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MACCIH confirma en análisis denuncias por megafraude al IHSS

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Sobrevaloraciones en los contratos, traspaso ilegal de capitales de los fondos pertenecientes a los trabajadores, complejas redes de sustracción de capitales y una incuantificable cantidad de delitos ha detectado la MACCIH en la megatrama de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Un análisis elaborado por la división anticorrupción de la MACCIH, realizó una suerte de radiografía orientada a explicar qué ocurrió durante la administración del exdirector del IHSS, Mario Zelaya,  en la que se hallaron excesivas irregularidades, la partidización de las decisiones que se tomaron durante ese periodo.

Un cruce de información entre el amplio informe que realizó la Misión Anticorrupción de la OEA para Honduras e investigaciones efectuadas por este periódico, coincide en más del 90 por ciento todos los datos que han sido plasmados por el organismo internacional.

Y es que este caso de corrupción se convirtió en la punta del iceberg de las ilegalidades cometidas, al menos, durante los dos gobiernos, ya que sus funcionarios, excolaboradores y personas que guardan prisión en las cárceles participaron en el descarado robo de capitales, cuya estimación preliminar supera los siete mil millones de lempiras.

ROBO DE ALTOS QUILATES. Por ejemplo, la cúpula jefeada por Zelaya excluyó de las decisiones a los representantes de las centrales obreras, como el traslado de unos mil 200 millones de lempiras asignados al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) al fondo de Maternidad y Enfermedad del IHSS, que fue rechazado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ya que transgredía el Código Civil y la ley que rige a la entidad de seguridad social.

De hecho, “no tuvieron acceso oportunamente a la opinión de la CNBS, señalando que esta resolución fue conocida exclusivamente por el entonces director Mario Zelaya y discreparon de la naturaleza jurídica de la trasferencia de un régimen a otro, ya que, según sus observaciones, lo que se produjo fue un contrato de préstamo, que no transmite la propiedad dominical (o sea, de su propiedad) y crea la obligación de devolver las cantidades que se reciben bajo este título”.

Por tanto, en las determinaciones que realizó Mario Zelaya  -condenado por varios actos de corrupción- fueron apegadas a lealtades políticas, por lo que desvió los objetivos que debió cumplir mientras presidió el IHSS entre 2010 y 2013.

“A juzgar por los informes de la Comisión Interventora, no solamente se vieron reflejadas las debilidades técnicas de la máxima autoridad del IHSS, la Junta Directiva, en materia de supervisión a la Dirección, sino también el desconocimiento de la opinión de un ente especializado y la infracción de la propia legislación del Instituto”, en cuanto a la transferencia de fondos.

En consecuencia “revela las deficiencias de las unidades de control y auditoría, con relación a los contratos y licitaciones en el IHSS y la falla de los mecanismos externos de control”. Para el caso, quienes participaron en los procesos de formulación de las licitaciones, no tomaron en cuenta el alto déficit que presentaba la institución cuando se mandó al Congreso Nacional el contrato con la empresa Distribuidora Metropolitana, S.A. (Dimesa)  que le costó a los hondureños unos 95 millones de dólares.

EL CONTRATO DE LA DISCORDIA. “La Junta Directiva aprobó el contrato con DIMESA, a pesar que este mismo órgano era consciente de la situación financiera del Instituto, que contaba con un déficit de 700 millones de lempiras, reconociendo que ese contrato podría debilitar aún más las finanzas de la institución. A pesar de no contar con el sustento financiero necesario, el contrato fue enviado al Congreso Nacional para su ratificación, según lo manda la Ley de Contratación del Estado (art. 13), indicando que sería financiado con fondos propios del IHSS, constituyendo un fideicomiso de garantía en el Banco Central de Honduras (BCH)”, establece el análisis.

Este contrato tuvo que ser ampliado en unos 23.6 millones de dólares  para completar equipo biomédico que no fue incluido al inicio de la licitación.

