HomeExclusivasLo último: Ministerio Público exige a exsecretario de Seguridad informes de policías mafiosos

Lo último: Ministerio Público exige a exsecretario de Seguridad informes de policías mafiosos

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El Ministerio Público ha pedido al exsecretario de Seguridad Arturo Corrales que entregue todos los expedientes de policías de escala básica y oficiales activos o retirados que tengan presuntos vínculos con la delincuencia y criminalidad organizada.

Una fuente de extrema confianza confirmó a este periódico acerca de la petición hecha recientemente por el organismo acusador del Estado al otrora responsable de la política de seguridad, quien tiene en su poder documentación que compromete a agentes, oficiales y cúpula que estarían sindicados en hechos que atentan contra la sociedad.

En el Ministerio Público, reveló la fuente, se han quejado porque la mayoría de los expedientes que ha enviado la junta que realiza la purga a gran escala en el organismo de seguridad se basan en recortes de periódicos e informes que no acreditan fuentes ni responsables de quiénes lo elaboraron.

Ante este malestar, el operador de justicia se ha visto en la obligación en pedir a Corrales toda la información para poder investigar y dar con los agentes y oficiales de Policía vinculados al crimen.

Para demostrar científicamente la relación de los servidores con la delincuencia organizada, el Ministerio Público ha procedido a apropiarse o secuestrar información de algunas dependencias de la secretaría de Seguridad, entre ellas la Dirección General de Servicios Especiales de Investigación (DGSEI).

Asimismo, ha secuestrado voluminosos expedientes de la autónoma Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).

En caso que el exfuncionario no dé los expedientes e información clave a la que accedió mientras fue secretario de Seguridad, procederán legalmente a fin de presionarlo para que cumpla con el ultimátum establecido por el Ministerio Público.

Corrales tiene en su poder expedientes, pruebas documentales e investigaciones que comprometen a tres comisionados generales y varios subcomisionados, 29 casos de enriquecimiento ilícito de oficiales y agentes y otros que se han mantenido en secretividad.

ConfidencialHN supo de primera mano que, según investigaciones, no se ha podido comprobar la participación de la oficialidad policial en los denominados “crímenes de alto impacto”.

En cambio, se ha demostrado que agentes de la escala básica sí estuvieron involucrados en esta clase de asesinatos, entre ellos, la ejecución del analista de seguridad y asesor antidrogas, Alfredo Landaverde, ocurrido en diciembre de 2011, y del exfuncionario antidrogas Julián Arístides González, ultimado en diciembre de 2009.

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