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Justicia en Honduras avanza en “lucha contra la corrupción”, a pesar de los retos y problemas: Rolando Argueta

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

El sistema de justicia en Honduras tiene sus retos y problemas, pero avanza en la “lucha contra la corrupción”, aseguró este miércoles el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta Pérez.

“Creo que vamos avanzando, hay enormes retos y problemas todavía, el Poder Judicial ha intentado cumplir con un granito de arena mediante no sólo la creación del circuito anticorrupción, sino el fortalecimiento de la supervisión nacional de órganos jurisdiccionales”, sostuvo.

Destacó que a partir de 2013, cambió la aplicación de la justicia en Honduras, afirmando que “mejoró la investigación criminal”, empezaron las acusaciones, juzgamientos y condenas.

Argueta Pérez añadió que previo a 2013, “no había sentencias a grupos poderosos”, altos funcionarios públicos, alcaldes, magistrados, diputados y secretarios de Estado.

Manifestó que es habitual que todas las semanas se presencien acusaciones, sentencias, condenas y privaciones de dominio.

El titular del sistema de justicia hondureño resaltó que “este poder del Estado apoya al Ministerio Público con autorizar allanamientos, privaciones de dominio, detenciones judiciales, juicios orales, resoluciones y condenas”.

Ahondando en la temática, afirmó que la presidencia del Poder Judicial respeta la “independencia de los jueces” al momento de impartir resoluciones, al tiempo que atribuyó que los responsables de las judicaturas “deben ser objetivos e imparciales”.

Al preguntarle sobre la emisión de  resoluciones favorables a funcionarios implicados en actos de corrupción, respondió que “hay casos que no los he compartido”.

“Habrá algunos casos – no los puedo mencionar -, que como ciudadano no comparto ciertas decisiones, por algunos detalles que conozco, pero no puedo emitir criterios soslayando la independencia que debo demostrar”, argumentó.

En respuesta a una pregunta sobre el papel del poder Judicial, en aprobar una “jurisdicción especial” en las Zonas de “Empleo” y “Desarrollo” Económico (ZEDE), dijo que los magistrados de la Corte Suprema “no legitimaron ni crearon el circuito judicial” sobre la operación de esos proyectos que lesionan la soberanía e integridad territorial.

“Ese circuito lo crea el artículo 294, 303 y 329 de la Constitución de la República en 2013; nosotros sólo hicimos cumplir la letra de la Constitución, y como jueces y magistrados, estamos obligados a cumplir con la letra de la ley”, alegó.

Argueta Pérez aclaró que el poder Judicial “no concibe” que en el momento que se integren los órganos judiciales en las ZEDE, “los jueces sean extranjeros”. 

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