En ningún momento hubo una investigación sobre el costo del equipo médico quirúrgico y jamás se priorizaron las necesidades que padecía el IHSS; la obligación de Zelaya fue de ordenar una revisión y comparación de los precios que fueron planteados en el contrato suscrito con la empresa. En otras palabras, hubo una sobrevaloración de mil 197 millones 623 mil 258 lempiras o unos 62 millones de dólares.

En su momento, el Ministerio Público judicializó este caso “tras encontrarse una serie de irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato de compra, reparación y mantenimiento de equipo biomédico con Distribuidora Metropolitana S.A de C.V. por un importe de  118 millones 912 mil 928 dólares con 34 centavos, equivalente a  dos mil 455 millones 052 mil 535 lempiras con 92 centavos” y todos los involucrados en la trama, incluyendo al propietario de la empresa, Schucry Kafie y su apoderado Juan Alberto Madrid Casaca.

Kafie acudió en noviembre de 2016 a una audiencia en la que sus defensores pidieron una readecuación sobre la pericia al contrato, del cual se pagó 61 millones de dólares. Al cierre de este artículo, no ha habido avances en torno al juicio que pende contra el empresario.

Se debe mencionar que el contrato de Dimesa pasó por el Legislativo y fue enviado por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

FRACASO INFORMÁTICO. Otro de los casos analizados por la MACCIH, de acuerdo al documento que fue revisado por este periódico, fue el Sistema Informático de Solución Integral de Administración Hospitalaria, Gestión del Paciente y Gestión Clínica del IHSS (Mofihss).

En teoría, el Mofihss  debió agilizar todos los trámites administrativos, financieros y contables, al igual que en la atención a derechohabientes y otros; no obstante, tampoco cumplió con las exigencias de la Ley de Contratación del Estado, ya que se aprobó como consultoría y generó una sobrevaloración superior a los 450 millones de lempiras, según estimaciones.

Cabe recordar que el 27 de septiembre de 2011, la directiva anterior del IHSS firmó contrato con la empresa Sistemas Abiertos, S.A. de C.V. y a pesar que la consultoría finalizó en octubre de 2013, el sistema Mofihss nunca pudo trabajar de forma eficiente, según investigaciones.

AMBULANCIAS FRAUDULENTAS. Asimismo, se reafirma la  adquisición fraudulenta de 10 ambulancias a la compañía  Tecnología Médica Avanzada (Tecma).

“Para consumar esta irregularidad, se aprovechó una declaratoria de emergencia y ampliación presupuestaria para que el Instituto pudiera efectuar la contratación directa en la compra, reparación y habilitación de equipo”, por lo que reafirma las denuncias que realizó en 2013 Radio Globo sobre tales anomalías.

Según el informe presentado por la MACCIH, la junta interventora del IHSS “constató que las ambulancias compradas no tenían los requerimientos mínimos establecidos en las propias especificaciones técnicas aprobadas por la Gerencia Administrativa y Financiera del IHSS; que el contrato fue asignado a una compañía sin experiencia en la venta de este tipo de vehículos y cuya oferta era superada en precio y calidad por otras; y que, aunque se trataba de una “emergencia” el equipo fue  entregado un año después, habiendo en el mercado ambulancias ya montadas y equipadas de fábrica”.

Ante la turbiedad con la que manejó la directiva del IHSS varios contratos, incluyendo las ambulancias, “resulta importante resaltar que la resolución que aprobó las compras de emergencia no contemplaba la adquisición de ambulancias».

MACCIH APUNTA A LOS TETOS. Además, se debe mencionar la consultoría para la automatización del sistema de archivos de las cuentas individuales de los afiliados, otorgado a la Compañía de Servicios Múltiples (COSEM), dirigida por Óscar Laínez y Jorge Herrera,  los Tetos, quienes siguen en libertad a pesar de las evidencias en su contra.

