Tuesday, Dec 10, 2019
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Las nuevas funciones de las Fuerzas Armadas

(Por Edmundo Orellana) Desde el golpe de Estado, los gobiernos se han caracterizado por ampliar las funciones de las Fuerzas Armadas.

El gobierno de Lobo tuvo la intención de crear una estructura de uniformados que comprendiera las Fuerzas Armadas y la Policía. No se avanzó en esta idea por razones desconocidas. Sin embargo, era evidente que la intención era que las Fuerzas Armadas retomasen la Policía como una fuerza más, como lo fue hasta el gobierno del ingeniero Carlos Flores.

Desde el Congreso Nacional, cuyo presidente, a la sazón, era el actual gobernante, se impulsó la iniciativa de crear la Policía Militar con funciones de orden público, es decir, una paralela de la Policía Nacional, y, simultáneamente, se promovió su depuración y se renovó el personal subordinado, pero se dejaron intactas las estrategias, las tácticas y las prácticas heredadas desde que eran parte de las Fuerzas Armadas.

Con la Policía Militar se ampliaron los espacios de las Fuerzas Armadas, cuyos límites, establecidos por la Constitución, los determinaba el concepto de defensa nacional, pudiendo, eventualmente, participar en otras actividades, entre estas cooperar con la Policía Nacional. Cooperar no significa sustituir, lo que fue ignorado con la Policía Militar del Orden Público.

Además del orden público, atribuyeron a los militares parte de la justicia penal. Su ley constitutiva establece claramente que, a propuesta del Poder Judicial y del MP, el Consejo de Defensa y Seguridad (léase “el gobernante”, pues este es el que preside ese Consejo) asigna jueces y fiscales a la PMOP y los distribuye por el territorio nacional; en otras palabras, esos jueces y fiscales quedan bajo la jerarquía del jefe militar de esta nueva policía (y, por esta vía, del gobernante), quienes tienen la función legal de acompañarla en sus misiones.

Desde entonces, las Fuerzas Armadas (y, por su medio, el gobernante) cuenta con jueces y fiscales especiales para juzgar las causas que establece la ley constitutiva de esa organización policial-militar, entre estas las que conciernen al crimen organizado. Se militarizó esta sección de la justicia penal.

También se crea un fuero especial para los elementos de ese cuerpo militar, porque la misma ley constitutiva dispone que en caso de ser imputados por delitos en el ejercicio de sus funciones, solamente podrán ser acusados y juzgados por fiscales y jueces de jurisdicción nacional, es decir, de los que se asignen a la PMOP. Y gozan de los siguientes privilegios: la defensa se financia con fondos del presupuesto nacional y, en caso de que se les decrete prisión preventiva, deben ser recluidos en establecimientos militares mientras dure el proceso. Todo queda en familia.

En este esquema el gobernante tiene un importante papel. Posee la potestad de impartir órdenes directas a la PMOP y, por este medio, a los fiscales y jueces a esta asignados, a tenor de lo preceptuado en el número 5 del artículo 7 (reformado) de la Ley de la PMOP.

Perversa estructura institucional que echa por tierra las bases republicanas del Estado hondureño y pulveriza el Estado de Derecho. A lo que se suma la decisión de transferir funciones de la SAG a las Fuerzas Armadas en ejercicio de la potestad de legislar que el Congreso Nacional concedió al gobernante en flagrante violación a la disposición constitucional, que prohíbe delegar funciones del Poder Legislativo.

En adelante las Fuerzas Armadas será responsable del “Programa del Desarrollo Agrícola de Honduras”, con una dotación de 4 mil millones de lempiras, por el cual se incrementará “la productividad y rentabilidad agrícola” y se creará una mentalidad emprendedora entre los productores, mediante el desarrollo de conocimientos, capacidades, actitudes y habilidades como elemento esencial generador de riqueza y bienestar para los mismos (cualidades que, de haber sabido que las tenían, el país se habría evitado, desde el advenimiento del régimen constitucional, tantas desgracias en la producción agrícola).

Nuestras Fuerzas Armadas distraerá recursos humanos y equipo en actividades que no son las suyas y que, por el principio de la división de funciones, competen a la Secretaría de Estado, cuya estructura, operatividad y personal están destinados exclusivamente a estos menesteres, en lugar de concentrarse en la defensa de nuestra soberanía, impidiendo que el narcotráfico siga penetrando nuestras fronteras terrestre, marítima y aérea, para disminuir el impacto del diluvio de acusaciones por narcotráfico que alcanza hasta el mismo gobierno y deforma grotescamente la imagen del país ante el mundo.

Esta decisión, de iniciativa del gobernante, no solo resulta sospechosa, sino que también reafirma su autoritarismo y exhibe, una vez más, la mansedumbre de las organizaciones políticas, económicas y sociales, porque no les importa, en estos momentos de estrechez financiera, que gran parte del presupuesto se vaya a lo desconocido. Mansedumbre que nos demanda que voceemos con fuerza y sin descanso: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

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