HomeNacionalJefa penitenciaria quiere quitar a privadas de libertad electrodomésticos a través de Fusina

Jefa penitenciaria quiere quitar a privadas de libertad electrodomésticos a través de Fusina

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La jefa del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Rosa Gudiel, está incurriendo en abuso de autoridad al pretender quitar a las privadas de libertad de la cárcel de mujeres de Támara sus enseres personales a pesar de que los mismos son utilizados como forma de rehabilitación y para ganarse la vida de manera decente.

Una orden girada por Gudiel la semana anterior a los directores de los centros penales, indica -sin basarse en una norma legal- que procedan a entregar los aparatos eléctricos, como estufas, refrigeradoras, ventiladores, televisores y otros, caso contrario, serán confiscados por de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina).

En otras palabras, el propósito de la titular del INP es convertir las cárceles de mujeres en penitenciarías de ultra alta seguridad, a pesar que la mayoría de las internas tienen procesos legales abiertos y sus delitos son menos graves en comparación a los cometidos por hombres e impedirles que tengan espacios de recreación, aun cuando la Ley del sistema penitenciario ya establece mecanismos para la rehabilitación social.

Ante las amenazas de la funcionaria, las privadas de libertad pidieron la intervención de los miembros del Comité Nacional de Prevención de la Tortura (Conaprev) a fin de impedir que les quiten los pocos enseres con los que cuentan y que les sirve para sobrevivir dentro del sistema que ofrece pésima alimentación y nulas opciones para resarcir los daños que en algún momento le pudieron provocar a la sociedad.

En una carta enviada a los comisionados del Conaprev, las privadas de libertad del penal capitalino pidieron auxilio inmediato ya que Gudiel les mandó a decir que a partir de este día «es prohibida la tenencia de televisores, radios, ventiladores, estufas, hornos, licuadoras, refrigeradoras, secadoras de cabello, maquinas de costura, todos los artículos de los talleres de cocina, panadería, belleza, costura, etc… en fin, todo aparato electrónico de uso particular y comunitario».

«Asimismo, se notifica que nos daban plazo hasta este próximo fin de semana (12 y 13 de Octubre) para que procediéramos a sacar los artículos antes mencionados, o de lo contrario iban a ser decomisados el próximo lunes 14 de octubre (o sea, hoy)», denunciaron.

La petición al organismo encargado de velar por los derechos de los privados de libertad va orientado a «velar y salvaguardar nuestra integridad física y mental y garantizar que se respeten nuestros derechos fundamentales conforme lo estipulan las leyes y reglamentos del sistema nacional penitenciario y las leyes y los tratados nacionales e internacionales de los DDHH».

Las afectadas dejaron entrevar en un comunicado manuscrito que el régimen nacionalista se está burlando de ellas y rompe los acuerdos suscritos en 2017 con el ex subsecretario de Seguridad Luis Suazo, quien se comprometió a que serían tratadas con dignidad y respeto ya que el presidio en el que se encuentran hay un hogar para niños, mujeres con problemas de salud crónicos como hipertensión, diabetes y otras dolencias.

Al respecto, pidieron que «no se nos reprima más porque vivimos y subsistimos de lo que nuestras familias nos traen» y de lo que suelen producir a diario como una fuente fija de ingresos.

Recordaron que en ese lugar se han instalado varios talleres para permitir su rehabilitación, por lo que lamentaron que «no se tome en cuenta que no somos una cárcel de máxima seguridad ya que todos esos artículos son de primera necesidad y básicos para nuestra subsistencia».

Y es que la orden emanada por Gudiel, señalada por irregularidades al frente del sistema penitenciario, va en concordancia con un recrudecimiento de la política penitenciaria ordenada por Juan Orlando Hernández, quien en los últimos días ha ordenado que se reprima con severidad a los que ya están cumpliendo penas.

La iniciativa de Hernández, según críticos, sólo ha servido como un distractor ante los señalamientos que se están realizando en un tribunal federal de Nueva York sobre sus vínculos con el narcotráfico y delincuencia organizada, en el contexto del juicio contra su hermano Juan Antonio Tony Hernández.

Respecto a Gudiel, es criticada por desobedecer órdenes judicial, por el hecho de ser un cuadro de confianza del número uno del Ejecutivo y de abusar de su posición para tomarse atribuciones que no le corresponden, como ir resguardada por miembros de las FFAA, aun cuando su cargo no es de peligrosidad ya que sus funciones son meramente administrativas o burocráticas.

Sobre los abusos, en su momento se informó que dio la espalda a un mandato emanado por la jueza nacional Lissette Vallecillo sobre el alojamiento de siete personas de la comunidad de Guapinol, al enviarlos al penal de ultra alta seguridad de la Tolva, ubicada en Morocelí, al alegar que lo hacía por razones de resguardo de los encausados.

La orden que giró Vallecillo fue que los líderes comunitarios acusados de supuestos delitos fueran enviados al penal de mínima seguridad de Olanchito, a fin de que estuvieran cerca de sus familiares, pero Gudiel no hizo caso y los mando a un sitio en el que están confinados presos políticos, narcotraficantes, sicarios, pandilleros, extorsionadores y hace que peligren sus vidas.

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