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Legislativo se apresta a plantar cara a JOH al ratificar reformas a Ley de privación de dominio

TEGUCIGALPA, HONDURAS 

El Legislativo se aprestará esta semana a ratificar constitucionalmente las reformas a la Ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito, dos años después que el Ejecutivo nacionalista de Juan Orlando Hernández lo vetara a pesar de que tiene varios apartados que van en contra de la actual Constitución y tratados que firmó Honduras en el combate al narcotráfico y delincuencia organizada.

Se prevé que los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 20, 21, 24, 33, 37, 38, 41, 42, 55  y 80 de la referida ley, sean  ratificados por el Congreso con la mayoría calificada, es decir, 86 marcas, por lo que deberá ser votado por todas las bancadas, aunque ya se prevé que el Pinu se oponga a la medida.

En su momento, el Congreso (quien aprobó las reformas el 20 de marzo de 2018 y desestimadas el 4 de abril del mismo año) determinó que las reformas a la ley están orientadas al respeto del principio de presunción de inocencia, pues las medidas de aseguramiento o incautación de los bienes deberá ser una medida preventiva y no definitiva como ocurre en la actualidad, por lo que esa norma será aplicada «hasta que el acusado sea vencido en un juicio».

Cabe recordar que hay varios casos donde sospechosos de la comisión de delitos perdieron sus propiedades antes que fueran hallados culpables; además, la mayoría de los acusados habían constituido su patrimonio muchos años antes de que pudieran cometer acciones al margen de la ley, sin embargo, fueron confiscadas de acuerdo a la norma que fue autorizada por el mismo Hernández antes de dejar la titularidad del Legislativo.

Además, las sugerencias hechas por la anterior Sala Penal del Poder Judicial se efectuaron conforme a las normas vigentes, pero no fueron implementadas en su totalidad por el Congreso a fin de que el aseguramiento y quita de bienes no se convirtiera en confiscación.

De acuerdo a la resolución emanada por los exmagistrados Jacobo Cálix, Carlos David Cálix y Raúl Henríquez Interiano, señala que la actual norma legal tuvo que ser aprobada «en sintonía con el marco constitucional y legal vigente en el país, particularmente en lo referente a las disposiciones que rigen el procedimiento de enjuiciamiento criminal, para no perjudicar los derechos y garantías fundamentales que deben respetarse en todo procedimiento de carácter sancionador».

Los entonces magistrados advirtieron en su dictamen que la actual ley podría contradecir el estado de inocencia del imputado, ya que los legisladores plantearon en su momento la «presunción de ilicitud, cuando lo que se debe presumir es lo lícito; en todo caso se debería hablar de sospechas e indicios para iniciar la investigación y poder probar la procedencia de los bienes, pero no establecer a priori que la presunción de que los bienes son ilícitos».

En su momento, Oliva admitió en una comparecencia en Radio Globo que han habido excesos en la aplicación de la Ley de privación de dominio y el artículo 184 del Código Procesal Penal ya que no se midieron las consecuencias de ambas normas cuando fueron aprobadas en parlamentos anteriores.

Señaló que que al crear ambos instrumentos legales ocurrió en circunstancias extraordinarias «que obligaron al Congreso a tomar decisiones y reconocemos paladinamente que no se previeron los escenarios. Claro está que tras haber enfrentado hechos como los que ocurrieron en otros países como Colombia y ellos dieron marcha atrás a varias leyes aprobadas ya que son perfectibles».

Incluso, el exfiscal general, Edmundo Orellana, aconsejó a Hernández que no vetara tales reformas porque «no le convienen al país». El jurista comentó que al líder nacionalista «no le conviene vetar esta ley, porque la misma estaba afectando al país, esto es lo que han visto los diputados y lo ratificaron son los riesgos que se deben de asumir”.

A pesar de ello, entre los argumentos que esgrimió el jefe del Ejecutivo se encuentran que «Honduras ha tomado el ejemplo de otros países que iniciaron su lucha contra el crimen organizado transnacional, siendo uno de ellos Colombia de quien también hemos recibido observando la aplicación de estas medidas novedosas y eficientes para luchar contra este mal internacional, uno de los factores importantes y pilares de toda la normativa jurídica es la dignidad del ser humano».

