Sunday, Oct 20, 2019
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JOH usa al CNA e Investh para blanquear denuncias de narcotráfico en el desaparecido Fondo Vial

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La desaparición del Fondo Vial, ordenada por Juan Orlando Hernández, tuvo como finalidad borrar las huellas del dinero procedente del narcotráfico y delincuencia organizada ya que fueron lavados a través de la construcción de carreteras, así como obras civiles, por lo que recurrió a inaugurar dos entidades, entre ellas, Inversión Estratégica de Honduras (Investh) y la Dirección de Conservación del Patrimonio Vial.

Hernández comprendió que tener con vida al Fondo Vial le acarrearía problemas futuros, pues varios cárteles de la droga como los Cachiros firmaron multimillonarios contratos a través de la empresa Inversiones Rivera Maradiaga (Inrimar) y recibió de manos de los cabecillas grandes cantidades de dinero para financiar la campaña electoral de 2013.

En el blanqueo de su imagen como cuadro clave y operador estrella del narcotráfico, echó mano en dos personajes que se han resistido a sindicarlo de ser el principal receptor de recursos procedentes del saqueo de oficinas estatales y de ocultar información que lo compromete con actos turbios en la administración pública: Gabriela Castellanos y Odir Fernández, las cabezas visibles del cuestionado Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

Ambos, han sido los aliados tácitos e incondicionales que ha tenido Hernández en los últimos años en su afán de mantenese a cualquier costo en el palacio José Cecilio del Valle, en el sentido que han desestimado u omitido cualquier denuncia que salpique al jefe del Ejecutivo nacionalista y han puesto en marcha las técnicas de la caja china (desinformación) para desviar la atención de cualquier señalamiento contra su benefactor que podría ponerlo contra las cuerdas u orillarlo a abdicar.

En ese pacto de impunidad, el controvertido personaje entró en una alianza tácita con Castellanos y Fernández, a quienes colocó como representantes ante Investh, para «garantizar la transparencia» de los proyectos de infraestructura de gran envergadura, junto a cuestionadas organizaciones como la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo de Honduras (Foprideh) y el Foro Nacional de Convergencia (Fonac), por lo que se reafirma su condición de lavadores de imagen, a cambio de protección oficial y otros lujos que nunca pudieron tener los otros directores y jefes de investigación del CNA.

En la estructura, aparece el jefe de gabinete quien presidirá la sesión de Investh y son concurrentes el secretario de Regulación Económica, así como el titular de Desarrollo Económico y dos representantes de la sociedad civil como el Fonac, CNA, Cohep y Foprideh; en el caso de la oficina anticorrupción -quien tiene voz y voto en la asamblea-, fue colocada de manera estratégica en el directorio para desactivar cualquier investigación que se pudiera efectuar en el corto o mediano plazo a la gestión del Fondo Vial y los vínculos de sus funcionarios con el narcotráfico.

Al tener un amplio control de la institucionalidad, Hernández utilizó la infraestructura de la Cuenta de Desafío del Milenio (MCC, en inglés) para crear e incorporar Investh, por lo que mató dos pájaros de un solo tiro: quedar bien con EE.UU. y tener acceso a los fondos proporcionados por Washington para el desarrollo carretero, así como traer a su esfera a posibles críticos y contentarlos con algunas prebendas.

Esa jugada -más táctica que estratégica- no le dio resultados, EE.UU. lo ha descalificado por varios periodos ya que observó fuertes actos de corrupción que salpican a figuras del régimen gobernante. Desde 2014 a la fecha, Honduras no ha recibido fondos federales que debieron servir para la pavimentación y rehabilitación de las principales carreteras del país.

Según la última evaluación publicada en el portal de la Cuenta del Milenio, el indicador de control de la corrupción fue elevado, por lo que deja constancia que el régimen jamás se preocupó por combatir el flagelo.

El CNA jamás se ha pronunciado de manera contundente y las pocas palabras proferidas por sus cabezas visibles se ha limitado a decir que la corrupción «está al más alto nivel». El silencio de Castellanos sobre la penetración del narcotráfico en la administración pública y la campeante impunidad le han valido tener acceso a ciertas prebendas que no suelen tener los altos colaboradores del Ejecutivo.

De hecho, el ejército particular de la también abogada no es producto del azar o de sus denuncias de casos de corrupción que podría acarrearle potenciales riesgos a su vida, pues fueron colocados a su disposición como un pago de favores por encubrir todos los señalamientos que han provocado la ira popular.

En su momento, ConfidencialHN halló en varios documentos que un grupo de 26 soldados reciben un estipendio que oscila entre los mil y cuatro mil lempiras mensuales; en promedio, se les asigna unos 96 mil 705 lempiras cada 30 días, por lo que el CNA incurre en un gasto anual de un millón 160 mil 460 lempiras.

Estos documentos constatan el fuerte blindaje al que ha recurrido Castellanos en su mandato como directora del CNA, a pesar de no formar parte del aparato gubernamental, pero sí recibe transferencias enviadas desde la partida 0409, asignada a la Unidad de Servicios Financieros de la Administración Central, y por la que denunció al expresidente Porfirio Lobo por haber pedido 25 millones de lempiras para asuntos de seguridad procedentes del fondo común.

Hasta ahí no llega el papel de estos dos funcionarios anticorrupción, también se convirtieron en esquiroles, infiltrados en la organizaciones sociales para desarticular de manera fina cualquier atisbo de rebelión que pudiera costarle el cargo a JOH y lo han hecho con sutileza al hacer desistir a connotados líderes opositores de seguir en las calles para exigir la renuncia de Hernández.

El gobernante, aún con las protestas en su contra, ha sabido obtener respiros y distensiones ya que ha sabido contar con los buenos oficios del Consejo Nacional Anticorrupción, porque han podido lavarle su imagen sin sudar la camisa, por lo que se sumaron al selecto grupo de individuos que son leales a morir de la administración nacionalista.

También han colaborado en ese blanqueo de imagen Carlos Hernández y Omar Rivera de la paraestatal ASJ, los interventores del IHSS Vilma Morales y German Leitzelar a fin de mantener conectado a Hernández al ventilador mecánico que le permite seguir con vida mientras transcurren los días.

En consecuencia, Gabriela Castellanos y Odir Fernández sí tuvieron conocimiento de la corrupción del Fondo Vial y su penetración por el narcotráfico y prefirieron ver a un lado para no quedar mal con su mecenas político, pues alegan que la Ley del CNA les inhibe emitir opiniones sobre la delincuencia organizada; no obstante, se han saltado la ley al coquetar con la oposición política para buscar cargos de elección popular.

En últimas líneas, la número uno y el número dos de la oficina anticorrupción son agentes dobles, porque sirven incondicionalmente al régimen nacionalista y se abrazan con la oposición en causas sin sentido y que terminan siendo derribadas en tiempo récord.

Estas dos personas bloquearon y blanquearon cualquier acusación contra Hernández por sus nexos con en narcotráfico, aunque las evidencias ya fueron recabadas por un tribunal federal de Nueva York podría requerir en el futuro al inquilino del palacio José Cecilio del Valle.

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1 COMMENT
  • Juan / 17 septiembre, 2019

    Hmmm, desde el primer secuestro de documentos que hizo la ATIC me dije, la real idea es para ocultar y desaparecer corrupción.
    Tapandole el ojo al macho con CNA para que nos creamos que todo es limpio y legal.
    A propósito de ka ATIC, nada sobre la muerte de la agente, se han quedado calladitos incluyendo el CNA.

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