jueves, diciembre 3, 2020
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Investigadores independientes revelan cómo se conspiró para asesinar a Berta

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), concluyó que se dieron varios factores que contribuyeron a que se consumara el crimen contra la líder ambientalista Berta Cáceres, ejecutada el 2 de marzo de 2016 en la occidental ciudad de La Esperanza.

De acuerdo al análisis que realizó el organismo y que fueron publicados hoy, señalan que se trastocaron varios acuerdos suscritos por el Estadocon organismos internacionales y se arremetió contra organizaciones indígenas, como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenes de Honduras (Copinh) que dirigía Cáceres a fin de sabotear la lucha que emprendieron contra la destrucción de los recursos de territorios ancestrales.

Asimismo, destaca el informe denominado Represa de violencia el plan que asesinó a Berta Cáceres, que los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA) «implementaron, al menos desde 2012, una serie de acciones para neutralizar la oposición del COPINH, en este sentido se realizaron: campañas de desprestigio en su contra, instrumentalización a las comunidades para generar ruptura del tejido social y división, infiltración, seguimientos, amenazas, sicariato, sabotaje de equipo de comunicaciones, cooptación de operadores de justicia y fuerzas de seguridad».

También se emprendió el «fortalecimiento de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado para ejecutar ataques sistemáticos en contra de quienes se oponían al proyecto. En este marco, se configuraron violaciones al honor, la libertad, la integridad y la vida de numerosas personas
de las comunidades afectadas, de Berta Cáceres Flores y otras personas integrantes del Copinh».

Tras haberse efectuado una fortísima campaña de desprestigio contra los integrantes del movimiento popular que salieron en defensa del río Gualcarque, ubicado en el límite departamental de Intibucá y Santa Bárbara, sobrevino «el asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores ejecutado el 2 de marzo de 2016, respondió, como mínimo, a un plan concebido, por altos directivos de DESA, al menos desde el mes de noviembre de 2015, habiéndose delegado en uno de los procesados la ejecución del operativo y la articulación con agentes estatales y no estatales para lograrlo».

El grupo de expertos independientes concluyeros que los cuerpos de investigación «no han seguido las normas de debida diligencia e investigado
exhaustivamente para procesar y sancionar a todas las personas responsables del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto».

«Dicha circunstancia vulnera los derechos a la verdad, justicia y reparación para los familiares de las víctimas, las personas integrantes del Copinh, las personas defensoras de derechos humanos y la sociedad hondureña…El Ministerio Público ha incurrido en violaciones al derecho de las víctimas de participar plenamente en el proceso interno, derecho que está previsto en la propia legislación hondureña así como en los estándares internacionales, lo cual vulnera la garantía del debido proceso, así como los derechos a la verdad, justicia y reparación», denunció el equipo internacional.

Las pruebas que pudieron encontrar los investigadores agrupados en el GAIPE «es concluyente» sobre la participación de fuerzas de seguridad, directivos y empleados de DESA, quines conspiraron para darle muerte a Cáceres «sin embargo, el Ministerio Público no ha realizado imputaciones respecto de estas personas. Adicionalmente, existe prueba que demuestra la comisión de otros delitos que no han sido investigados».

«La prueba sobre la participación de diversas personas no imputadas hasta la fecha, la tienen los agentes a cargo de la investigación, al menos, desde el 2 de mayo de 2016, sin embargo no se conocen diligencias para ampliar las imputaciones, esto, sumado a la negativa del Ministerio Público de brindar información a las víctimas ha permitido que personas que tomaron parte en la decisión» sigan impunes.

Las pruebas sobre el crimen de la reconocida y galardonada ambientalista, a juicio de GAIPE «es suficiente» para procesar por otros delitos a los directivos, dirigentes y personal operativo de DESA, al igual que a los agentes estatales, e inclusive ampliar las acusaciones respecto a actuales imputados.

«Algunos de estas conductas delictivas previstas en la legislación hondureña son: asociación ilícita, conspiración para delinquir, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad y los recursos de DESA, a través del sistema financiero internacional fueron determinantes
para incrementar los niveles de violencia en las comunidades, así como, los ataques sistemáticos en contra de comunidades integrantes del Copinh y Berta Isabel Cáceres Flores», sentenciaron.

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