“En primer término, los interventores detectaron una serie de infracciones legales en el contrato de consultoría y su addendum, incluyendo el hecho que su valor excedía en 80% lo presupuestado para este rubro”.

“En segundo lugar, el contrato fue sobrevalorado pues la compañía terminó procesando menos documentos que los que el diagnostico original había planteado, debido a que no se estipuló un costo unitario, sino uno alzado. En tercer lugar, no se cumplieron los plazos de entrega e implementación de los diferentes módulos informáticos, ya que a la fecha del primer informe de los interventores sólo se había depurado un 40% del total de documentos; sin embargo, se había pagado casi la totalidad del precio del contrato”, reza el informe.

Fue precisamente de esta transacción que emanaron los pagos indebidos al director y a dos miembros de la Junta Directiva (los representantes de las secretarías de Trabajo y Salud) y que pasó a ser judicializado como el caso “coimas”, que tiene en la cárcel a Javier Pastor y Carlos Montes.

COMPLEJO DRENADO DE DINERO. Sobre la constitución de empresas de fachada o “maletín” para la defraudación del IHSS, fue creada por familiares, testaferros y personas del entorno del director, gerente financiero y del jefe de compras y suministros del IHSS, pues fueron utilizados para la adquisición de bienes inmuebles, joyas, muebles, vehículos blindados y de lujo, viajes privados y vestuario, entre otros.

A juicio de la MACCIH, esta red mafiosa operó mediante la constitución de empresas empresas presuntamente dedicadas a la prestación de servicios y suministros de salud y otorgarles contratos desde el IHSS. «Se determinó que la cantidad defraudada, al momento de la presentación del requerimiento fiscal, ascendía a 284 millones 674 mil 476 lempiras con 98 centavos. En la trama corrupta también participaron las empresas Sumimed, Copromed e Impromed.

También participaron otras empresas de fachada como Inversiones Sarmiento Peraza, Suministros Ad-Astra y Corporación JM. «El pago a estas empresas provino, en última instancia, de las transferencias del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte al fondo de Enfermedad y Maternidad».

MOVIMIENTOS DE CAPITALES. Entre los hallazgos hechos por las autoridades, se pudo determinar que la directiva del IHSS autorizó a la dirección ejecutiva gestionar un préstamo puente en la banca privada de hasta hasta por 327 millones de lempiras, por lo que este préstamo sería destinado a pagar las deudas existentes del Seguro Social y sería saldado de los recursos provenientes del préstamo del régimen de Vejez y Muerte y Enfermedad y Maternidad.

Sin contar con el soporte financiero, se pagó a proveedores unos 681 millones de lempiras «únicamente con la autorización del Director Ejecutivo, quien era el que tenía firma autorizada en todos los bancos. En el detalle de pagos realizados y no documentados, según registros contables al 31 de diciembre de 2013, se encuentra que gran parte de esos pagos se realizaron, precisamente, a las empresas de fachada.

La MACCIH reafirma que en la orquestada red de corrupción, «los actores principales de la trama del Seguro Social actuaron con un plan concebido cuidadosamente; y por otro lado, que fallaron todos los controles que debieron haber detectado la capacidad de las empresas para suministrar servicios y materiales al IHSS, el seguimiento a las declaraciones juradas de bienes que se presentan anualmente ante el TSC y los mecanismos que informan sobre transacciones de gran envergadura en la banca».

Sobre la compra y manejo de medicamentos, se determinó en las investigaciones hechas por el Ministerio Público que encontraron medicamentos vencidos en los almacenes del IHSS y cuya responsabilidad abarca varias administraciones.

LICITACIONES FRACASADAS. Con relación a las licitaciones que realizó la actual directiva del IHSS, la MACCIH pormenorizó entre enero de 2015 y enero de 2016, el 17 por ciento de las licitaciones fracasaron y el dos por ciento resultaron desiertas, es decir, sin oferentes.

