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«Las reformas al artículo 184 es una decisión soberana del Congreso Nacional»

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El presidente del Legislativo Mauricio Oliva reafirmó hoy que corresponde a los diputados tomar las decisiones respecto a la futura reforma al artículo 184 del Código Procesal Penal ante los cuestionamientos hechos por los críticos y opositores ya que aseguran que se busca favorecer impunidad.

“Al final del día es una decisión soberana del Congreso Nacional que no necesita más legitimización que su misma esencia, representantes directamente electos por el pueblo”, dijo Oliva y fustigó del porqué de «tanto brinco si el terreno es plano”.

Pidió a todos los actores «tener la mente abierta» ya que el hecho de que se haya introducido la propuesta de reformar el controvertido artículo «obedece a una situación puntual, hacer ese tipo de señalamientos no creo que sea convenientes».

A fin de cuentas, prosiguió, «no se trata más que de un proyecto y en este momento no se está tomando ninguna decisión”.

El tema deberá tener una opinión del Poder Judicial y de todos los actores sociales, aunque dejó claro que los diputados tienen la potestad de presentar iniciativas de ley ya que fueron electos por la sociedad.

Oliva subrayó que es momento que los jueces y operadores de justicia se les devuelva la discrecionalidad a fin que puedan dictar medidas apegadas a la ley sin que sean sujetos de persecución penal, en particular, por prevaricato que en la actualidad está contempla el catálogo de 21 delitos que no admiten libertad condicional.

De hecho, ahondó: «El tema de fondo que se plantea es devolver la discrecionalidad al juez” y aprovechó para hacer un enérgico reclamo a los defensores de DDHH que tengan un solo discurso en torno a las sugerencias hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su visita reciente al país.

Cabe recordar que el presidente de la comisión parlamentaria de DDHH, Marcos Velásquez, presentó la iniciativa a fin que se proceda a la modificación o derogatoria de los delitos que están contemplados en el referido artículo.

Velásquez expuso que no se pretende dar impunidad a los acusados por supuestos actos de corrupción ya que se implementarán otros mecanismos de control como el grillete electrónico, declaración jurada y otros para permitir el goce del derecho de la presunción de inocencia.

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