¿Los dejaremos solos?

(Por Edmundo Orellana)

La percepción es que en la lucha contra la corrupción solo están directamente involucrados, en el sistema de justicia, el binomio MACCIH-UFECIC y el circuito judicial anticorrupción recién creado, que comprende juzgados y cortes de apelaciones.

Sin embargo, existen otros órganos dentro del MP dedicados a este menester. La original “fiscalía contra la corrupción”, ahora denominada “Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública” (FETCCOP), y la “Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia” (FEEFS-SJ), organismos que también se benefician, directa o indirectamente, de la presencia de la MACCIH y de los organismos creados a instancia de esta.

El combate a la corrupción no es fácil porque supone enfrentarse a la actitud de superioridad que se genera con la asunción al cargo y a la creencia generalizada de que al ejercicio de la función pública debe sacársele provecho. Esta combinación forma un cóctel de una potencia extremadamente destructiva para los intereses públicos, que, generalmente, son desviados para incrementar patrimonios particulares.

Con el paso del tiempo, el burócrata, político y no político, que sabe que el ejercicio de la función pública no es supervisada ni controlada o no lo es debidamente, encuentra maneras de aprovecharse de los recursos públicos sin que nadie se entere. En estas condiciones, es imposible que, en el devenir de su vida burocrática, no establezca vínculos que le permitan participar en lucrativos negociados, en los que intervienen una multiforme categoría de funcionarios, entre los que se mezclan los superiores, los supervisores, internos y externos, los pares y los subordinados, incluyendo a los proveedores. Así se forman las redes de corrupción.

La formación de estas redes sería imposible sin la participación de quienes tienen amplios conocimientos de los mecanismos del ejercicio de la función pública y de los controles sobre el ejercicio de esta. Pero cuando en estas redes participan los altos niveles de la jerarquía, nos encontramos con los políticos, es decir, con los que acceden a los cargos de poder político, desde los cuales se pueden tomar decisiones de importancia generadoras de pingües ganancias, que, en poco tiempo, los puede convertir en potentados.

Con la participación de estos políticos, altos funcionarios del Estado, la lucha contra esas disfunciones se complica en grado extremo, porque, siendo que las redes de corrupción se expanden hasta comprender la totalidad del Estado, desarrollan un espíritu de cuerpo, entre quienes participan en estas redes -que comprenden todos los niveles de la jerarquía burocrática y política- que se manifiesta en la construcción de impenetrables barreras de protección para evitar que los alcance la justicia, puesto que saben que si uno es alcanzado por esta, probablemente caen los demás.

La lucha es, ciertamente, cuesta arriba y desigual. Porque el Estado, capturado por esas redes, activa sus mecanismos de poder e induce, por todos los medios posibles, a los poderes del sector privado, especialmente a los medios de comunicación, a obstaculizar esa lucha o atacar directamente los órganos competentes para ello.

Por eso, se mezquinan recursos a esos órganos para el desempeño de sus funciones, se hostiga a su personal o se les expone a riesgos personales, con la esperanza de que abandonen la lucha. Cuando estas tácticas fallan emiten leyes, dictan sentencias, desacreditan públicamente a los que en esos órganos trabajan, y, en casos extremos, atentan contra estos.

Esa es la etapa en que se encuentra esta lucha. Las redes de corrupción están a punto de ganar la batalla porque la MACCIH está amenazada seriamente. Su futuro es incierto. O termina su misión con el vencimiento del plazo de vigencia de su convenio constitutivo, o bien se reduce su importancia a la mínima expresión, con lo que peligra la institucionalidad operativa creada a iniciativa suya, la UFECIC y los tribunales anticorrupción, afectando al resto de organismos del MP de competencias similares.

Ningún esfuerzo escatiman quienes pretenden que se vaya la MACCIH. Por eso, se sospecha que, en Washington, se está haciendo lobby (que no es barato) con ese fin.

¿Y nosotros? ¿Qué estamos haciendo para evitarlo? ¿Los dejaremos solos? Urge que las antorchas vuelvan a encenderse y que la indignación popular se haga sentir para evitar que las redes de corrupción sigan gozando de la protección del sistema de impunidad, desafiado frontalmente por el binomio MACCIH-UFECIC y los tribunales anticorrupción. Es lo menos que podemos hacer.

¿Y usted, distinguido lector, qué hará?

Related

JOIN THE DISCUSSION