Legisladores miedosos

Desde la Secretaría del Congreso se anunció que la mayoría de los “honorables diputados”, si no todos, se negaban a formar parte de las comisiones de dictamen y de estilo, por miedo a firmar.

Ese temor viene desde que se presentaron los requerimientos por el “pacto de impunidad” y por la “fe de erratas”. Buena señal.

Porque nos indica, por una parte, que los políticos ya no están animados por la creencia de que poseen privilegios por sobre todos los demás y que, en general, los funcionarios, por miedo, tendrán que someterse a las leyes, cumpliéndolas y haciéndolas cumplir; por otra parte, que la institucionalidad operativa creada desde el establecimiento de la MACCIH, ha comenzado a cambiar, vía la UFECIC y los juzgados anticorrupción, el modus operandi del MP y del Poder Judicial, aunque su avance hacia la independencia judicial sea muy lento y la meta aún muy distante.

Lo avanzado, entonces, es un logro de la sociedad, no del gobierno. De la sociedad porque fue esta, que harta de la corrupción, se lanzó a las calles indignada, exigiendo que se instalase en el país la versión catracha de la CICIG. El gobierno, consciente del peligro que entraña un mecanismo anticorrupción impulsado por la ONU, se resistió y obligó a los empleados y correligionarios a marchar en las calles oponiéndose a los indignados, primero, y a las antorchas, después. El pueblo sin embargo, se impuso y el gobierno aceptó a regañadientes la MACCIH.

Con el transcurso del tiempo se comprobó que pueblo y gobierno tenían razón: el primero, al exigir lo que hoy es la MACCIH, y, el segundo, al oponerse; porque obra suya son la UFECIC y los juzgados anticorrupción, no del MP ni del Poder Judicial. Ese mecanismo anticorrupción diseñó las reglas del proceso de selección para el personal de esos órganos y certificó sus resultados, garantizando la independencia y capacidad profesional de quienes fueron nombrados. El resultado de este proceso está a la vista de todos.

El gran logro de esta institucionalidad operativa en el sistema de justicia es que tiene espantados a los políticos, acostumbrados a manejar el poder público a su antojo y en su provecho. Pero tiene otros, también importantes. Puso al descubierto los mecanismos de protección que tienen las élites políticas. Por ejemplo, el fuero especial de que gozan los denominados “altos funcionarios del Estado”, compuesto por tribunales ad-hoc, cuyos titulares solo pueden ser los magistrados de la Corte Suprema, nombrados por los diputados en el Congreso Nacional, es decir, que los diputados gozan del privilegio de ser juzgados por tribunales ad-hoc, cuyos titulares son escogidos en el Congreso Nacional, atendiendo criterios estrictamente político-partidistas que generan entre los nombrados y quienes los nombran una relación de agradecimiento que, luego, se traduce en un trato diferenciado e indulgente hacia los diputados que resulten sometidos a ese fuero especial con “juzgados a la medida”, como dicen algunos.

Los requerimientos presentados por la UFECIC han tenido un tratamiento visiblemente diferente, según sean conocidos por ese fuero especial o por los tribunales anticorrupción. Sin embargo, se debe reconocer que esos tribunales ad-hoc, visiblemente afectados por el escrutinio público que los compara con la forma de actuar de los juzgados anticorrupción, tienden a actuar de modo que se percibe un cambio. El comportamiento de los últimos tribunales ad-hoc dista mucho del que se tuvo en la primera instancia con el famoso caso conocido como “pacto de impunidad”.

Esta percepción de que algo cambia en el modus operandi del sistema de justicia es lo que provoca pánico entre los diputados, quienes alegan que no pueden ejercer sus funciones con libertad porque tienen miedo a ser acusados por firmar dictámenes y decretos. Llama la atención que en esa sesión se hiciera particular mención de los contratos que el Congreso aprueba. ¿Por qué la aprobación de esos contratos genera tanto temor entre los diputados?

Las personas se reprimen a sí mismas por el temor a ser sancionados por su conciencia, por el “qué dirán”, por Dios o por la ley. Que los diputados, además de temer a Dios (al menos eso dicen, y no tenemos por qué dudarlo puesto que solo en el más allá se sabe si mienten al decirlo), también le teman a la ley, es señal de que ya no serán arbitrarios y que está en proceso de gestación el temor a su conciencia y al “qué dirán”. Eso es bueno, muy bueno, porque nos aseguran de que actuarán apegados a reglas que están puestas para asegurar que la función de legislar la ejerzan en beneficio del pueblo, que los llevó a esa posición y al único que se deben.

Gracias al binomio MACCIH-UFECIC y a los juzgados anticorrupción por este milagro, largamente acariciado por el pueblo hondureño, que nos garantiza que no habrá más “pactos de impunidad”, “fe de erratas” y sabrá Dios cuántas barbaridades más.

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