Hernández, un gran admirador de la colombianización de la seguridad pública, sostiene en su argumentación que la ley que ayudó a crear «debe ser el gran orientador y pilar sobre los cuales se erige la Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilicito que debe regir toda la Ley Por ejemplo, en el Código de Extinción de Dominio de Colombia en su artículo 20 (referente a la dignidad) que la extinción de dominio tendrá como límite y fundamento el respeto a la dignidad humana».

«Es el parecer del Poder Ejecutivo que si bien la privación de dominio, al igual que las medidas de privación de la libertad en el derecho penal, constitucionales, esta no debe resolverse a través de una cláusula general, modificando la ley y despojándola de su eficacia. en la práctica judicial, este tipo de tensiones entre derechos constitucionales se deben resolver a través de reglas o fórmulas claras que afectan al operador jurídico hacer el correspondiente examen de razonabilidad o puede generar alguna tensión entre diferentes derechos proporcionalidad en cada caso concreto o realizar un ejercicio», argumentó Hernández en el veto.

Radio Globo ConfidencialHN analizaron los documentos de análisis enviados por el Poder Judicial, Procuraduría General de la República, Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas y la Defensa Pública -que conforman la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal- acerca de las reformas y si bien hay ciertas coincidencias en torno al veto de Hernández, en sus consideraciones finales indican que otros artículos como el 20, 21, 33, 37, 38, 41 y 55 de la Ley de privación de dominio y el artículo 67 de la Ley contra el lavado de activos pueden ser replanteados para que esté en sintonía con la legislación vigente.

«Estima la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, pronunciarse favorablemente en cuanto a la reforma de los artículos 20, 21, 33, 37, 38, 41 y 55 de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, que se plantean en el Decreto No. 30-2018 de fecha 20 de marzo de 2018, y el artículo 67 de la Ley contra el Lavado de Activos. A su vez, que se mantengan inalterables conforme a su redacción original los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 24, 42 y 80 de la misma Ley, ya que la implementación del articulado en mención es determinante para la eficacia, adaptación e utilización de la Ley como herramienta para el combate de la criminalidad, además de ser normas legales vigentes de irrestricto cumplimiento por parte de los funcionarios públicos que conforman el Sistema de Administración de Justicia Penal», señala la conclusión.

Pero, ¿en qué consisten estas reformas? El Congreso planteó en su momento que estas reformas dejen de tener la rigidez con la que fueron plasmadas en su momento; asimismo estas modificaciones están encaminadas a que el Ministerio Público sea quien presente la carga probatoria contra el acusado y no como ocurre en la actualidad, cuando el sospechoso debe aportar evidencias para demostrar que no está relacionado con delitos de delincuencia organizada.

Asimismo, que no haya una quita definitiva de los bienes mientras el encausado sigue el proceso y que los mismos sean devueltos en buenas condiciones en caso que sea hallado inocente de los cargos que le haya imputado el Ministerio Público a través de la carga probatoria; en caso que fuese declarado culpable, entonces, debe aplicarse la incautación, siguiendo los parámetros establecidos por normas nacionales e internacionales.

En cuanto a la incautación, el Legislativo dejó claro en la reforma que esta medida «es la prohibición temporal de una carga de la autoridad competente, para el privado de la posesión, uso o movilización de bienes, productos, instrumentos u objetos utilizados o sobre los cuales hubiere indicio que se han utilizado, en la comisión de las actividades ilícitas a que hace referencia esta Ley, o que carezcan de causa económica o legal de su procedencia. La incautación no procederá sobre aquellos bienes que constituyan el domicilio familiar y el menaje del hogar, en estos casos deberán proceder la medida precautoria de aseguramiento».

