre informaciones confusas e inacabadas, la reparación de las víctimas, algunas medidas que a corto y mediano plazo permitirá alcanzar la justicia.

El proceso incoado en Chile y el derecho público en Pennsylvania e Irlanda, demuestran de manera clara que el papa está a favor de las víctimas y exige penalización tanto para los hechores como para los Superiores y Prelados consentidores en el tema de abusos y ofensas sexuales contra menores. El día 16 de agosto, refiriéndose al caso de los niños afectados por largas décadas sucesivas en Pensilvania usó dos palabras que puedan expresar cómo se siente el papa ante estos terribles crímenes: vergüenza y el dolor.

Se tiene la convicción de que los obispos no siempre han sabido acoger en todas las instancias eclesiales las orientaciones de la Santa Sede ni seguido los pasos y protocolos debidos para denunciar y abordar oportunamente los casos de abuso sexual. Por eso todavía hay personas que han sido silenciadas por el abuso, silenciadas por el trauma, silenciadas por la jerarquía de la iglesia.

Las faltas u omisiones han causado dolor y perplejidad, han afectado la comunión eclesial y han dificultado la conversión y minado la esperanza y —sobre todo— han retardado al justicia de la Iglesia, agravando el daño producido por los victimarios , no habiendo sido diligentes ni más activos en las investigaciones y no habiendo sido empáticos ni atentos al dolor sufrido por las víctimas, familiares y la comunidad eclesial.

Las palabras de Francisco instan a una profunda y honesta búsqueda de la verdad: “Les prometo que vamos a seguir el camino de la verdad, dondequiera que pueda llevar. El clero y los obispos serán llamados a dar cuenta si han abusado de los niños o no fueron capaces de protegerlos». (Filadelfia, 2015).

En el documento de la Santa Sede emitido el día 16 de agosto de 2018, la Santa Sede empuja a estar en constante reforma y vigilancia, en todos los niveles de la iglesia católica, para garantizar la protección de los menores y de los adultos vulnerables. Subraya también la necesidad de obedecer a la legislación civil, incluida la obligación de denunciar los casos de abusos a menores», dice el comunicado explicado por el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Greg Burke, en el texto.

1. Los Obispos no han seguido las medidas para prevenir abusos. “Prometo que todos los responsables darán cuenta” (papa Francisco, 27 de septiembre de 2015, Filadelfia). La primera medida es la de colaborar con las investigaciones que se realicen en la justicia penal, con el debido resguardo del “nombre de los denunciantes y las víctimas que expresamente soliciten reserva de su identidad”. El obispo es quien debe denunciar a la justicia, no la víctima ni la familia de la víctima. A penas hay noticia de un hecho, se debe abrir un periodo eclesiástico de investigación cuyo tiempo máximo es de 60 días, los antecedentes y resultados de dicha investigación deben ser entregados al Fiscal correspondiente, sobre todo si se trata de niños y de adolescentes.

“Prometo que todos los responsables darán cuenta” (Papa Francisco, 27 de septiembre de 2015, Filadelfia. VIII Encuentro Mundial de las Familias).

Si el obispo reconoce su ineptitud para afrontar el procedimiento y encarar a los ofensores, entonces debe pedir la ayuda e intervención del Consejo Nacional de Prevención de Abusos, para que pueda recabar información actualizada sobre las investigaciones y procesos penales en su Diócesis cada vez que aparezca un caso. El sacerdote en investigación sindicado como responsable de un acto contra un menor debe ser suspendido de inmediato de sus funciones, con medidas cautelares.

Al sacerdote mientras tanto se le imponen medidas cautelares, por lo que debe ser apartado inmediatamente del oficio de párroco o cualquier otra función y no puede realizar actos públicos propios del ministerio sacerdotal y se le ordena residir en el domicilio que determine el Ordinario mientras dure la investigación. Conforme a los lineamientos definidos por la Santa Sede, y el pasado viernes 3 de agosto de 2018, y reiterando el compromiso de colaborar con la justicia, el Obispo que no actúe de esa manera se hace el mismo reo de la pena de encubrimiento por faltar contra la transparencia y la responsabilidad legal.

El obispo tiene la facultad de ejecutar acciones y recibir las denuncias de abusos conforme a la normativa canónica. El no hacerlo, o la omisión de un registro documentado y protocolizado de cada uno de los pasos dados, es una grave negligencia que repercute en la civilmente y penalmente en el obispo.

