Tuesday, Nov 12, 2019
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Director de la ATIC jamás actuó por narcopista operada en Olancho por Tony

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El jefe de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Ricardo Castro, optó por hacer la vista gorda ante varias denuncias respecto a los vínculos del exparlamentario nacionalista Juan Antonio Tony Hernández y de turbios negocios con el narcotráfico que en los últimos años han venido realizando funcionarios de mediana escala de la Policía Nacional de Honduras.

En memorandos que le hicieron llegar desde inicios de 2016, se le informó a Castro sobre la presencia de narcopistas en el nororiental departamento de Olancho, en los que pudo haber participado Tony en contubernio con el exdiputado liberal Fredy Nájera, alcaldes, incluyendo a un coronel de la Policía Militar del Orden Público y algunos operadores de justicia en la descarga y transporte de toneladas de cocaína, cuyo destino final fue EE.UU.

Un oficio girado al titular de la ATIC por el jefe del Departamento Contra el Crimen Organizado, Julio Alberto Hernández, el 14 de enero de 2016, indicó que sostuvo una reunión el 12 de enero de ese año con un informante de confianza, quien le hizo saber sobre la existencia de la pista clandestina en un lugar denominado Planes de Teyaco, en la que solían aterrizar aviones procedentes de América del Sur cargados de estupefacientes y que contaban con la venia de un «(comisionado) general de la Policía de apellido Oliva Acosta, quien vive cerca de esa zona y al parecer es dueño de la pista».

Los colaboradores en el ilícito -afirma el documento al que accedieron Radio Globo y ConfidencialHN– están Nájera, preso en EE.UU. por delincuencia organizada, un coronel de la Policía Militar identificado por el apellido Nájera, el alcalde del lugar, un jefe departamental de la fuerza pública y un juez de Policía y el mismo Tony Hernández «quien es hermano del presidente Juan Orlando Hernández».

En el memorando que leyó Castro, se hace constar que una aeronave aterrizó en la pista un 24 de diciembre de 2015 y «que estas caen una vez por semana en la pista, al llegar el avión este es cuidado por lo menos por 200 personas y para llegar a la zona se puede (hacer) caminando pero es un trayecto entre 8 y 10 horas, y la otra es en helicóptero».

El informante, aseguró el subalterno, «se pueden observar muchos vehículos de lujo y también está el problema del consumo de la droga que se está llevando a cabo en la discoteca de la zona».

Entre las recomendaciones que le proporcionó el informante al jefe Hernández es que en caso de realizar trabajos de inteligencia e incursión en la zona remota «no se trabajara con policías» porque temía que estuvieran involucrados en el ilícito y pudieran alertar a quienes se encargaban del aterrizaje de las narcoavionetas y el traslado de la droga hacia otras regiones.

Aunque Castro tuvo conciencia y comprensión de las advertencias hechas por el subalterno, prefirió ocultar la información.

En otro informe girado el 14 de enero de ese año, se reveló que un subinspector de apellido Castillo y un subcomisionado, cuyo apellido es Mayes, asignados a la subestación policial del barrio El Manchén, en Tegucigalpa, «hicieron un trabajo en diciembre de 2015 que no supieron explicar, pero que se agenciaron con al menos dos millones de lempiras».

Aunque los dos hechos podrían no estar relacionados entre sí, pero hay un factor en común y es que Castro jamás decidió emprender una investigación que concluyera con un requerimiento fiscal contra Hernández, Nájera y los funcionarios de seguridad y defensa involucrados en narcotráfico, si bien el informante pudo dar datos superficiales sobre la llegada de narcoavionetas a zonas remotas o de difícil acceso en Olancho.

Una búsqueda rápida hecha por este periódico concluyó que ninguna de estas personas, en especial, los dos excongresistas y los oficiales de la subestación de El Manchén fueron sujetos de persecución penal por sus relaciones con el trasiego de drogas y delincuencia organizada.

También resulta hasta curioso el hecho de que el Ministerio Público jamás persiguiera penalmente a Tony y Nájera mientras fungieron en sus cargos y gozaban de absoluta libertad, por lo que se deja en evidencia el pacto de impunidad del fiscal general Óscar Chinchilla y el jefe del régimen Juan Orlando Hernández.

A la fecha, Chinchilla no ha querido pronunciarse sobre las imputaciones de la justicia estadounidense contra el acusado y su incapacidad por no hacer cumplir la ley; también ha decidido encubrir a Castro, señalado por no proceder criminalmente contra agentes que pertenecen a escuadrones de la muerte -por su participación en la muerte de varias personas- y el crimen contra Sherill Yubissa Hernández, ocurrido en junio de 2018, en la comunidad de Santa Rosa de Copán.

Algunas fuentes familiarizadas con el tema, dijeron a Radio Globo y ConfidencialHN  explicaron que Washington ha venido incrementado la presión contra Chincilla para agilizar los procesos que podrían concluir con una persecución penal contra el actual titular del Ejecutivo, aunque todo apunta a que acusador se resistirá hasta el último momento para no perseguir a su amigo, pues uno de sus motivos es que le colocó a su esposa Catherine Chang en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

En la actualidad, los dos exlegisladores se encuentran encarcelados en EE.UU. y el hermano del inquilino del palacio José Cecilio del Valle afronta un juicio por delitos de narcotráfico, uso de armas para trasladar drogas hacia la nación del norte y mentir a agentes federales, por lo que podría ser condenado a una pena de 40 años hasta prisión de por vida.

Tony, según la fiscalía federal de Nueva York, operó varias narcopistas en Honduras y poseía narcolaboratorios en Colombia en sociedad con reconocidos traficantes de estupefacientes, por lo que es visto como un capo a gran escala que contó con toda una infraestructura institucional y que le permitió trasegar cientos de toneladas de drogas hacia la nación del norte al contar con la venia de su hermano.

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