Muy temprano en su gestión, la Comisión Interventora del IHSS constituyó un fideicomiso con el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), «lo que permitió pagar a proveedores con los que se tenían cuentas pendientes por medicamentos, servicios subrogados e incapacidades».

No obstante, una investigación que realizó ConfidencialHN pudo demostrar cómo la  megatrama de corrupción en la oficina pública no sólo abarcó el desvergonzado saqueo de recursos, sino favores otorgados por la junta directiva y comisión interventora ya que se dieron cuantiosos beneficios a instituciones financieras.

De hecho, para poder “tapar” el hueco dejado por el colosal acto ilícito, se llegó al extremo de comprometer por varios años las aportaciones de los derechohabientes y patronos al pedir préstamos a la banca estatal, por lo que se abrieron fideicomisos y líneas de crédito con Banhprovi hasta por 12 mil millones de lempiras.

En este análisis que realizó este periódico con la documentación certificada por la Junta Interventora que preside Vilma Morales, señala que el megafraude contra el IHSS ha proseguido, esta vez, de manera más asolapada e institucionalizada ya que corrieron a solicitarlo, pues atraviesa una crisis institucional sin precedentes.

De hecho, hay dos transferencias efectuadas por el IHSS a través del departamento de pagos del Banco Central de Honduras (BCH), por un total de mil 140 millones de lempiras, procedentes de los fondos de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), cuyo destino fue Banhprovi.

IMCOMPETENCIA DEL TSC. Un factor que llama la atención en varios de estos casos es la falta de efectividad del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

«En lo que respecta al TSC, el Informe de Auditoría al Proceso de Contratación No. 11/2013- DSP, remitido al Director del IHSS el 27 de septiembre de 2013, describe serias irregularidades en la adquisición del MOFIHSS, un proceso que se había producido dos años antes y que fue denunciado 6 meses previos a su emisión

Se alegó cuestiones competencia y atribuciones, «pero es claro que el IHSS se encontraba entre las instituciones supervisadas por estos entes contralores y fiscalizadores (TSC, CNBS y la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social) y que ninguna de estas instituciones de supervisión emitió las alarmas correspondientes sobre lo que estaba sucediendo o si lo hizo no actuó con la suficiente decisión ni la rapidez que los casos ameritaban».

RECOMENDACIONES DE LA MACCIH. 1. Entre las recomendaciones que brinda la MACCIH, se encuentran la revisión de las atribuciones del nuevo Consejo de Seguridad Social, como órgano estratégico y vigilante de las acciones que se impulsarán desde la administración del nuevo sistema; otorgar la condición de funcionarios
públicos a sus miembros; y, establecer expresamente que uno de los planes y políticas que deberá aprobar será el de integridad y ética para los funcionarios y empleados.

Además, que los  jubilados y pensionados del Seguro Social deberían participar con voz y voto en el Consejo de Seguridad Social, así como la organización de los afiliados para que exijan rendición de cuentas; que el directorio de especialistas del IHSS sean los responsables del manejo de las inversiones y que representen a todos los segmentos.

También, «deben resguardarse muy especialmente los recursos provenientes de cotizaciones obligatorias, considerados en la legislación comparada como fondos parafiscales, y por tanto de naturaleza social y pública, estableciendo prohibiciones muy claras en cuanto a su transferencia al sector privado y a su colocación
en inversiones de riesgo».

«Deben cerrarse las posibilidades de transferencias de un régimen de previsión a otro. Las inversiones deben ceñirse a lo que establece la normativa y resoluciones de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) y a las necesidades establecidas previamente en un plan de inversiones», recomienda.

Asimismo, plantea en las recomendaciones el fortalecimiento de los controles internos, eficientar los procesos de contratación, crear una carrera administrativa de los empleados y funcionarios del IHSS; que los prestadores de servicios de salud no tengan negocios colaterales.

Por último, conviene la aprobación simultánea de la Ley del Seguro Social, la Ley del Sistema Nacional de Salud y la Ley de Administración de Fondos de Pensiones y Cesantías.

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