Tratándose de un menor o una menor, incluso de un adulto que no quiere comparecer ante las autoridades de la fiscalía para evitarse la publicidad o la afrenta, el obispo del lugar tiene la obligación de ser él mismo o delegar con un poder de representación legal a un abogado para que colabore con la justicia y entregue el nombre del denunciante a la fiscalía habiendo antes solicitado su consentimiento.

2. La justicia comienza con la entrega que hace el obispo al acusado pues tiene la obligación de denunciar los casos de abusos a menores. “Prometo que todos los responsables darán cuenta” (papa Francisco, 27 de septiembre de 2015, Filadelfia).

La justicia penal hará su tarea cuando reciba la noticia de un hecho. La acción judicial empieza con la entrega que hace el Obispo del lugar a las autoridades civiles. El Obispo dará garantía de que en cuanto tuvo noticias de un hecho 1) identificó la víctima (nombre, apellido, edad, lugar del ataque del sacerdote infractor), 2) ha procedido con sentido canónico suspendiendo inmediatamente al sospechoso de sus oficios ministeriales y de todo cargo o función administrativa hasta que se aclaren y se dirima los hechos en los tribunales.

En cambio, si el obispo omite esos dos pasos y no acusa al criminal y no entrega la información a las autoridades civiles correspondientes, además no ha tomado las medidas preventivas correspondientes a los implicados en un hecho de pederastia, por esa negligencia a él le toca también, ipso facto, ser acusado por no colaborar con la justicia. El desconocimiento de la Ley de protección contra abusos de menores de Honduras no dispensa a un obispo de actuar correctamente.

El deber de un obispo es estar junto a las víctimas, aquel que no ha llamado a una víctima, no ha hablado con ella, no le ha visitado o no ha tenido en cuenta sus declaraciones y ha hecho caso omiso de este requisito, es también culpable de negligencia, porque es su deber no el proteger y salvaguardar el bien del sacerdote imputado sino el estar junto a la víctima. Son las víctimas los prioritarios respecto al acompañamiento, después vendría la etapa de reconstrucción de la iglesia.

3. En Honduras ha habido negligencia. “Prometo que todos los responsables darán cuenta” (Papa Francisco, 27 de septiembre de 2015, Filadelfia).

Los niños de Honduras, valen tanto como los de Chile, Pennsylvania o Irlanda. Extraña mucho y es una ofensa que se mezcla con el desprecio a los pobres, el hecho de que los casos de Honduras no se conozcan en el Vaticano y nadie habla de reparar el daño, de consolar a las víctimas ni de sancionar penal y canónicamente a los malhechores ni a sus encubridores, los Obispos. Una investigación concienzuda daría con la pista muy pronto sobre esos crímenes en la Iglesia de Honduras.

En Honduras, según el Código de la Niñez y la Adolescencia (1996) se sigue esta normativa:

Para todos los efectos legales se entiende por niño o niña a toda persona menor de dieciocho años. La niñez legal comprende los períodos siguientes: La infancia que se inicia con el nacimiento y termina a los doce (12) años en los varones y a los catorce (14) años en las mujeres y la adolescencia que se inicia en las edades mencionadas y termina a los dieciocho (18) años.

Los mayores de esta edad pero menores de veintiún (21) años toman el nombre de menores adultos. En caso de duda sobre la edad de un niño, se presumirá mientras se establece su edad efectiva que no ha cumplido los dieciocho (18) años.

Si los hechos reclamados corresponden a un niño o una niña comprendidos en los rangos de la edad arriba señalados, debe ser perentoria e inmediata la reacción de la Autoridad eclesiástica correspondiente y actuar competentemente favoreciendo que dicha denuncia o noticia de denuncia sea conocida por la fiscalía. De cada caso debe existir un documento protocolizado con las firmas correspondientes tanto del obispo que emana el decreto u oficio como del sindicado como señalado e imputado cuando este es notificado.

Todo esto es por un tema de sanidad social de la institución y de la comunidad de la iglesia. Pongamos las hipótesis de que en la arquidiócesis de Tegucigalpa hubiese muchos casos de abusos sexuales, de poder, de conciencia y de encubrimiento por parte del obispo a los clérigos infractores.

