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Llega era digital al poder Judicial, pero persiste la dependencia e injerencia política

Por: Juan Alfaro Posadas

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) puso en vigor el martes anterior el Sistema de Expediente Judicial Electrónico, conocido por sus siglas SEJE, que permitirá la existencia de “nuevas garantías” en favor de la ciudadanía, según el titular de ese alto tribunal, Rolando Argueta Pérez.
El presidente de la CSJ dijo durante el lanzamiento de este novedoso sistema electrónico, que el mismo permitirá “impartir justicia de manera pronta y expedita”, prestando un “servicio diferente, transparente, eficaz y con una respuesta pronta y de calidad”.
Asimismo, el profesional del derecho sostuvo que con la implementación de la era digital en el poder Judicial se buscará consolidar el servicio, “la imparcialidad y la independencia al impartir justicia”.
Aplaudimos la decisión de modernizar el poder Judicial en Honduras, con recursos propios, de la Tasa de Seguridad Poblacional y de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID), para ponerlo a tono con los de otras naciones del continente americano y del mundo.
En el proyecto de digitalización del expediente judicial, en su primera etapa, se invierten unos 86 millones 600 mil lempiras, según se dijo.
Sin embargo, de qué sirve la modernización de algunos sistemas del poder Judicial, si en la práctica, no se hace honor a la diosa Temis, que con sus ojos vendados, no “vendidos, y con la balanza en sus manos, en señal de imparcialidad, imparte justicia dándole a cada quien lo suyo, a cada quien lo que le pertenece o corresponde.
Lo que perdura en el poder Judicial es el tráfico de influencias, soborno, compadrazgo político, afinidad con los sectores poderosos y el favoritismo por determinadas causas, pero no la justicia, que debe ser pronta, transparente, efectiva, gratuita, administrada por jueces y magistrados probos e independientes que dicten resoluciones y sentencias a nombre del Estado de Honduras.
Los fallos, casi siempre, están signados por motivaciones políticas y económicas, dando lugar a la condena y encarcelamiento de personas inocentes y a la absolución de quienes sí han cometido diversos delitos en contra de la salud, de la hacienda pública o en perjuicio de particulares.
En ese sentido, vemos como las cárceles están abarrotadas de ciudadanos inocentes, descalzos y empobrecidos, mientras en las calles, en la campiña del país o fuera de nuestras fronteras, los grandes delincuentes disfrutan de los millones de lempiras o dólares que se han robado.
Otros, además de navegar en la impunidad con bandera de honestos, ocupan importantes cargos públicos desde donde siguen amasando grandes fortunas, y burlándose de las grandes mayorías, a quienes han despojado de oportunidades de progreso y desarrollo.
Podemos enumerar escándalos de corrupción como los “pandoros”, que se alzaron con 283 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y el robo y fraude de 48 millones de dólares con la compra de siete hospitales móviles basura, que siguen sin operar.
Asimismo, el desfalco de 28 millones de lempiras en la Alcaldía del Municipio del Distrito Central (AMDC), donde se señala como responsable a su titular Juan Nasry Asfura Zablah (candidato presidencial nacionalista) y a la regidora Nilvia Castillo; la aprobación de 230 millones de dólares dizque para los damnificados de las tormentas tropicales “Eta” e “Iota”, y otros sonados casos, que sería tedioso enumerar en este comentario.
Mientras el poder Judicial no goce de autonomía e independencia, difícilmente podrá reivindicarse con la sociedad, porque arrastra una abultada deuda desde que nació a la vida institucional del país.
Este poder del Estado siempre ha sido manipulado por los partidos Liberal y Nacional, y los militares, cuando han detentado los destinos de la nación.
El poder Judicial siempre ha andado de capa caída, pero hoy más que nunca es notoria su dependencia del Ejecutivo, que rectora Juan Orlando Hernández Alvarado, y que a su vez dicta pautas al Legislativo y a los responsables de las demás entidades que conforman el Estado de Honduras.
Sumado a todos esos lastres ancestrales, los quince magistrados de la presente Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueron “elegidos” por el Congreso Nacional a la medida del señor Hernández Alvarado.
Para conformar esa CSJ se tuvo que sobornar con nueve millones de lempiras a cada uno de los diputados que prestaron su voto, incluyendo parlamentarios nacionalistas, liberales, de la Democracia Cristiana, Unificación Democrática y del Partido Libertad y Refundación (LIBRE).
Es la Corte más cara para el pueblo hondureño a lo largo de su existencia, comenzando por su conformación y concluyendo con sus actuaciones al margen de la ley.
Muchos magistrados, jueces, secretarios, escribientes, receptores y otro tipo de funcionarios judiciales son una vergüenza para el país y el pueblo hondureño, por sus actuaciones reñidas con la Constitución y las leyes.
Particularmente, en las últimas horas se ha denunciado por actos de corrupción a la jueza de Letras Seccional de Choloma, Cortés, Gloria María Medina Soto, quien tiene en su haber más de treinta cuestionamientos.
Solamente en el Ministerio Público se le ha denunciado veinticuatro veces, pero cuenta con el apoyo del presidente de la CSJ, Rolando Argueta Pérez, de autoridades del Partido Nacional, y seguramente de Hernández Alvarado, que está detrás de las decisiones que se toman en los órganos responsables de administrar justicia en el país.
En conclusión, necesitamos una limpieza o profilaxis profunda en el poder Judicial, para enderezar el rumbo de esa institución. De no hacerse ese saneamiento, la justicia seguirá desprestigiada, dando tumbos, y favoreciendo a los poderosos de siempre, en perjuicio del país y de la sociedad en su conjunto

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