HomeNacionalIrresponsabilidad de juez tiene en el banquillo de los acusados a un niño

Irresponsabilidad de juez tiene en el banquillo de los acusados a un niño

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El controvertido juez de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), Claudio Aguilar, nunca reparó en que libraba una orden de captura contra un menor de edad, de nombre José Luis Rodríguez Ramos, a quien acusa de haber supuestamente pagado para matar a una persona, según una copia del requerimiento que tiene en su poder este periódico.

Los documentos en poder de ConfidencialHN constatan que Rodríguez Ramos, nació el 26 de junio de 2006, por lo que se encuentra en edad escolar y no puede ser juzgado por ser iun infante y por carecer de la «madurez» para perpetrar un crimen u ordenarlo.

Estimado lector, revise de forma despaciosa la acusación que pende contra el niño, cuya identidad es 1516-2006-00115, y que a su edad no puede decidir por sí mismo y apenas comienza a vivir, como para ser sujeto de juicio por conspirar para ultimar a una persona, hecho que nunca se consumó.

Asimismo, las autoridades, como una forma de blindarse de cualquier culpa en su contra, utilizaron testigos protegidos, entre ellos, un allegado a la Policía Nacional, para volver «sólido» cualquier indicio y que se mande a la cárcel a los sindicados, incluso al infante.

Al niño, quien tiene 11 años en la actualidad, lo acusan de portación ilegal de arma de fuego de uso prohibido, posesión de municiones para armas de guerra, posesión de indumentaria policial e intento de asesinato.

El apoderado del menor, Óscar Cálix, dijo a este periódico que no se lo puede juzgar porque la legislación penal ordena que sólo los mayores de 14 años pueden ser sujetos a un juicio y «el expediente que pende contra él es estrictamente para mayores de edad».

Responsabilizó al juez Aguilar de haber enviado a proceso judicial al niño; a la madre y una tía, añadió el defensor, al desconocer las normas legales, se abocaron al juzgado que conoció de la causa y fueron detenidas de inmediato.

«A ellas las detuvieron porque les dijeron que tenían orden de captura…con el menor no se han atrevido en irlo a detener a su casa o escuela cuando él sale de segundo grado», fustigó en la conversación que sostuvo con este periódico.

La orden de captura contra el niño fue emitida desde el cuartel militar José Trinidad Cabañas, donde opera un tribunal nacional, y el Ministerio Público, cuyo fiscal está asignado la fuerza multitarea, pidió una orden de captura, «por lo que se violaron garantías constitucionales y al debido proceso, porque en ningún momento se debió dar una orden de captura contra el menor y esos casos los debe conocer un juzgado de la niñez».

No obstante, añadió, no se realizó la diligencia ni el juez Aguilar observó que uno de los acusados es niño, de nombre José Luis Rodríguez, aparece en el expediente judicial y se consigna en el documento que hay una orden de captura en su contra.

El letrado basa sus argumentos en el artículo 23 del Código Penal, que reza de forma expresa: «No es imputable :1) El menor de doce años» y ha pedido durante las etapas del proceso que se anule, pero sus reclamos han sido en vano porque la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina) no está dispuesta a torcer la mano, mucho menos admitir que cometió una equivocación.

Este organismo, inaugurado en 2014 por el presidente Juan Orlando Hernández, ha operado con amplios poderes y fueron incrementados en 2016 y despertaron el temor en organizaciones defensoras de DDHH ya que la consideran como una carta blanca para que Fusina cometa abusos sin que sean perseguidos penalmente.

Es decir que patrulleros, oficiales, jueces, fiscales y todos aquellos relacionados con el combate al delito, pueden incurrir en excesos y acusar sin fundamentos a aquellas personas que puedan ser calificadas de «hostiles».

Al analizar el documento, hay una considerable cantidad de irregularidades que debieron ser anuladas por el juez, entre ellas, la exposición hecha por el fiscal del Ministerio Público, Luis Cardona, porque colocó al infante dentro de una lista de sospechosos del intento de asesinato; sin embargo, Aguilar, reconocido por haber incurrido en varios incidentes y por su poca pericia, optó por proseguir con la acusación criminal.

¿Por qué el fiscal colocó a una persona que, a su edad, no puede tomar decisiones, entre ellas, la de ordenar el asesinato de una persona? ¿Por qué han transcurrido 29 meses desde que fueron capturadas dos mujeres, madre y tía del menor y que aún no comprenden las razones por las que fueron imputadas? ¿Por qué el juez Aguilar y el tribunal de sentencias no siguieron las normas o, al menos, reflexionaron que se trataba de un niño y que debían rechazar el requerimiento?

Aunque la acusación ocurrió en 2015, todo el proceso se convirtió en una aberración jurídica porque al fiscal no se tomó la molestia de verificar las edades, grados de competencia y madurez, ni el juez leyó debida y correctamente la orden.

Por tal motivo, el niño se ha visto obligado a ir al juicio, no por pleitos de la escuela o por quebrar un vidrio, sino porque urdió, tramó y conspiró para matar a una persona por dinero; a la fecha, la Fiscalía de Enjuiciamiento de los Operadores de Justicia, ni la Inspectoría de Tribunales han investigado o citado a ambos funcionarios por el traspié cometido.

Sobre el error de los funcionarios judiciales, explicó Cálix, radica en que “el menor es un niño que estaba en segundo grado; y, un fiscal cometió el error de no averiguar ni pedir nada para verificar la identidad. En esa presura, no se investigó quien era y se procedió con la orden de captura”.

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