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Informe Tardío y Ridículo sobre Corrupción en Copeco e Invest

Por: Juan Alfaro Posadas 

El Tribunal Superior de Cuentas, TSC, publicó el jueves anterior el Informe sobre los actos de corrupción que encontró en la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, y en Inversión Estratégica de Honduras, INVEST-H, en relación con el manejo de los fondos destinados a la compra de ventiladores mecánicos, mascarillas, hospitales móviles y otros insumos para hacerle frente a la pandemia de la Covid-19.
Ese Informe ha sido calificado por muchos analistas y observadores de la realidad nacional como extemporáneo, incompleto, ridículo e irrespetuoso a la inteligencia y talento del pueblo hondureño, porque el mismo se rinde a casi nueve meses del inicio de la pandemia en el país.
Las facturas que se presentan, además de ser copias de documentos que no fueron extendidos por las verdaderas firmas comerciales proveedoras, están sobrevaloradas, e incompletas, lo cual, por un lado mueve a risa, y por el otro provoca indignación popular, provocando una acumulación de inconformidad, que podría desembocar en un estallido político y social.
Ese documento, contentivo de varias páginas, busca calmar los ánimos violentos de la población que ha llegado al hartazgo con tanta corrupción de parte de la administración nacionalista de Juan Orlando Hernández Alvarado, JOHA, que mantiene secuestrados a los tres poderes del Estado y a las demás instituciones.
Luego de la publicación de ese dictamen, producto de las indagaciones superficiales y discriminativas realizadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, se ve obligado el Ministerio Público a actuar de oficio en la persecución del delito, como ente acusador, y en representación del Estado.
El primer sujeto en ser investigado, debería ser el Secretario de Relaciones Exteriores, Lisandro Rosales, por ser uno de los ideólogos en las compras realizadas por la COPECO, de la cual fue su titular durante mucho tiempo, y es de los más cercanos colaboradores del régimen de JOHA.
Empero, conociendo la modorra, ineficacia, ineficiencia y negligencia que en los últimos once años ha demostrado el ente acusador del Estado, no creemos que vaya a judicializar los actos de corrupción presentados en dichas instituciones, en el marco de la pandemia, para sólo referirnos a un caso concreto, no digamos en el resto de actos de latrocinio en todo el Estado.
El fiscal general del Estado, Oscar Fernando Chinchilla, está del lado de Hernández Alvarado y su pandilla, y no de la institucionalidad. En consecuencia, el Informe del TSC, desde ya podemos atrevernos a afirmar, que será engavetado para que duerma el sueño de los justos, tal y como ha ocurrido con otros casos.
Estamos en indefensión, no hay Estado de derecho, no hay institucionalidad. Lo que existe es una dictadura feroz y más de dos mil leyes que representan papel mojado, porque no se cumplen.
El Ministerio Público y el Poder Judicial, que son entes para emplear burócratas, pueden desaparecer, y en Honduras no pasa nada. El pueblo sigue siendo burlado.
La única salida que nos queda es tomar conciencia y hacer acopio del derecho a la insurrección, contemplada en el artículo 3 de la Constitución de la República, para botar la tiranía, y de inmediato establecer un nuevo pacto social, que marque las reglas a seguir para comenzar a construir una nueva historia, y sentar las bases de la construcción de nuestro destino final.

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