jueves, diciembre 3, 2020
Inicio Nacional JOH pedirá al Parlamento que tilde de "terroristas" a quienes realicen protestas

JOH pedirá al Parlamento que tilde de «terroristas» a quienes realicen protestas

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Parlamento de Honduras discutirá el próximo martes el controvertido y peligroso paquete de reformas que exige el régimen de Juan Orlando Hernández para criminalizar la protesta social, alegando combatir la violencia que azota al país.

Según la agenda publicada hoy por las relaciones públicas del Legislativo, se indica que la directiva convocó a los diputados para el martes 10 de enero a debatir “las reformas al Código Penal y otras leyes con el objetivo de combatir la extorsión y tipificar como terrorismo delitos cometidos por estructuras criminales como maras o pandillas”.

“El Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional un paquete de iniciativas encaminadas a reformar el Código Penal y otras leyes para atacar a los criminales dedicados a extorsionar e infundir miedo a la sociedad”, dice el comunicado.

Se prevé reformar varios artículos del del Código Penal, Código Procesal Penal, Ley de Limitación de Servicios de Telecomunicaciones en Granjas Penales, Ley de Inteligencia Nacional, Ley Especial Sobre Intervenciones de las Comunicaciones Privadas y Ley del Instituto Nacional Penitenciario, con la justificación que “servirían para frenar el surgimiento de bandas extorsivas y neutralizar las existentes”.

Asimismo, el régimen pedirá en las reformas que se modifique el artículo 222 del Código Penal,  cuando “un individuo incurriría en el delito de extorsión con el simple hecho de exigirle dinero bajo amenaza a una persona”.

Entre las iniciativas que propone el presidente Juan Orlando Hernández, está que se criminalicen las protestas de la población o movimientos sociales, al solicitar que se añadan dos párrafos al artículo 335 de la legislación penal, orientada a tildar como “terroristas” a quienes realicen actos “que infundan temor en la población”.

Además, Hernández pedirá que las empresas de telefonía móvil espíen a sus clientes sin necesidad de una orden judicial, con la justificación “que puedan cooperar con la autoridad sin preocupación de infringir la ley”.

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