Wednesday, Nov 20, 2019
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JOH usa al CNA para destruir al movimiento social al ponerlos a marchar contra nuevo Código Penal

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El régimen nacionalista de Juan Orlando Hernández supo penetrar a sus cuadros útiles en los actores políticos y sociales para desactivar con inteligencia el creciente descontento popular por los señalamientos en su contra ante un tribunal federal de Nueva York por vínculos con el narcotráfico y delincuencia organizada que, en el peor de los casos, podrian costarle la titularidad del Ejecutivo.

Uno de los caballos de Troya que Hernández está utilizando para neutralizar ese descontento son las cabezas visibles del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos y Odir Fernández, quienes están influyendo en los actores como el Colegio Médico, organizaciones defensoras de derechos humanos, al pedirles que salgan a las calles a pedir la derogación del nuevo Código Penal que deberá entrar en vigencia el próximo 10 de noviembre.

Estos dos personajes, de la noche a la mañana, se volvieron acérrimos opositores a la norma que sustituirá el actual Código y que -según ellos- «trastocará» las crudas penas a delitos de corrupción, a pesar que el Legislativo ha dejado claro que no se están suavizando las mismas, pues se busca que exista una proporcionalidad a la comisión de delitos que cometen las personas naturales y jurídicas, así como la creación de otras figuras que vendrán a descongestionar el sobresaturado sistema carcelario nacional y permitirá que aquellas personas comunes que fueron sancionadas con severidad por delitos menores, puedan reunirse con sus familias y reivindicarse ante la sociedad.

De hecho, los dirigentes de la denominada instancia de sociedad civil han venido blanqueando el raciocinio de estos actores, quienes han asumido sus consejos sin contar con la asesoría de penalistas y responsables de la redacción de la nueva norma; tampoco han reparado en los intereses que priman sobre Castellanos y Fernandez ya que, aparte de actuar como esquiroles para dividir a los opositores al régimen, suelen defender sutilmente a Hernández al acusar a otros gobiernos de casos de corrupción y hacen la vista gorda en las irregularidades que se han cometido en la actual administración nacionalista.

En otras palabras, la función de ambos es dividir al movimiento social que ha mantenido beligerancia con relación al ocupante de Casa Presidencial, en el sentido que en los últimos meses bajaron la intensidad de sus movilizaciones; la consigna Fuera JOH pasó a un segundo plano y las exigencias para que deje el gobierno son nulas y apenas se oyen pocas voces que exigen cambios en el aparato institucional; en la actual coyuntura -cuando se juzga a Juan Antonio Tony Hernández por narcotráfico- los críticos han optado por ver a un lado y enfocarse en el adoctrinamiento que realizan el cuestionado dúo, quienes se han vendido como unos pulcros e infalibles luchadores anticorrupción.

¿Cuál es el fin último de que Hernández use al CNA como punta de lanza para aplacar al movimiento popular? Pretende mantenerse a toda costa, al recurrir al terrorismo de Estado y tácticas de guerra sucia -con técnicas de disuasión diplomática y mediática- que supieron aplicar las dictaduras militares suramericanas porque comprende que estando dentro del Ejecutivo cuenta con un blindaje que le permitiría gobernar aunque pendan en su contra fuertes acusaciones de pertenecer al narcotráfico.

Por tanto, sabe que seguir ejerciendo la presidencia le da un enorme respiro a sus pretensiones de blindarse de una posible persecución penal y junto a sus más cercanos asesores, así como la participación de sicólogos, sociólogos y antropólogos, han podido prever los escenarios venideros y, en consecuencia, ya le tomaron el pulso a quienes cuestionan su mandato y una de las formas más efectivas para evitar su caída, es confiar en los buenos oficios de Fernández y Castellanos.

Hernández busca, sin sudar la camisa y confiando en el trabajo sucio que realicen sus cuadros claves, llevar a la trampa a gremios beligerantes como el Colegio Médico dirigido por Suyapa Figueroa, a reconocidos defensores de la niñez, a connotados dirigentes de la sociedad civil, a los miembros de los colegios magisteriales, incluyendo a reconcidos políticos y que las peticiones de renuncia se vean reducidas a la nada.

En concreto, el Consejo Nacional Anticorrupción está usando el poder de convocatoria para minar las protestas sociales contra el régimen jefeado por Juan Orlando Hernández al pretender enquistarla en un hecho particular, o sea, una lucha «de película» contra el nuevo Código Penal y el único fin es que la población se olvide de pedir su renuncia inmediata por ser mencionado en el juicio contra su hermano. Entiende que al bajar la intensidad de una posible rebelión que lo echaría del palacio José Cecilio del Valle le facilitaría gobernar con cierta calma.

En resumen, con esta estrategia se busca destruir las movilizaciones populares contra la norma que se encuentra en la etapa de vacatio legis.

Cabe recordar que en el marco de las protestas organizadas por la Plataforma sanitaria y educativa, Hernández encontró el momento propicio para prácticar la técnica del ensayo-error, por lo que mandó a Castellanos y Fernández a reunirse con médicos y docentes y les doblaron el brazo al alertarlos por la llegada de la nueva legislación penal…Las consecuencias fueron nefastas. El autoritario personaje echó mano de la ley para mandar al banquillo de los acusados a los docentes y médicos que permanecieron en las calles durante los últimos meses pidiendo su salida hasta que logró recuperar la gobernabilidad del sistema.

Esa experiencia le permitió ir perfilando a sus críticos y se advierte que en el corto o mediano plazo cumplirá sus objetivos de perpetuarse en el gobierno; al estar fuera de la administración pública se convierte en un sujeto débil porque la justicia lo perseguirá sin compasión y los cárteles de la droga por haberlos traicionado, lo que obligaría a tomar decisiones hasta radicales para huir de sus enemigos y del sistema judicial que incluso podría emular el suicidio al que recurrió el expresidente peruano Alan García, fuertemente salpicado por corrupción en la causa de Odebrecht.

En últimas líneas JOH está fraguando junto a la directora y el jefe de investigaciones del CNA asestar un golpe fatal a las organizaciones populares, gremiales y otras que le dará un enorme respiro para seguir gobernando con puño de hierro lo que resta de su mandato…y cuatro años más, si las circunstancias se lo permiten.

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