Tuesday, Jun 25, 2019
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Jefe del Tasón beneficia a parientes con contratos para compra de bombas lacrimógenas

TEGUCIGALPA, HONDURAS

(Primera parte) El uso de los fondos del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad han sido un histórico secreto de Estado, por lo que poco o nada se suele saber cómo se utilizan los más de dos mil millones de lempiras anuales captados de los recursos del público.

Ese y muchos otros secretos han sido avalados por el jefe del régimen nacionalista Juan Orlando Hernández, en el alegato de que se combate el crimen y la violencia en una nación cuyos flagelos se salieron del control de las agencias de defensa y seguridad, sin embargo, el dinero sigue fluyendo a raudales ya que es poco o casi improbable que se puedan auditar y se determinen las sanciones correspondientes.

Al amparo de la nefasta Ley de secretos de 2014, el jefe del Tasón, Juan Ramón Molina, ha sacado un jugoso provecho a través de sus conexiones familiares para beneficiar a empresas particulares con contratos oscuros para la adquisición de tecnología policial y militar; una gran parte de los fondos han sido destinados a la compra de bombas lacrimógenas usadas a gran escala para reprimir al movimiento social.

Tener conactos en el Poder Judicial, empresas proveedoras y blindadoras de vehículos y permanecer con bajo perfil, han hecho que Molina sea un verdadero poder dentro del Comité, con la venia o complicidad del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) organismo que lo colocó en la entidad hace varios años y que aún prosigue en el cargo a pesar de las excesivas denuncias en su contra por abusos de poder.

Una prima del funcionario, identificada como Mayra, según fuentes de total confianza e indagaciones de Radio Globo ConfidencialHN, detallan que está casada con Jorge Zablah Rodríguez, quien tiene negocios en el blindaje de vehículos y compra de bombas lacrimógenas usadas por la fuerza pública.

Uno de los conocedores del tema, que pidió permanecer en el anonimato, confirmó que este matrimonio, a su vez, son consuegros del magistrado de la Sala Constitucional del Poder Judicial, Jorge Abilio Serrano Villanueva, cuya función en esa dependencia no ha sido destacada ni sus decisiones han tenido trascendencia para el desarrollo institucional de Honduras.

Respecto a Zablah y su cónyuge, comentó otra fuente, han sido los principales beneficiarios de los contratos -sin pasar por controles burocráticos- por lo que se han dado la gran vida con viajes por el mundo, si bien tienen el derecho a vacacionar, siempre y cuando el origen del capital, en este caso público, cumpliera con las normas ya establecidas en la Ley de contratación del Estado.

No obstante, estos parentescos hicieron que el empresario tuviera acceso a millones de lempiras con la venta de bombas lacrimógenas, cuyo costo oscila entre los 250 y 300 dólares en el mercado extranjero.

Juan Ramón Molina (der.) también tiene vínculos conel magistrado de la Sala Constitucional del Poder Judicial, Jorge Abilio Serrano Villanueva (izq.). La prima de Molina está casada con un empresario que ha recibido beneficios con contratos para proveer bombas lacrimógenas a la Policía Nacional de Honduras. 

En cuanto a sus negocios con el Estado, Zablah Rodríguez es identificado como el propietario de la empresa Blintec, dedicada al reforzamiento de vehículos y conocido en algunos círculos de encargarse de elevar el nivel de protección de los automotores para diputados y funcionarios del Ejecutivo nacionalista.

Estos negocios efectuados por el empresario, desde luego, han contado con la aquiescencia de los altos funcionarios, incluyendo a Molina, quien ha permanecido en silencio durante los últimos años por las acusaciones que penden en su contra, en especial, relacionados con la obtención de unos 17 millones de lempiras a través de la empresa de maletín Interamerican Service Unlimited para dar mantenimiento al lujoso avión presidencial Embraer Legacy.

El negocio de las bombas lacrimógenas se ha convertido en uno de los más prósperos de Honduras. Sólo en 2018 se invirtieron más de 150 millones de lempiras en compra de pertrechos destinados a contener y disuadir las protestas de los movimientos sociales y organizaciones políticas contra el mandato de Juan Orlando Hernández.

Analistas de defensa y seguridad alertaron que el crecimiento del presupuesto para la Policía Nacional está destinado a reprimir cualquier atisbo de rebelión contra el régimen y las bombas con gases tóxicos son el principal producto que ha sido comprado a empresas extranjeras.

En su momento, el expresidente del Cohep, Eduardo Facussé, exigió la salida de Molina del Tasón por presuntas irregularidades en su gestión como representante de la empresa privada.

“La Comisión del Tasón no representa al sector privado y está ahí por mandato de don Juan Hernández, por colusión de dirigentes y empresarios con el actual gobierno”, denunció Facussé.

A la fecha, el Ministerio Público se ha abstenido de investigar y proceder contra el miembro del Comité Técnico por manifiestas irregularidades en el ejercicio de su cargo.

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