HomeNacionalInician proceso judicial contra supuestos implicados en “Pacto de Impunidad”

Inician proceso judicial contra supuestos implicados en “Pacto de Impunidad”

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Ministerio Público presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) requerimiento fiscal contra el secretario del Congreso Nacional Tomás Zambrano y el diputado Román Villeda Aguilar por suponerlos responsables  de participar en el “Pacto de Impunidad” que denunció en su momento la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).

En un comunicado emitido por la Misión, se conoció que a los parlamentarios se les achacan  los “presuntos delitos” de falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno.

En un video exclusivo de ConfidencialHN, se muestra cuando los fiscales de la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción e Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP) Elmer Cruz y Juan Carlos Griffin, acompañados de un funcionario de la MACCIH, llegaron hasta la Secretaría de la CSJ a interponer el escrito.

Al finalizar la audiencia en la Corte, los fiscales y el acompañante de la Misión, para evitar la prensa abandonaron el lugar por la salida exclusiva del presidente del Poder Judicial y de los magistrados.

Según el planteamiento hecho por los enviados por la OEA, el 11 de diciembre del 2017 se originó el “Pacto de Impunidad”  cuando la UFECIC presentó requerimiento fiscal contra los diputados Augusto Cruz Asencio, Héctor Enrique Padilla, Audelia Rodríguez, Dennys Sánchez y Eleazar Juárez y tres “extraños” por el delito de malversación de caudales públicos en el caso «Red de Diputados».

Cuando la audiencia se encontraba en trámite, el 18 de enero el Congreso Nacional modificó por adición la Ley de Presupuesto aprobada en el Decreto Legislativo No. 141-2017 contentivo de las disposiciones generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el 2018 publicado en La Gaceta.

En la modificación, la MACCIH denunció que se incluyeron disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de los diputados y se produjo la imposibilidad de iniciar investigaciones contra los funcionarios que manejaron fondos públicos mientras el Tribunal Superior de Cuentas no culmine, en un plazo de tres años, las investigaciones administrativas.

 

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