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Los nombres sangrientos

(Por Joaquín Mejía) El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. Por tanto, cuando no es respetado, todos los demás derechos carecen de sentido.

Es obligación del Estado garantizar que todas las personas se encuentren al amparo de la ley sin temor a la discriminación ni a las represalias, gocen de libertad de opinión, de culto y de asociación, y se sientan libres del temor, de manera que la violencia no destruya su existencia y sus medios de vida.

Se trata pues, de un derecho que forma parte de un núcleo inderogable, es decir, que no puede ser suspendido en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados.

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los asesinatos cometidos en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil constituyen crímenes de lesa humanidad. Las muertes documentadas por la Coalición contra la Impunidad y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el marco de la crisis electoral, son un ejemplo de ello.

Cuando existe un patrón de asesinatos tolerados e impulsados por el Estado, éste es responsable internacionalmente por haber generado un clima incompatible con una efectiva protección del derecho a la vida. Pero también hay responsabilidades individuales que tarde o temprano tendrán que determinarse.

Tal es el caso de los superiores civiles, policiales y militares, cuya responsabilidad se extiende a los crímenes cometidos por fuerzas bajo su mando o autoridad y control efectivo. Por ello, es importante que señalemos insistentemente a quienes deben ser juzgados por los crímenes documentados en los informes citados.

General Fredy Santiago Díaz Zelaya, Secretario de Defensa Nacional; General Julián Pacheco Tinoco, Secretario de Seguridad; General de Brigada René Orlando Ponce Fonseca, Jefe del Estado Mayor Conjunto; General de División Francisco Isaías Álvarez Urbina, ex Jefe del Estado Mayor Conjunto.

Comisionado de Policía Félix Villanueva Mejía, Director General de la Policía Nacional; Comisionado de Policía José David Aguilar Morán, Director General de la Policía Nacional; y Coronel Óscar Reyes Paz, Jefe de la Policía Militar de Orden Público.

Estos nombres están escritos con sangre y sufrimiento de las víctimas. No podemos olvidarlos jamás hasta que la justicia los alcance y los condene al estercolero de la historia democrática del país.

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