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DEA, Corrales y zar antidroga de EE.UU. bloquearon investigación por masacre de 2012 en La Mosquitia

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

La DEA, con un discurso colaboracionista del exsecretario de Seguridad Arturo Corrales y la influencia del denominado zar antidroga William Brownfield, bloqueó en todo momento las investigaciones en torno a la masacre ocurrida en mayo de 2012 en la comunidad misquita de Ahuás, por lo que el caso terminó en la impunidad.

Un informe de 424 páginas y que contiene 15 capítulos referentes a lo ocurrido hace exactamente ocho años cuando cuatro personas fueron asesinadas en una confusa operación antidroga en el departamento de Gracias a Dios indica que la agencia de aplicación de la ley declinó de entregar toda la información relacionada con el hecho por lo que jamás hubo deducción de responsabilidades contra funcionarios locales y estadounidenses.

El informe elaborado por la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Estado y titulado Una revisión conjunta especial de las respuestas posteriores al incidente por el Departamento de Estado y Administración de Control de Drogas sobre tres incidentes de fuerza letal en Honduras indica que la agencia federal se dedicó a engañar al Congreso norteamericano y al Departamento de Justicia a fin de evadir cualquier responsabilidad que terminara implicando el corte de asistencia financiera al país centroamericano en el combate a la narcoactividad.

«La OIG del Departamento de Estado encontró que la DEA no cumplió con la autoridad otorgada a la embajadora Lisa Kubiske al negarse a cumplir con sus solicitudes de información y cooperar con la investigación que inició de acuerdo con las políticas del Departamento de Estado. En lugar de apoyar la autoridad de la embajadora, los altos funcionarios de INL (Agencias de Aplicación de la Ley) socavaron su autoridad en todo momento al objetar a la autoridad del Departamento de Estado para llevar a cabo su investigación y negarse a permitir que los investigadores de accedan a los equipos de helicópteros», sostiene el extenso informe.

Los bloqueos de la DEA y el INL impidieron que se concluyera la investigación de los tres incidentes letales relacionados con la masacre que murieron Juana Jackson, Candelaria Pratt, el niño Hasked Brooks Wood y Emerson Martínez; si bien el informe no apunta a la cuota de responsabilidad de las autoridades hondureñas en la incursión, Corrales buscó en Washington quitar la responsabilidad a la oficina antidroga y sindicó a los agentes locales de disparar a mansalva contra la embarcación en la que viajaban las víctimas y que se pretendió alegar que transportaba droga.

Juana Jackson (28 años) junto a su abuela (Juana estaba embarazada y murió en ataque); solo un policía fue responsabilizado por el ataque y fue dejado en libertad. (Foto cortesía Marvin Palacios).

MINTIERON A TODOS. A fin de desviar la atención, según el inspector general, se proporcionó «información inexacta y declaraciones incompletas al Congreso y al público sobre la Operación Yunque… En muchos casos, no informaron al Congreso sobre datos que desafió la narrativa de que el 11 de mayo de 2012 los narcotraficantes habían atacado a los oficiales desde el pipante (balsa)».

El inspector no pudo hallar en su investigación que los ahora occisos tuvieran la capacidad para atacar los helicópteros que sobrevolaban la zona y la DEA nunca demostró lo contrario; sin embargo, aprovecharon las circunstancias y el discurso que dio Corrales en Washington fue un insumo crucial para mantener invisible el crimen.

El entonces responsable de la seguridad pública declaró a The Associated Press que “es de lamentar cuando se pierden vidas humanas, pero hay una necesidad de detener el flagelo y ahí sí hubo droga. Fue una acción policiaca y la droga se detuvo”. También reconoció que la llegada de la DEA al país “no es reciente, pero no está en acciones que no hayan sido plenamente identificadas a través de un protocolo de cooperación entre Estados Unidos y Honduras”.

El informe confirma que la agencia federal optó por ir contra la ley y desobedeció las órdenes de la entonces embajadora Lisa Kubiske; una de las personas que fue nombrada por el Departamento de Estado para obtener información en torno a la matanza no pudo avanzar porque no halló colaboración de ningún funcionario de la DEA asignado a la embajada estadounidense en Tegucigalpa.

«El agente asignado para investigar el tiroteo (en La Mosquitia) intentó hablar en repetidas ocasiones con el personal de la DEA en la embajada, pero ellos se negaron a proporcionar información porque estaban bajo órdenes del liderazgo de la DEA para no cooperar o ayudar en la investigación, contrario a la responsabilidad de mantener informado a la jefa de misión (Kubiske) de sus actividades… La embajadora se involucró y emitió un memorándum que instruye formalmente a la DEA a proporcionar información sobre los incidentes y entregó personalmente el memorando al subdirector regional a mediados de julio. Instruyó a la DEA a proporcionarle documentación específica, que incluye declaraciones de testigos, fotografías, vídeos y toda la documentación generada por la DEA con respecto a estos incidentes», dice el texto.

