Monday, Jun 17, 2019
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Jueza anticorrupción Canelo pretende forzar resolución contra acusados en Narcopolítica

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La jueza anticorrupción Águeda Isabel Canelo Portillo está forzando a emitir una resolución respecto a la causa Narcopolíticos a pesar de que no se ha cumplido el tiempo que ya establece la actual legislación penal para que la misma esté apegada a derecho.

Y es que la togada, asignada al circuito especial que aborda los casos de presunta corrupción contra altos servidores estatales y exfuncionarios decidió convocar para las 7:00 de la noche de este sábado a la audiencia inicial contra el exsecretario de Obras Públicas, Miguel Pastor y el exdirector de Carreteras, Walter Maldonado y una dama cuando hay horarios establecidos para ventilar las causas penales, excepto que las circunstancias fuesen extraordinarias.

Resulta extraño que la funcionaria judicial se apresure a forzar la audiencia a sabiendas de que es un horario inhábil, pues los expedientes remitidos por la UFECIC son extensos y contienen información que precisa ser analizado con calma a fin de emitir una resolución que cumpla con la ley y no dé lugar a malas interpretaciones de las partes acusadora y defensora.

Conocedores del tema dijeron a este periódico que tras la detención judicial un juez tiene seis días para analizar la información y dar un fallo, así como cumplir con los parámetros que ordena el Código Procesal Penal y que son de estricto cumplimiento.

Sobre el tema, la UFECIC se pronunció y repudió la decisión tomada por Canelo al mover el horario de la audiencia a una hora no hábil.

La audiencia a la que deben ser sometidos los exfuncionarios había sido programada para las 10:00 de la mañana de este sábado pero fue trasladada para la noche.

Ningún portavoz del Poder Judicial ha dado una explicación del porqué ocurrió este atraso.

Cabe recordar que la UFECIC y MACCIH acusaron a Pastor y varias personas por haber supuestamente colaborado con los hermanos Devis Leonel y Javier Eriberto Rivera Maradiaga a lavar dinero y por haber cometido varios delitos mientras laboraron para la desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi).

En la actualidad, los acusados permanecen detenidos en el centro penitenciario de Támara, ubicado en la periferia norte capitalina mientras se dirime el proceso.

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