Entonces —en ese caso hipotético— no se trata solamente de abusos, todo abuso es considerado un acto de violencia contra las víctimas y, por ende, una violación. En Tegucigalpa esos casos callados podrían comenzar por el padre German Flores, pero hay otros nombres (uno que ya no está en Miraflores, otro que ya no está en Cedros pero ahora está allá por la Nueva Capital, uno que es vicario en una céntrica parroquia de la ciudad, otro que ha visitado la San Cayetano, y así, entre otros) que sabemos y que por profesionalismo hoy omitimos. Ninguno ha sido remitido a la autoridades civiles y judiciales a pesar que de ello posiblemente ya las Autoridades han tenido noticias.

En la investigación a fondo que se está realizando en ConfidencialHN y que se está poniendo al descubierto la negligencia inherente e invencible con que se ha actuado evitando sancionar a los Sacerdotes y olvidando el dolor de las víctimas.

4. Más clara todavía es la actuación del Obispo de Danlí. “Prometo que todos los responsables darán cuenta” (Papa Francisco, 27 de septiembre de 2015, Filadelfia).

Consta que hace unos veinte años se sabía de las faltas frecuentes del padre German Flores, quien a la sazón trabajaba asignado a la parroquia de San Martín de Porres en Tegucigalpa;de ahí fue removido a la Parroquia La Inmaculada Concepción de la Ciudad de Danlí. Pero como dicho Sacerdote reprodujo ahí los mismos hechos, entonces el Mons. Jun José Pineda lo trasladó a la Parroquia Sagrado Corazón, en la misma localidad, Danlí.

Es decir, actuó silenciando la situación, no hubo medidas cautelares ni penitenciales contra el delincuente ni ninguna acción que reflejara reparación y sanación de las víctimas. La reincidencia del abusador se remedió con traslados. Nunca hubo un gesto o una acción que hablara de empatía y cristiana condolencia con las víctimas.

El colmo es cuando en el caso del padre German Flores, la familia de una joven de nombre Maryorie Almendares —que años después contrajo cáncer y murió a causa de esa enfermedad—, reveló lo que había sucedido con este sacerdote; la familia dio sus declaraciones ante las autoridades respectivas e interpusieron su denuncia y las jóvenes que fueron testigos de la violación también aportaron sus declaraciones ante el Ministerio Público.

El obispo de la Diócesis de Danlí no ha sabido manejar la situación, ha obstruido el proceso canónico, mantuvo oculto al padre German Flores durante dos meses en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de Tegucigalpa, con la venia de monseñor. Juan José Pineda, alegando caridad para con el infractor y razones humanitarias para cuidar su salud. El caso no ha expirado, sigue en investigación judicial. En este momento solo el Obispo conoce su paradero y provee su sustento.

A instancias del Ministerio Público, aun cuando tuvo noticias de la situación en el mes de noviembre del año pasado, no escribió ningún protocolo de suspensión del ministerio presbiteral al acusado, German Flores, sino hasta finales del mes de enero, declarando ante el fiscal que le interrogó que no lo había hecho antes porque él no tenía noticia de que la familia hubiese presentado ante las autoridades de justicia del País la denuncia contra el sacerdote mencionado.

En este caso vemos como el obispo Canales ha actuado muy al margen de los procedimientos del “sentido común”, ha sido retardatario en reaccionar, ha sido blando con el infractor y poco caritativo con la familia de la víctima, ya fallecida. Ha dado protección moral, médica y económica al que cometió el delito reiterado de abuso contra menores y no ha presentado ninguna denuncia obviando, con grave ignorancia, los pasos a seguir para tratar adecuadamente los casos de abusos a menores.

La situación del caso ejemplar del sacerdote German Flores en la diócesis de Danlí y el manejo errado y deficiente del obispo, amerita una investigación en donde, al final se puede pronosticar con gran facilidad que la sentencia sería suspensión del ministerio sacerdotal del sacerdote culpable y la remoción del obispo, también culpable.

Aquí cabe mencionar la frase de Francisco que se aplica al caso indolente, negligente e incongruente del obispo Canales: “prometo que todos los responsables darán cuenta” (Papa Francisco, 27 de septiembre de 2015, Filadelfia). Ojalá los niños de Honduras provoquen en el papa los mismos sentimientos de vergüenza y dolor que dice suscitan en él los niños de Chile, de EE.UU. y de todo el primer mundo.

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