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La lucha contra la corrupción y la impunidad bajo ataque

(Por Joaquín Mejía) Recientemente, la Sala de lo Constitucional resolvió que el Convenio con la MACCIH no viola la Constitución de la República, sin embargo, peligrosamente señaló que la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público quedaba en entredicho por la forma en que se crearon los juzgados anticorrupción y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECI).

De acuerdo con el Dr. Edmundo Orellana, ex Fiscal General del Estado, en el fondo de esa sentencia la Sala decidió desmantelar la estructura institucional que ha permitido que se den pequeños avances en la lucha contra la corrupción en el país. Pero esta decisión no debe verse de forma aislada porque los ataques contra la MACCIH y la UFECIC vienen de todos los frentes.

Desde el Congreso se realizó un “Pacto de impunidad” para evitar que se investigue la forma en que los diputados y diputadas manejan los subsidios; desde el poder judicial, la magistrada Alma Guzmán, nombrada para conocer el caso de la “Red de diputados”, dejó en libertad a los cinco diputados acusados de corrupción.

Desde la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos a cargo de Luis Almagro, se ha forzado la renuncia del vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, del juez internacional Daniel Urrutia y del fiscal internacional Julio Arbizú, dos personas reconocidas por su profesionalidad, capacidad y compromiso con la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Pero también desde la presidencia del Congreso Nacional, pues como lo denuncia la periodista Sandra Maribel Sánchez, la MACCIH y la UFECIC están investigando a Mauricio Oliva por el desvío de millones de lempiras y este ha presentado un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional para que detenga dicha investigación.

De acuerdo con la denuncia de la periodista Sánchez, la Sala de lo Constitucional ha decidido amparar al señor Oliva y ordenar al Ministerio Público suspender tal investigación. Estos hechos confirman lo que revela el más reciente sondeo de opinión pública del ERIC-SJ, en el sentido que el 82.8% de la población cree que los operadores de justicia protegen los intereses de los corruptos y poderosos del país.

Los corruptos han logrado debilitar a la MACCIH y con esta sentencia dan el primer paso para desmantelar a la UFECIC y poner en riesgo a los juzgados anticorrupción. También han comenzado a atacar al Consejo Nacional Anticorrupción y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Y la ciudadanía, ¿qué esperamos para defender a quienes luchan contra la corrupción y la impunidad?

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