HomeEditorialOpinionIniciativas legislativas

Iniciativas legislativas

(Edmundo Orellana) El gobierno presentó un paquete de iniciativas legislativas alegando que se mejorará la transparencia y la operatividad de la función pública y se apresta a presentar otros.

Se propuso una nueva legislación sobre contratación administrativa y sobre la relación de trabajo, y anunció que se presentará otra sobre el régimen del Servicio Civil. Desconocemos el contenido de estas iniciativas, pero sospechamos que su finalidad no es la que alega el gobierno.

¿Cómo confiar que la nueva normativa de la contratación administrativa la hará más transparente y más eficiente, si el gobierno que la propone tiene como modus operandi el régimen de excepción e impone el secreto en el ejercicio de la función pública? Apela al régimen de excepción para eludir la regla general de apegarse a procedimientos que garantizan el eficiente uso de los recursos públicos.

En materia de suministros, por ejemplo, opera un sistema centralizado en el que la selección del proveedor y el régimen de ofertas es tan opaco que su funcionamiento parece envuelto en una espesa niebla de sospecha. En materia de consultoría, un reparo del TSC a un ministro religioso puso en evidencia el uso que se le da a este tipo de contrataciones; en materia de obra pública, las empresas y la ejecución de los proyectos están en cuestión desde que se sabe que este procedimiento fue utilizado por los narcotraficantes para lavar dinero, cuestión que fue ampliamente debatido y probado en los juicios a extraditados hondureños en las cortes federales gringas.

Estas disfunciones ocurren no porque la ley lo permita sino porque los funcionarios actúan al margen o en contra de la ley que regula la contratación. Se escudan en la ley que cubre con el velo del secreto las actuaciones del Estado o simplemente no cumplen los recaudos previstos en la normativa respectiva. Y no les importa.

Las pérdidas que ocasionan estas operaciones al Estado y a sus instituciones, incluyendo a las municipalidades, son incalculables, porque no solo se trata de incumplimientos manifiestos de las estipulaciones del contrato, sino también de proyectos acabados con vicios ocultos que solo el tiempo permite observar. La deficiencia en la pavimentación permite el bacheo permanente de las carreteras, generando pingües y sostenidas ganancias a los involucrados.

Nuevas normativas se proponen para regular la relación entre obrero y patrono y entre servidor público y Estado, respectivamente. Sospechosamente, el gobernante manifestó, en referencia a esta normativa, que era tiempo de frenar el flujo de dinero del presupuesto, motivado por las condenas al Estado en los juicios incoados por obreros o servidores públicos despedidos.

Lo que anima al gobierno, entonces, no es mejorar la normativa en esta materia. Su interés es evitar las condenas judiciales al Estado en caso de despidos de servidores públicos y de obreros. Identificar los diabólicos mecanismos incorporados en esos instrumentos para evitar que estos trabajadores defiendan sus derechos mediante reparaciones económicas justas en caso de despido, es el deber ineludible de los “honorables” diputados. Sin embargo, su díscolo comportamiento no nos garantiza que se interesen en ello.

El despido ilegal e injusto atenta contra un derecho elemental de quien presta su fuerza de trabajo, la estabilidad en el cargo, que supone que el despido de un servidor público o de un trabajador solamente procede cuando incurra en una falta de las que la ley prevé como causa de extinción de la relación de trabajo o de servicio.

No es cierto, como alega el gobierno, que defender este derecho ocasione grandes pérdidas al Estado. Porque la Constitución prevé un mecanismo para evitarlo. Se trata de la acción de repetición contra el funcionario responsable del despido ilegal, para que el Estado obtenga de este lo que pague al despedido ilegalmente en cumplimiento de la sentencia condenatoria. Es más, si esta acción se hubiese ejercitado en contra de todos aquellos que despiden ilegalmente, todo el dinero pagado en estos casos se hubiera recuperado, función que corresponde, cuando se trate del Estado, a la Procuraduría General de la República.

Las iniciativas del gobierno, desafortunadamente, no gozan de credibilidad entre la población, que sospecha de todo lo que propone o hace. A eso nos condujo la iniciativa de las famosas “ciudades modelo”, por la que pretenden entregar porciones del territorio a extranjeros para que estos actúen como gobernantes en los mismos, y la iniciativa por la que se proponían despedir masivamente a empleados en Salud y Educación, solo para citar dos de los numerosos ejemplos de iniciativas perjudiciales para los intereses de los hondureños, que nos provoca indignación y nos anima para decir con fuerza: ¡BASTA YA!

FOLLOW US ON:
Se registra la quint
Seis nuevas muertes
Rate This Article:
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT