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MACCIH exige derogación total de Ley de Secretos

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras MACCIH  demandó hoy que la Ley de Secretos debe modificarse para garantizar a la población el derecho de información sin poner en riesgo los intereses legítimos de defensa y seguridad en Honduras.

Según el informe presentado por los delegados de la OEA, la legislación está obligada a dejar claro que las excepciones al acceso, deben  fundamentarse “en un riesgo claro, probable y específico de un daño significativo a la seguridad pública, la defensa nacional, las relaciones internacionales o la investigación y persecución de delitos”.

Ante las posturas del ala “conservadora”, que intenta mantener la ley en vigor sin cambios, o hasta la posición más “radical” que ordena derogarla, el informe presentado por la misión específica que  es necesario presentar ante el Congreso Nacional  la propuesta que permita garantizarle a los ciudadanos que puedan saber cómo se distribuyen los fondos del Estado.

“El Dialogo que propone la MACCIH sobre temas de transparencia y acceso a la información debe fijarse también una agenda de mediano plazo, la cual debería incluir, entre otros asuntos: la aprobación de la Ley de Archivos; la publicidad y transparencia de los registros mercantiles, así como de los fideicomisos constituidos parcial o totalmente con fondos públicos y las alianzas público-privadas”.

De igual forma entre las propuestas detalladas en el informe se enumera el establecimiento de una Comisión de Inteligencia del Congreso Nacional, con facultades de control parlamentario sobre las actividades del Ejecutivo en esta materia; el fortalecimiento de la Comisión de Transparencia del Congreso Nacional y; la revisión de las sanciones administrativas o penales por actuar deliberadamente con intención de destruir o alterar documentos una vez que hayan sido objeto de una solicitud de información.

Cabe mencionar que en el quinto reporte presentado, la misión anticorrupción dejó claro que el parlamento debe revisar las leyes que declaran la reserva de información en determinados sectores de la administración pública y cesar, en adelante, este tipo de autorizaciones legislativas; de lo contrario, advirtieron del riesgo que cada institución interprete estas disposiciones “según su conveniencia”, y se salte el procedimiento de clasificación.

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