Sin embargo, el inspector general encontró que el asistente del director regional «denegó efectivamente la solicitud de la embajadora por orden de su cadena de mando. La embajadora nunca recibió estos documentos y en cambio, recibió una sesión informativa oral y un resumen escrito de tres páginas de los hallazgos de la DEA para cada incidente Sin embargo, el informe no respondió a todas sus preguntas, y estaba extremadamente frustrada por no proporcionar ninguna información nueva».

El inspector determinó que el personal de la DEA en la embajada de EE.UU. instruyó a otras dependencias «a no cooperar con la investigación ordenada por la embajadora. Según el agente encargado, los oficiales de aplicación de la ley estaban ansiosos por decir su lado de la historia, hasta que el agente notificó a DEA de sus entrevistas con ellos. Después de que la DEA supo de las entrevistas, los oficiales se negaron a responder, incluso la más básica de las preguntas».

IRRESPETARON AUTORIDAD DE KUBISKE. Ninguna de las agencias pudo cumplir con la entonces embajadora, por lo que socavaron su autoridad, según constan los hallazgos de la inspectoría, que concluyó que el «INL debe entender la importancia de la autoridad del Jefe de Misión. Sin embargo, los altos funcionarios de INL minaron repetidamente la autoridad de la embajadora Kubiske y no cooperaron con las  investigaciones que ella autorizó».

Un día después que la diplomática diera visto bueno a las investigaciones, algunos de sus subalternos y una funcionaria identificada como Carol Pérez conspiraron para que la verdad jamás fuera revelada, a pesar de insistir que no tenía la intención de bloquear las investigaciones del Departamento de Estado acerca de la masacre, pero «hubo falta de voluntad para cooperar». De hecho, un alto funcionario, William Brownfield, reconocido por las autoridades hondureñas como un zar antidroga «también planteó objeciones internas y externas a la intervención del Departamento de Estado».

«Inmediatamente después de la solicitud de la embajadora para la participación de Departamento de Estado, envió un correo electrónico al administrador adjunto (solo reconocido por el apellido) Harrigan y se ofreció a impulsar la investigación ‘de vuelta a la caja’. Asimismo, en la reunión de septiembre de 2012 entre el Departamento de Estado, las agencias de aplicación de la ley, el INL y la Secretaría de Asuntos del Hemisferio Occidental, Brownfield minimizó el fracaso de DEA para cooperar y atribuir culpas parciales» a Departamento de Estado.

Los funcionarios del INL tampoco cumplieron con las órdenes que les dio Kubiske para entrevistar a los que se desplazaron en los helicópteros a La Mosquitia. «El INL negó la solicitud que también fue enviada a los niveles más altos de INL y Brownfield ordenó a su personal que no cooperara. Aunque reconoció que la solicitud cayó bajo la autoridad de Kubiske, (Brownfield) instruyó que INL no debía producir insumos para que (sus funcionarios) no fueran entrevistados por el Departamento de Estado».

«Altos funcionarios del INL discutieron la solicitud del Departamento de Estado, pero Brownfield seguía oponiéndose a proporcionar datos de las tripulaciones, ni siquiera  se centró en las circunstancias en que los tripulantes del helicóptero abrieron fuego contra el barco de pasajeros, porque creía que los disparos eran solo represivos y no pretendían usar fuerza mortal», exterioriza uno de los hallazgos.

Según el informe, Kubiske y otros altos funcionarios de EE.UU. estaban preocupados en el sentido que la DEA nunca dio opción a investigaciones, lo que el incidente estuvo a punto de convertirse en una crisis diplomática sin precedentes.

«La DEA y el INL no solo violaron sus deberes bajo la Ley de Servicio Exterior, sino que impidió una comprensión completa e integral de los tres incidentes ocurridos en La Mosquitia. La embajadora Kubiske y otros funcionarios estatales tenían serias preocupaciones sobre la metodología y hallazgos de las diversas indagaciones hondureñas, por lo que solicitaron la investigación al Departamento de Estado para comprender de la mejor manera lo que podría convertirse rápidamente en un problema diplomático», se constata en las conclusiones.

Varios comités del Congreso expresaron un gran interés en el incidente suscitado en La Mosquitia que estuvieron a punto de costar varios millones de dólares destinados a Honduras para equipar a las fuerzas de seguridad.

Brownfield, quien ayudó a bloquear la investigación del Departamento de Estado, era uno de los mejores aliados que tuvo Honduras en el combate al narcotráfico.