Acerca de las dudas que habían en torno a este tema, el exjefe de bancada nacionalista y vicepresidente del Congreso Mario Pérez, dijo que «únicamente se ha dejado establecido que cuando se trate del domicilio familiar, en donde viven los niños, las mujeres y los padres, no es que la casa no irá a juicio, sí irá, y se tendrá que comprobar cómo lo compró y al ser vencido en juicio lo podrán sacar de la casa; mientras eso no sea así, la familia seguirá viviendo en la casa».

Más allá de las explicaciones que dio en su momento el ocupante del palacio José Cecilio del Valle, la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal y el propio Congreso, la Constitución ya indica los procesos a seguir en caso del veto, por lo que la misma llega dos años después cuando debió efectuarse en los 10 días luego que se emitiera la objeción.

Al respecto, el artículo 215 constitucional ya indica que «todo proyecto de ley, al aprobarse por el Congreso Nacional, se pasará al Poder Ejecutivo, a más tardar dentro de (3) tres días de haber sido votado, a fin de que éste le de su sanción en su caso y lo haga promulgar como ley. La sanción de ley se hará con esta fórmula: ‘Por Tanto, Ejecútese'».

Por su parte, el artículo 216 señala que «si el Poder Ejecutivo encontrare inconvenientes para sancionar el Proyecto de Ley, lo devolverá al Congreso Nacional, dentro de (10) diez días, con esta fórmula: ‘Vuelva al Congreso’, exponiendo las razones en que se funda su desacuerdo. Si en el término expresado no lo objetare, se tendrá como sancionado y lo promulgará como ley».

«Cuando el Ejecutivo devolviere el proyecto, el Congreso Nacional lo someterá a nueva deliberación, y si fuere ratificado por (2/3) dos tercios de votos, lo pasará de nuevo al Poder Ejecutivo, con esta fórmula: ‘Ratificado Constitucionalmente’ y, éste lo publicará sin tardanza… Si el veto se fundare en que el proyecto de ley es inconstitucional, no podrá someterse a una nueva deliberación sin oír previamente a la Corte Suprema de
Justicia; ésta emitirá su dictamen en el término que el Congreso Nacional le señale», estipula el referido apartado.

Las reformas que vetó Hernández y que el Congreso tendrá la última palabra si las aprueba o imprueba, no serán de carácter retroactivo, ya que la ley indica que solo puede existir retroactividad en materia penal que benefician a los privados de libertad y, a pesar de las críticas de los actores políticos y sociales que, aparte de no ofrecer soluciones, la misma quedaría en vigencia, aunque el partido Libertad y Refundación (Libre) deberá decidir si reafirma las objeciones hechas por su enemigo político, a quien califican de narcodictador, o si apoyan lo decidido en 2018.

Es de mencionar que Libre, a través de la vocería de Jorge Cálix, indicó que no apoyarían las reformas porque, según él, «beneficiarán a los corruptos e implican un golpe a la lucha contra la corrupción».

Sin embargo, este partido de oposición tiene en su manos si hace una alianza tácita con JOH y dice sí al veto o si acuerpa las reformas que fueron elaboradas por Oliva y los demás congresistas y que han sido avaladas por diversos juristas, quienes han venido pidiendo que se realicen los cambios a fin de que se haga cumplir el Estado de derecho que fue ultrajado por el controvertido líder nacionalista.

A la fecha, ningún diputado de esta entidad política ha presentado iniciativas que ayuden a enriquecer o una nueva normativa que regule la privación de dominio a quienes están sindicados en delitos de corrupción, narcotráfico y delincuencia organizada.

Sin embargo, los antecedentes de la bancada apuntan a que podrían plegarse al orlandismo y su negativa de reformar la Ley de privación, aunque su cúpula podría dar línea o la instalación de componendas que den por ratificado constitucionalmente esta iniciativa.

En el caso del bando liberal, todos podrían unificarse para dar el visto bueno o el presidente de la autoridad partidaria Luis Zelaya daría lineamientos para declinar por la ratificación, aunque este extremo es poco probable en vista de las fuertes críticas que ha hecho al ocupante de Casa Presidencial.

A fin de cuentas Hernández no quiere contradecirse en su opinión en cuanto a las modificaciones que también avala la Comisión de Justicia Penal, por lo que podría quedar solo a última hora.

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