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Jueza anticorrupción y jefe de UFECIC hacen peligrar impartición de justicia

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

«¿Cómo es posible que esta pinche vieja (despectivo) maestra tenga 53 millones de lempiras acumulados?». Estimado lector, este fue el reclamo airado que hiciera durante una audiencia judicial la exfiscal y actual jueza anticorrupción Vera Barahona a una de las sindicadas por lavado de activos, arrestada a mediados de 2017 y dejada en libertad en fecha reciente.

El único ‘delito’ de la imputada es ser maestra de educación primaria, empresaria del transporte de carga y ofrecer sus servicios a una empresa bananera con quien sostuvo contratos por varios años que la llevó a consolidar una flota, contar con personal para los viajes nacioanales e internacionales y pariente de un oficial de policía que permanece en la cárcel producto de un rumor elaborado por un exjefe de la fuerza pública que buscaba sacarse un problema de corte personal.

Pues resulta que esa exfiscal fue colaboradora del todopoderoso jefe de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y corrupción (UFECIC), Luis Santos y en la actualidad funge como jueza de los tribunales especializados contra el flagelo, por lo que están incurriendo en conflicto de intereses, ya que ambos tienen una causa en común: enviar al presidio a todo aquel que deba ser sacrificado para salvaguardar los intereses del sistema.

Asimismo, ambos abusaron verbalmente contra los acusados, desde calificativos de «pinche», hasta risas burlonas contra varios condenados y peticiones de «rebajas» para hacerse sentir como «benefactores» cuando -sin la debida pericia- han pedido al juez que quite de un golpe dos millones de lempiras al no presentar argumentos basados en ley que pudieran generar un debate o cruce de ideas que contribuyan a fortalecer el Estado de derecho.

¿Dónde está el conflicto?: Resulta que los dos presentaron requerimientos fiscales, incluyendo confiscación, por lavado de activos a una considerable cantidad de agentes policiales que fueron separado del cuerpo de seguridad producto de rumores, recortes de periódicos y comentarios cargados de saña contra quienes eran considerados inútiles dentro de la organismo estatal.

ConfidencialHN tiene en su poder un extracto de un requerimiento fiscal presentado por Luis Javier Santos Cruz Vera Barahona Herrera, en su actuación como miembros de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (Ufadpol), que opera en la antigua sede del Banco Central de Honduras, en la que pidieron el libramiento de órdenes de captura, allanamientos de morada y decomiso de evidencias contra varios agentes acusados de supuesta corrupción.

Esta unión profesional y amistosa coloca en una incómoda posición el deber de una impartición de justicia objetiva e imparcial, ya que impide que no exista un criterio de independencia, sino que genera un deber moral de pagar la formación que ambos hayan recibido, es decir, uno del otro. En consecuencia, el afán de mantener a los tribunales anticorrupción fuera de cualquier controversia ya está comprometido y genera desconfianza entre los acusados y sus defensores porque dan por descontado que no gozarán de una expedita y justa impartición de leyes.

Por consiguiente, la relación de amistad del jefe fiscal y jueza anticorrupción ya está generando indefensión y se violan las normas constitucionales referentes a la presunción de inocencia que tiene todo ciudadano, incluyendo los «peores criminales» y «peores corruptos» desde su perspectiva como operadora de justicia.

Barahona, a grandes rasgos, no está aplicando los procesos legales y constitucionales y opta por mantener la tesis de que toda persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Este entuerto legal podría ser aprovechado por la defensa de las personas que están privadas de libertad para solicitar las respectivas recusaciones (que la jueza se abstenga de conocer los procesos) ya que considerarán que las etapas procesales fueron viciadas de principio a fin.

 

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