En una entrevista concedida a un medio capitalino, el entonces zar antidroga dijo que «Honduras y EE.UU. estamos colaborando y lo seguiremos haciendo en los próximos años. Creo que tenemos muchas áreas en las que trabajamos unidos con Honduras».

Emerson Martínez, también fue asesinado en el ataque perpetrado por agentes de la DEA y fuerzas de seguridad hondureñas en La Mosquitia. La justicia nunca llevó a los implicados a los tirbunales para deducirles responsabilidades. (Foto cortesía Dick Emanuelsson).

USAN A HONDURAS PARA MENTIR AL DEPARTAMENTO DE ESTADO. La DEA, aprovechando las relaciones que tuvo con el excanciller Corrales, recurrieron a mentira ante sus superiores al afirmar que Honduras era la responsable de la Operación Yunque aunque la misma era una iniciativa de la unidad antidroga.

Un funcionario, identificado apenas por el director Wells indicó en su reporte al Departamento de Estado que «en las reuniones informativas, los empleados dijeron que la Operación Yunque era una iniciativa de la DEA, dirigida por el Gobierno de Honduras… EE.UU. participó en operaciones en un rol de apoyo y asesoramiento; y los agentes del orden hondureño estaban altamente capacitados y examinados. Sin embargo, numerosos funcionarios del Departamento de Estado, incluido Wells, dijeron a la inspectoría general que la Operación Yunque como una ‘operación dirigida por Honduras’ fue una ficción útil».

Las explicaciones que dieron los responsables del operativo en EE.UU. fueron previamente planificados para dar una idea que la DEA solo sirvió como apoyo, «pero la información no era precisa».

«Estos puntos de conversación contenían información que no era precisa. Por ejemplo, los funcionarios de INL y la Subsecretaría de Estado para el Hemisferio Occidental prepararon datos de prensa inmediatamente después del 11 de  mayo en el que se refirió repetidamente a la DEA actuando solo en ‘apoyo’ y un papel de ‘asesor’ con los agentes de la ley hondureños ‘altamente capacitados’. Estas declaraciones fueron repetidas por el portavoz del del Departamento de Estado en ruedas de prensa diaria», se hace constatar en el informe.

COMPLICIDAD DE ALTO NIVEL. Radio Globo ConfidencialHN dieron con un documento elaborado por las oenegés Rights Action y el Center for Economic and Policy Research (CEPR) que demuestra que hubo complicidad al alto nivel para que el crimen no fuera castigado y apenas un policía, Alex Robelo, terminó siendo un chivo expiatorio -aunque se demostró que hirió a uno de los ocupantes de la embarcación- y tiempo después de la masacre fue liberado por falta de pruebas contundentes por el Ministerio Público.

Asimismo, hizo varios apuntes al hecho y destacan que «estas violaciones consistieron en: un uso desproporcionado de la fuerza; una completa indiferencia ante las víctimas del tiroteo, así como el bloqueo de los esfuerzos de sus familiares que intentaron rescatarlos; amenazas y agresiones físicas a los residentes locales desarmados; y daños a la propiedad y robo».

«No obstante, altos funcionarios del Gobierno de Honduras han seguido manteniendo que los agentes de seguridad dispararon en defensa propia, y han sugerido que el bote y sus pasajeros participaban en una misión de tráfico de drogas. Portavoces del Gobierno de EE.UU. han admitido la presencia de agentes estadounidenses de la DEA en la operación, pero han defendido que solo desempeñaban ‘un papel de apoyo’. Al mismo tiempo, parece que la investigación sobre el incidente por parte del Gobierno de Honduras se retrasa y tiene fallos importantes. Mientras tanto, las víctimas y sus familias languidecen sin asistencia ni justicia de ningún tipo», denunciaron ambas organizaciones en un informe divulgado en julio de 2012.

Las versiones de testigos oculares -según detallaron CEPR y Rights Action- sugieren que los agentes de EE.UU. estuvieron presentes en las diferentes fases de la operación del 11 de mayo. «La historia de uno de los testigos sugiere que un agente de EE.UU. estaba manejando un arma en la puerta en al menos uno de los helicópteros. Declaraciones de fuentes del Gobierno de EE.UU. sugieren que la DEA supervisaba directamente la operación de interceptación que causó las muertes por armas de fuego. Tanto el anterior jefe de la DEA en Honduras, Jim Kenney, como la embajadora estadounidense en Honduras, Lisa Kubiske, han afirmado en distintas conversaciones que los agentes de policía asignados a las operaciones
conjuntas antidrogas responden en la práctica directamente ante funcionarios de la DEA».

Aunque este hecho ocurrió hace ocho años y ninguno de los autores ha sido procesado -a excepción de Robelo-, ni Corrales, ni Brownfield han dado una explicación sobre el incidente y del porqué bloquearon las investigaciones.

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